Una resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, da cuenta de un procedimiento promovido por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), para asignar otro piso de alquiler a la familia adjudicataria de una de sus VPO, como consecuencia primero de los “insultos” y coacciones de dos familias vecinas también adjudicatarias de Emvisesa, y después por las “represalias y amenazas” procedentes de los parientes de estas últimas personas.
En su resolución, recogida por Europa Press, el departamento de Maeztu trata el caso de una familia adjudicataria de una VPO de Emvisesa en régimen de alquiler y con cuatro hijos menores de edad a su cargo. Los miembros de esta familia, según dicho documento, sufrían una situación “insoportable” porque otras dos familias que residían en la planta superior a su domicilio “no dejaban de insultarles y decir que se fueran”.
Después de que la Oficina del Defensor del Pueblo Andçaluz solicitase información del caso a Emvisesa, la empresa municipal informaba de que merced a las denuncias de esta familia había activado su “protocolo de convivencia para las viviendas cedidas en alquiler”.
Fruto de dicho protocolo y las acciones acometidas por Emvisesa, una de las familias autoras de los “insultos” contra estas personas habría acabado renunciando a la VPO de alquiler adjudicada y habría entregado las llaves de la misma, mientras la otra habría dejado también el piso, si bien quedaba pendiente la formalización de la rescisión del contrato de arrendamiento.