Agustín Martínez, abogado de cuatro de los cinco miembros de ‘La Manada’ condenados a nueve años de prisión por la Audiencia de Navarra por un delito de abuso sexual con prevalimiento contra una joven en los Sanfermines de 2016, ha señalado este viernes que “si alguno de sus clientes entra en la Comunidad de Madrid habrá incumplido el auto” que acuerda su libertad provisional “y se habrá quedado sin abogado, si alguno confundo el martes con el miércoles -uno de los tres días en los que tienen que acudir al juzgado a firmar cada semana-, habrá incumplido el auto y quedado sin abogado”.
Así se ha manifestado Martínez en declaraciones a Televisión Española, recogidas por Europa Press, después de que este jueves se conociera que el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, quinto miembro de ‘La Manada’ y al que no representa procesalmente, había acudido a dependencias policiales para intentar renovar su pasaporte, según informó la Policía Nacional en un tuit.
En este sentido, Martínez ha aclarado que a sus clientes “no les afecta”, pues la libertad provisional es “personal e intransferible”. No obstante, ha subrayado que “lo primero que hizo” tras la puesta en libertad de sus cuatro representados fue “sentarme con ellos y explicarle los límites que había establecido el tribunal en el auto de libertad y por varias veces para que les quedara claro”.
En concreto, los miembros de ‘La Manada’ tienen como obligación comparecer todos los lunes, miércoles y viernes ante el juzgado de guardia de su residencia, por el momento Sevilla, y cuantas veces fueren llamados por la Audiencia de Navarra, así como comunicar cualquier cambio de domicilio o teléfono.
Además de la fianza de 6.000 euros, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra dictó varias medidas cautelares para los cinco acusados, entre ellas, designar un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en tales domicilios de inmediato se expedirá la correspondiente requisitoria.
También se fijó para ellos la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, con obligación de hacer entrega del pasaporte de que disponga ante el tribunal dentro de los cuatro días siguientes a su puesta en libertad, así como la prohibición de obtenerlo en el futuro. De la misma manera, les impuso la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid y la prohibición de comunicación con la víctima.
Con respecto a la actuación de Guerrero, quien, según su abogado, fue a comisaría a informarse sobre el estado de su pasaporte, que tendría caducado, para ver cómo actuar ante el juzgado, Agustín Martínez ha señalado que “quizás por un exceso de celo y por dar una solución, ha surgido este malentendido”.
Martínez ha indicado que el guardia civil condenado “trató de pedir información, presentándose con el auto en comisaría para explicar sus circunstancias”. “Parece obvio que si te presentas con el auto en la Policía, ha ido realmente a preguntar cómo puede resolver su situación”, ha añadido.