Aznalcóllar y toda su comarca tienen puestas sus esperanzas en la reapertura de la mina. Sus vecinos sueñan con los más de mil empleos que esta explotación puede generar cuando esté a pleno rendimiento.
La historia más reciente de este municipio minero es trágica. El 25 de abril de 1998 ocurrió el desastre medioambiental más grave que ha sufrido España: la rotura de la balsa con lodos tóxicos de la mina de Boliden, que derramó seis hectómetros de lodos contaminados y aguas ácidas a la cuenca del Guadiamar y que llegaron hasta Doñana. A partir de esa fecha la economía de la zona empezó a hundirse. Boliden inició el chorreo de despidos en su explotación hasta que ésta se cerró de forma definitiva en 2002. En estos cuatro año se perdieron más de mil empleos entre directos e indirectos, lo que provocó que este municipio llegase a tener una de las tasas de paro más altas de España y que su economía sufriese un duro revés.
Ahora, sin embargo, sus vecinos están esperanzados, según asegura el que fuese portavoz de los mineros de Boliden y actual alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (IU). Afirma que en su pueblo sigue habiendo muchas necesidades, pero dice con satisfacción que la situación está mejorando poco a poco con la llegada de nuevas empresas que han permitido que el paro haya pasado del 34 al 29 por ciento. Reconoce que todavía queda mucho camino por andar y ahora todas sus ilusiones están puestas en la reapertura de la mina. Comenta que a pesar de todos los problemas que se han producido con su adjudicación se está avanzando. Confía en que para finales de año o para 2018 la mina ya esté en funcionamiento, lo que permitiría generar un millar de empleos directos, puestos de trabajo que muchos de ellos serán ocupados por vecinos de Aznalcóllar y de la comarca.
Pero el camino para la reapertura de la mina no está siendo sencillo. La Junta de Andalucía el 20 de febrero de 2015 adjudicó la concesión a la entidad Minorbis-Grupo México, una decisión que fue recurrida por la otra empresa finalista del concurso, Emérita Resources. Esta empresa solicitó la suspensión del acto administrativo, que lo calificó de «lamentable» y tachó de «parodia de transparencia» tal y como se realizó el proceso.
Ante esta situación, el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla abrió diligencias por esta adjudicación y ordenó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) que indagase los hechos para conocer si en el proceso se había podido cometer algún tipo de delito.
La acción de la Junta no se hizo esperar y, según indicó en mayo de 2015 la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ordenó a la Consejería de Economía que paralizase el procedimiento, aunque en todo momento Díaz aseguró que la concesión había contado con la presencia de la Intervención de la Junta de Andalucía y de los servicios jurídicos, a lo que añadió que desde la Junta siempre se había buscado el máximo de transparencia.
En el mes de julio del mismo año, la UDEF, en un atestado que entregó al juzgado, sostenía que la adjudicación de la mina de Aznalcóllar parecía «más una libre designación». También señalaba que Emérita se hubiese hecho con el concurso «por amplia diferencia» si no se le hubieran «sisado» puntos. Por ello fueron detenidas entre el 12 de mayo y el 29 de junio hasta 15 personas, de las cuales siete fueron imputadas en relación con los hechos.
Sin embargo, en noviembre de 2015, la jueza Patricia Fernández, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, decidió archivar la causa abierta contra la adjudicación a Minorbis-Grupo México por entender que no hubo prevaricación y que, en todo caso, debería ser la vía contencioso administrativa la que resuelva determinados aspectos del proceso. La jueza indicaba que no había pruebas que certificasen que la resolución del concurso fuera «injusta y arbitraria».
No obstante, en octubre del año pasado, la Audiencia de Sevilla ordenó reabrir el caso al estimar el recurso interpuesto por Emérita Resources España contra el auto de la jueza Fernández. Esta empresa siempre ha mantenido que su intención es desarrollar el proyecto minero y ha alertado de que Minorbis-Grupo México «quiere vender la mina a terceras empresas».
A pesar de que el caso se ha reabierto, los trabajos que ya se han iniciado en esta explotación minera no se han paralizado, aunque la jueza Fernández, que sigue con la investigación, la semana pasada pidió a la Intervención General del Estado que elabore un dictamen completo sobre la validez de la normativa que regula el concurso público de la Junta para adjudicar las actividades extractivas en la reserva minera y también solicita a Hacienda información fiscal relativa a operaciones con terceros y el IVA de Minorbis, AMC Mining Iberia SL y Minera Los Frailes, que fue la empresa que aceptó explotar la mina. Además, la jueza pide a la Seguridad Social un listado de las personas que están empleadas o han trabajado para Minorbis y Minera Los Frailes, y reclama a tres bancos todos los movimientos de ambas compañías y de AMC Mining Iberia desde el 1 de enero de 2013.