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Actualizado: 20 jun 2017 / 19:47 h.
  • Los aparejadores se ofrecen para acabar con el atasco de licencias de Urbanismo
    Vista aérea de sevilla desde la Torre Sevilla. / Pepo Herrera

La Gerencia de Urbanismo tiene un problema. Y no de ahora, sino de años atrás. Un atasco monumental de expedientes –más de 3.000 hace menos de un año– que están a la espera de la concesión de las correspondientes licencias. Aunque el Gobierno de Espadas anunció un plan de choque, este todavía no ha surtido efecto. Dentro de este panorama, el Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Sevilla ha movido ficha y se han ofrecido a acabar con los atascos con la puesta en marcha de un ente que podría “agilizar los trámites” con la concesión “de manera delegada” en todas aquellas licencias de obra y actividad que no requieren de un informe de impacto ambiental, es decir, las que afectan al comercio menor, que se podrían resolver “en un plazo máximo de 15 días”.

El recién nombrado presidente del Colegio de Aparejadores, Francisco Javier Gómez Ramallo, señaló que esta figura, que se denomina entidades colaboradoras urbanísticas, podría ayudar al atasco de Urbanismo, ya que tendría potestad para dar validez al 70 por ciento de licencias de obras y de actividades. Este modelo, que supondría en la práctica una externalización de los servicios municipales, ya se está aplicando en otras ciudades como Madrid y Barcelona, que han notado, a juicio de Gómez Ramallo, que ha mejorado el servicio. El actual gobierno de Madrid, por ejemplo, se planteó su retirada al inicio del mandato, pero después admitieron que el trabajo de las entidades les permitía que su equipo “dedicara sus esfuerzos a otras cuestiones urbanísticas”.

La propuesta se presentará al Ayuntamiento de Sevilla, como muy tarde, a finales de este verano. En ese sentido, el nuevo presidente cree que los requerimientos económicos –“el servicio no puede suponer un lastre para los ciudadanos ni para los 2.500 colegiados”, indicó– no serían un obstáculo. Sí resulta más complejo los requisitos jurídicos. Por ese motivo, los servicios jurídicos de la entidad colegial ya están trabajando en adaptar este servicio tanto a la normativa vigente como a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía. Un asunto, este último, que sí acarreó problemas judiciales –se llevó hasta el Tribunal Supremo– cuando se aplicó en Madrid.

Nueva junta de gobierno

Este ofrecimiento llega el día en el que Gómez Ramallo asumió la presidencia del Colegio de Aparejadores, en sustitución de David Marín. Así, reivindicó que su equipo, compuesto por ocho personas, cuenta con representantes de todos los sectores: la profesional más joven del colegio, un profesor de la Escuela de Aparejadores, un miembro del ámbito de la construcción o el responsable de una gran inmobiliaria, por poner algunos ejemplos. “Quería contar con todo el espectro de la profesión”, afirmó Gómez Ramallo.