El contrabando de tabaco campa a sus anchas por Andalucía y, más patente e inquietantemente, por Sevilla, donde el 43 por ciento de lo que se consume procede de esta venta ilegal. «Donde yo vivo (Rochelambert), me voy fijando en las cajetillas que veo en el suelo y no hay ni una legal. Hasta en una carnicería se vende», apunta Olivia Escaja, presidenta de la Asociación Provincial de Estanqueros de Sevilla, que aglutina a 420 profesionales.
Los estanqueros alertan de la «preocupante» venta ilegal en «barrios obreros como Cerro o Torreblanca», pero más si cabe de la situación en los pueblos, «donde los domicilios particulares están arrasando. Tienen su ventanita a la calle por la que venden y no hay ningún control», advierte Escaja, que lamenta la actitud pasiva que a su juicio tiene la Junta de Andalucía: «Se está desentendiendo y eso que el 58% de los impuestos del tabaco están cedidos a las comunidades autónomas», recalca.
El perjuicio para las arcas del Estado –en torno a los 900 millones de euros anuales en concepto de impuestos– es precisamente uno de los argumentos que esgrimen los afectados y que pusieron de manifiesto en la inauguración de las jornadas que, bajo el título de Prevención del contrabando de tabaco, organiza en Sevilla hasta el miércoles el Consejo General del Poder Judicial en colaboración con la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España.
Pilar Sepúlveda, vocal del CGPJ, expuso las cifras del contrabando de tabaco según el Informe Ipsos correspondiente a 2015. Frente al porcentaje superior al 40% de Sevilla, el de Andalucía se queda en el 34,6% y el nacional se reduce a tan sólo el 10,6%. La razón de tan dispares cifras sería la cercanía de Andalucía con Gibraltar y el puerto de Algeciras, vías principales de entrada en España del tabaco clandestino.