Actualizado: 08 abr 2020 / 20:45
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Controlar el consumo de agua y la basura de los vecinos o instalar bloques de hormigón en los accesos son algunas de las medidas implantadas en localidades de todo el país, principalmente costeras, para evitar la llegada de visitantes a sus segundas residencias esta Semana Santa.
El éxodo a las playas y los pueblos de ciudadanos procedentes de las grandes ciudades fue un comportamiento especialmente reprobado al inicio de la pandemia y, aunque en la cuarta semana de confinamiento es algo prácticamente residual, las autoridades siguen apelando a la responsabilidad de todos en vísperas del Jueves Santo.
Los controles en las carreteras se han reforzado desde el pasado viernes para evitar esos desplazamientos, algunos municipios han pedido intensificar la vigilancia y otros han implantado sus propias medidas para cerrarse ante los visitantes.
Muchos de los municipios costeros de la provincia de Cádiz, como Rota, Chipiona, Barbate o Vejer, han informado del refuerzo de las medidas de control, dejando un solo acceso, y vigilado, a las principales urbanizaciones turísticas. Además de intensificar la vigilancia de la Policía Local.
En algunos municipios costeros españoles se han instalado barreras de hormigón en algunos de sus accesos, también lo hizo Almonte (Huelva), si bien el Ayuntamiento ha retirado los bloques que instaló en los accesos a la aldea de El Rocío a instancia de la Subdelegación del Gobierno y de la Dirección General de Tráfico, por no ser competente. Igualmente el consistorio almonteño ha solicitado a la subdelegación del Gobierno de forma urgente el cierre de los accesos a El Rocío por los caminos y el control de las carreteras Hacía El Rocío y Matalascañas.
El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) decidió a finales de marzo dejar abierto con un control solo uno de los accesos a la ciudad para comprobar que se cumplen las restricciones a la movilidad
«Serias consecuencias» e incluso «repercusiones penales»
La Guardia Civil ha recordado que incumplir las normas tiene "serias consecuencias" e incluso repercusiones penales en situaciones graves, y ha avisado de que los agentes serán "contundentes".
Incumplir las restricciones impuestas por el estado de alarma puede acarrear desde multas de 100 euros, que se elevan de 601 euros a 30.000 si la infracción es grave, hasta una pena de tres meses de cárcel si se incurre en un delito de desobediencia y de cuatro años por atentado a la autoridad.
Las fuerzas de seguridad elogian cada día la disciplina de la gran mayoría de la población, pero no ocultan que sigue habiendo "irresponsables".
Son casos puntuales, reconocen a Efe responsables políticos y policiales de varios municipios de la provincia de Valencia, pero se está constatando la llegada de nuevos visitantes al detectar coches aparcados a las puertas de chalés, aumento de compras en los supermercados de determinadas urbanizaciones y más residuos en las papeleras del litoral.
