La próxima fiscal general del Estado, María José Segarra, afronta el desafío de dirigir el Ministerio Público con el juicio por el proceso soberanista catalán en el horizonte tras una carrera de más de 30 años marcados por el rigor y, más recientemente, la defensa de las reivindicaciones del colectivo.
Segarra lleva 14 años al frente de la Fiscalía de Sevilla, pero inició su carrera en Barcelona, a las órdenes de Carlos Jiménez Villarejo, a quien señala como referente. Entre las principales prioridades de su carrera ha estado la protección de los menores y la lucha contra la violencia machista.
Al igual que la ministra de Justicia que la ha promovido, Dolores Delgado, fue elegida en las últimas elecciones al Consejo Fiscal -principal órgano asesor de la Fiscalía- en representación de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y fue la cuarta candidata más votada.
“Hace unos años hasta nos cuestionaban que tuviéramos derecho a huelga”, comentó recientemente tras valorar el éxito de la huelga convocada por las asociaciones de jueces y fiscales el pasado 22 de mayo para reclamar mejoras laborales, más medios y mayor independencia.
En su carta de presentación como candidata para pedir el voto, subrayó las “carencias” del Ministerio Público ante el “no siempre acertado” despliegue territorial y la falta de medios para la digitalización de la Justicia y reivindicó “las mejoras laborales necesarias”.
Pero también exigió “mecanismos de protección para los fiscales ante presiones concretas o incluso ambientales, como las que se están viviendo en alguna comunidad, que pueden afectar a la tranquilidad con la que se debe abordar realizar un trabajo bajo el principio de imparcialidad”.
Ahora, le tocará dirigir la acción de los fiscales del Supremo ante el proceso soberanista catalán en un momento clave por la proximidad del juicio. En el horizonte está, entre otras medidas, la decisión sobre si se acusa a los procesados de rebelión o si se rebaja la acusación a sedición.
Segarra ingresó en la carrera fiscal el 14 de septiembre de 1987 y ha ocupado el cargo de fiscal jefe de Sevilla desde el 25 de noviembre 2004, en el mandato de Cándido Conde Pumpido. Ha sido elegida tres veces, la última en 2015, con Consuelo Madrigal.
Será, tras la propia Madrigal, la segunda fiscal general del Estado, pero hace 14 años ya rompió no sólo la barrera de la igualdad, al ser la primera mujer fiscal jefe de Sevilla (y la tercera de España), sino también la generacional, pues entonces era la segunda fiscal jefe más joven de España.
Al frente de la Fiscalía sevillana ha puesto en marcha varios grupos de fiscales especializados en diferentes materias, como el de Delitos Económicos, y potenció la sección de violencia sobre la mujer.
La acción de la Fiscalía en el caso ERE, uno de los más polémicos durante su mandato, no dependió de ella, pues la dirigió Anticorrupción, una fiscalía especial cuyos miembros reportan directamente al fiscal jefe de ese área. Sí que fue la fiscal que recibió la denuncia que dio lugar al denominado caso Mercasevilla, origen del caso ERE.
Y se enfrentó a la jueza que instruyó esos casos, Mercedes Alaya, por las “expresiones gratuitas” que ésta utilizó para criticar al fiscal del caso en un auto en el que archivó la causa para varios empresarios.
También sufrió la presión del caso Marta del Castillo o la polémica por la sentencia sin cumplir que tenía pendiente de Santiago del Valle, el asesino de la pequeña Mari Luz.