De las grandes ciudades españolas, Sevilla es la que más tarda en pagar a sus proveedores. No queda aquí la cosa, puesto que es la única gran urbe que supera los 60 días de media cuando el máximo marcado en la normativa sobre morosidad asciende a 30. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento de Sevilla cerró el mes de febrero con una demora media de pago a proveedores de 63,51 días. En este sentido, el Gobierno local dejó facturas pendientes de pago por un valor de 37.887.468,49 euros.
Este dato es resultado de la media ponderada de dos factores. Por un lado, la ratio de operaciones pagadas, que se refiere al tiempo que pasa desde que entra una factura en la tesorería del Ayuntamiento hispalense hasta que se desembolsa la cantidad fijada. En este sentido, la corporación municipal tarda una media de 14,6 días en los que llegó a abonar un total de 19.257.957,26 euros. Por otro lado, la ratio de operaciones pendientes de pago se dispara a los 88,37 días, que son los que se tarda en pagar a los proveedores a partir de los 30 que marca la ley como máximo.
El Gobierno local achaca estas cifras al pago de «una serie de grandes facturas» que, según indican las fuentes municipales, se «arrastran» de años anteriores y «desajustan» el periodo medio de pago a proveedores. Además, el Ayuntamiento saca pecho de las medidas adoptadas bajo el mandato del socialista Juan Espadas, que le han permitido «un descenso en facturas pendientes de pago». En este sentido, la ratio de operaciones pendientes de pago de febrero –88,37 días– es menor al dato de enero, que alcanzó los 96,52 días tras los 58,81 días de diciembre.
Las cifras se han disparado en los últimos meses, si bien el dato de febrero es sensiblemente inferior al de enero, que alcanzó los 65,55 días de periodo medio de pago a proveedores. Asimismo, la comparación interanual revela que la morosidad aumentó más de 23 días respecto a febrero de 2017, cuando este dato alcanzaba los 40,33 días.
Desde el Ayuntamiento hispalense indican que estos desajustes «no interfieren en los pagos a pequeños y medianos proveedores» y señalan que tienen las cuentas «saneadas y equilibradas».