La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, abrirá una queja de oficio dirigida a su homólogo estatal para pedirle que reclame al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación asistencia jurídica para los tres bomberos de la organización Proem-Aid que participaron en acciones humanitarias en las isla de Lesbos (Grecia) en enero de 2016 y que se enfrentan a un juicio en el país heleno el próximo 7 de mayo por un presunto delito de tráfico de personas en grado de tentativa.
Esta es una de las conclusiones extraídas de la reunión que los bomberos de Proem-Aid han mantenido este martes con Jesús Maeztu en la sede de la Defensoría en Sevilla. Además, y en declaraciones a los periodistas tras el encuentro, Maeztu ha explicado que pedirán la presencia consular en el juicio, «teniendo en cuenta la intervención llevada a cabo el pasado mayo en el Senado, en la que se aconseja que se cambie la normativa para que el cónsul pueda acompañar a los acusados en el juicio».
Además, ha apuntado que pedirán la intervención del Defensor del Pueblo griego, Andreas Pottakis, y coordinarán acciones con el Defensor del Pueblo del País Vasco, Manuel Lezertua, «para ver los dos de manera conjunta las intervenciones que hemos hecho cada uno», después de que la fiscalía griega presentase en diciembre de 2016 cargos contra dos activistas vascos por favorecer la inmigración ilegal. Maeztu ha expresado su «admiración por estos profesionales que se aventuran a la ayuda humanitaria», toda vez que afirman que «es imposible que intentar salvar vidas les cueste una acusación de diez años por persona rescatada». De este modo, subraya que «tienen que tener toda la asistencia legal que se pueda», porque «se da la paradoja que por salvar a gente en el mar se han complicado la vida» y «por nuestra parte les protegeremos y les vamos a ayudar».
Por su parte, Manuel Blanco, uno de los bomberos que serán juzgados en Grecia y vicepresidente de Proem-Aid, ha explicado que han llegado hasta el Defensor del Pueblo «para que los defienda» porque «los rescatadores somos los que nos sentimos vulnerables y pedimos asesoramiento, amparo y visibilidad», para que «tengamos unas garantías procesales y una representación institucional».
«Nosotros tenemos claro que no estábamos cometiendo ningún acto delictivo sino que hacemos rescate y salvamento, lo mismo que hacemos los 365 días del año como bomberos que somos», afirma Blanco, que asegura «sentirse desamparados» en este procedimiento judicial porque «no es su medio y se sienten como pez fuera de agua». «Nunca hemos tenido ningún problema y esto nos viene grandísimo», añade, y afirma que «necesitan ese apoyo institucional para sentirse respaldados».