«El ciudadano debe entender que la PAC hace posible la Europa rural que tenemos»

—Cumplidos los 40 años, asegura que es momento de reflexionar...

—Celebrar estos 40 años tiene varios motivos. Primero recordar a la gente que ha hecho posible que lleguemos hasta aquí con su esfuerzo anónimo. Por otro lado, resaltar estos 40 años de cara a la sociedad; parar y mirar al futuro. Uno de los objetivos que debe tener esta casa, además de defender los intereses de los agricultores, es poner de relieve la importancia que tiene la agricultura y la ganadería en el mundo en el que vivimos. Es absolutamente necesario que los ciudadanos comprendan que la PAC ha hecho posible la Europa rural que tenemos.

—Este año es decisivo para esbozar la nueva PAC. ¿Cuáles son las demandas de los agricultores sevillanos?

—Lo primero pasa por el presupuesto. La política que no tiene presupuesto no existe. La primera pregunta es cuánto dinero hay y cuánto se va a destinar a la PAC. La segunda parte es el modelo. España tiene una diferencia importante con muchos países de la Unión; esto es una ventaja y a veces un inconveniente. Tenemos una agricultura, sobre todo en Andalucía, extraordinariamente diversa, de manera que un modelo que puede ir muy bien en una zona cerealista de Francia, aquí puede ser catastrófico dada la variedad de cultivos que tenemos en una misma zona.

—La agricultura es uno de los sectores que mejor ha sabido aprovechar las bonanzas de las nuevas tecnologías.

—Tengo una explicación sencilla. En el año 86, en el que España entra en la Unión Europea, un kilo de maíz lo vendía a 31,5 pesetas. El año pasado, 30 años más tarde, lo vendíamos a 29,5 pesetas. Es decir, durante tres décadas no solo no hemos ganado, sino que hemos perdido precio de venta, mientras que todo lo demás (el gasóleo, la semilla, los fertilizantes...) ha subido. La única explicación a este fenómeno es el estrechamiento de los márgenes brutos y luego la mejora tecnológica. Hemos tenido que producir mucho más barato con recursos más caros y más limitados. Gastar la mínima semilla, el abono imprescindible, hacer los riegos más eficientes, subir la producción solo se consigue con la innovación tecnológica. Hemos necesitado mucha tecnología para poder sobrevivir.

—Una de las reclamaciones de Asaja era la modificación del impuesto de Sucesiones. Lo han conseguido parcialmente; ¿cree que es suficiente para atender la demanda de relevo generacional?

—El problema del relevo generacional es gravísimo. Por debajo del seis por ciento de la población agraria tiene menos de 35 años y más de la mitad tiene más de 50 años. Es un logro que la administración tome conciencia de la seriedad del problema. Hemos conseguido un primer éxito con la modificación del impuesto de sucesiones. Se han hecho esfuerzos con la instauración de los jóvenes agricultores, pero esto no se soluciona de un día para otro, el esfuerzo tiene que ser muy continuado y estar ayudado con medidas fiscales para facilitar que los mayores se jubilen y crear un ambiente positivo para que los jóvenes tengan una mirada hacia la profesión agraria como una posibilidad de futuro.

—¿Y la mujer? ¿Está funcionando la Ley de Titularidad Compartida?

—Creo que no. Está pasando inadvertida. Habrá casos individuales en los que funciona. A nivel de trabajadores del campo si hay cierta presencia de mujeres, sobre todo en labores de recolección, pero sería bueno que hubiera más a nivel de cierta cualificación (como tractoristas). A nivel empresarial son la excepción. Hay alguna muy meritoria, pero hace falta transmitir a la población que están tan cualificadas o más que los hombres. La ley no tiene que servir para decir que tenemos una ley, lo importante es que tenga una eficacia demostrada.

—El campo sevillano ha sido duramente atacado por Estados Unidos con la imposición de aranceles a la aceituna negra. ¿Cree que se están dando los pasos correctos?

—Es un problema para la aceituna negra y para las empresas, que el único pecado que han cometido es ser eficientes y competitivos. Esta artimaña ha puesto en riesgo su esfuerzo y su profesionalización. Independientemente del resultado que tenga todo este lío ya se ha producido un daño. Primero porque el coste de la defensa jurídica en Estados Unidos es brutal, estamos hablando de 5 millones de euros. Por otra, supone una incertidumbre del futuro del mercado, lo que supone uno de los peores enemigos del desarrollo. No sólo es una amenaza para la aceituna negra, sino para toda la aceituna y al resto de las producciones porque lo que cuestionan, ni más ni menos, es las ayudas de la PAC, que, por cierto, están reconocidas por la Organización Mundial del Comercio, de la cual Estados Unidos es uno de los países firmantes, como la caja verde, es decir, no interfiere con el mercado.

—¿Cree que se están dando los pasos correctos?

—Hay una buena disposición de las distintas administraciones y creo que sí se ha conseguido que tomen conciencia de la seriedad del problema pero, claro, pero eso no ayuda a resolverlo. Aparte de las buenas intenciones, realmente lo que hace falta es que de alguna manera se posiciones con algo más, especialmente la Unión Europea, que es la que debería tomar cartas en este asunto. Si la UE tiene unas ayudas que son legales y están reconocidas y un país externo no las reconoce es la que la que tiene que buscar la solución a ese conflicto.

—¿Cómo se debería abordar el problema de la sequía?

—La solución pasa por un gran pacto nacional, real y eficaz. Se trata de que los años en los que tenemos una pluviometría mayor seamos capaces de embalsar para esos años que llueve menos. El problema es que la sequía tiene un efecto indirecto que la gente no comprende: si eres productor del riego y con mucho esfuerzo y trabajo has conseguido hacer un canal éste no entiende que un año no puedas darle el producto. Si produzco patatas y tengo un acuerdo de suministro con un lineal y vienen dos años de sequía y me paso dos años sin suministrarle patatas, el lineal se busca una alternativa. No es sólo el daño anual de no poder producir, sino que además pierde el esfuerzo de años.

—Es especialmente crítico con la futura Ley de Agricultura de Andalucía. ¿Por qué?

—Una ley está para regular algo y además para tener un dinero. Todavía no tengo claro qué es lo que queremos regular por lo tanto hay que entender mis reticencias. Todo el sistema agrario está organizado por la PAC que tiene un tiro de normas y está acompañado por la normativa nacional. Ahora hacemos la ley agraria que supone más normativa, que es más restricción, más burocracia y a cambio de qué. Nuestro temor es que implique mayores limitaciones, a lo cual los políticos son muy aficionados. Por ejemplo, una asociación ecologista reclama promueve una norma por una Europa sin pesticidas. ¿Nos gastamos el dinero en pesticidas por gusto o porque no nos gustan los tomates con gusanos? Cómo consigo que no tenga gusanos, ¿le pido que pique en otro lado? Todos somos ecologistas, pero luego en el súper lo quiero impoluto.

—Los precios son otro de los problemas del sector. ¿Por dónde pasa su solución?

—No hay una solución fácil. Muchas veces vemos un precio en origen que dista mucho del precio en destino. Por ejemplo, naranjas en origen a 0,20, que luego en el lineal están a 1,30. Entiendo que el lineal que está para ganar dinero, pero también hay que tener en cuenta que sin el productor no tiene nada que vender. Si me atornilla, difícilmente puedo atender a la demanda, sobre todo en un escenario cada vez más exigente en cuanto a la calidad. Cada vez queremos la fruta más impoluta, más uniforme, con lo cual se produce un gran destrío, que lo que hace es incrementar el precio del producto final en detrimento de lo que recibe el agricultor. Entonces, lo que hace falta primero es una concienciación. Hubo un intento tímido de la ley de la cadena alimentaria, pero fue muy descafeinado. Algo no funciona y la posición dominante de la distribución está machacando al productor, y especialmente grave en los productos perecederos.

—¿En qué punto se encuentra la negociación del convenio colectivo con los sindicatos?

—Nosotros queremos un convenio porque lo que quiere Asaja es un marco regulado y estable de los trabajadores del campo. Ahora mismo estamos en un punto muerto. Queremos un convenio a ser posible plurianual porque la estabilidad en el campo es fundamental para nuestro trabajo y entiendo, también, para los trabajadores. ~

Las diferencias con la Junta marcaron el inicio de la patronal agraria, pero tras 40 años han acercado posiciones. Ahora luchan por esquivar el proteccionismo de Trump, conseguir un marco europeo más justo con la peculiaridad del campo andaluz y sobrevivir a los estrechos márgenes. El presidente de Asaja-Sevilla, Ricardo Serra, lleva más de dos décadas al frente de la asociación y aprovecha para hacer balance del trabajo de estas cuatro décadas.

—Cumplidos los 40 años, asegura que es momento de reflexionar...

—Celebrar estos 40 años tiene varios motivos. Primero recordar a la gente que ha hecho posible que lleguemos hasta aquí con su esfuerzo anónimo. Por otro lado, resaltar estos 40 años de cara a la sociedad; parar y mirar al futuro. Uno de los objetivos que debe tener esta casa, además de defender los intereses de los agricultores, es poner de relieve la importancia que tiene la agricultura y la ganadería en el mundo en el que vivimos. Es absolutamente necesario que los ciudadanos comprendan que la PAC ha hecho posible la Europa rural que tenemos.

—Este año es decisivo para esbozar la nueva PAC. ¿Cuáles son las demandas de los agricultores sevillanos?

—Lo primero pasa por el presupuesto. La política que no tiene presupuesto no existe. La primera pregunta es cuánto dinero hay y cuánto se va a destinar a la PAC. La segunda parte es el modelo. España tiene una diferencia importante con muchos países de la Unión; esto es una ventaja y a veces un inconveniente. Tenemos una agricultura, sobre todo en Andalucía, extraordinariamente diversa, de manera que un modelo que puede ir muy bien en una zona cerealista de Francia, aquí puede ser catastrófico dada la variedad de cultivos que tenemos en una misma zona.

—La agricultura es uno de los sectores que mejor ha sabido aprovechar las bonanzas de las nuevas tecnologías.

—Tengo una explicación sencilla. En el año 86, en el que España entra en la Unión Europea, un kilo de maíz lo vendía a 31,5 pesetas. El año pasado, 30 años más tarde, lo vendíamos a 29,5 pesetas. Es decir, durante tres décadas no solo no hemos ganado, sino que hemos perdido precio de venta, mientras que todo lo demás (el gasóleo, la semilla, los fertilizantes...) ha subido. La única explicación a este fenómeno es el estrechamiento de los márgenes brutos y luego la mejora tecnológica. Hemos tenido que producir mucho más barato con recursos más caros y más limitados. Gastar la mínima semilla, el abono imprescindible, hacer los riegos más eficientes, subir la producción solo se consigue con la innovación tecnológica. Hemos necesitado mucha tecnología para poder sobrevivir.

—Una de las reclamaciones de Asaja era la modificación del impuesto de Sucesiones. Lo han conseguido parcialmente; ¿cree que es suficiente para atender la demanda de relevo generacional?

—El problema del relevo generacional es gravísimo. Por debajo del seis por ciento de la población agraria tiene menos de 35 años y más de la mitad tiene más de 50 años. Es un logro que la administración tome conciencia de la seriedad del problema. Hemos conseguido un primer éxito con la modificación del impuesto de sucesiones. Se han hecho esfuerzos con la instauración de los jóvenes agricultores, pero esto no se soluciona de un día para otro, el esfuerzo tiene que ser muy continuado y estar ayudado con medidas fiscales para facilitar que los mayores se jubilen y crear un ambiente positivo para que los jóvenes tengan una mirada hacia la profesión agraria como una posibilidad de futuro.

—¿Y la mujer? ¿Está funcionando la Ley de Titularidad Compartida?

—Creo que no. Está pasando inadvertida. Habrá casos individuales en los que funciona. A nivel de trabajadores del campo si hay cierta presencia de mujeres, sobre todo en labores de recolección, pero sería bueno que hubiera más a nivel de cierta cualificación (como tractoristas). A nivel empresarial son la excepción. Hay alguna muy meritoria, pero hace falta transmitir a la población que están tan cualificadas o más que los hombres. La ley no tiene que servir para decir que tenemos una ley, lo importante es que tenga una eficacia demostrada.

—El campo sevillano ha sido duramente atacado por Estados Unidos con la imposición de aranceles a la aceituna negra. ¿Cree que se están dando los pasos correctos?

—Es un problema para la aceituna negra y para las empresas, que el único pecado que han cometido es ser eficientes y competitivos. Esta artimaña ha puesto en riesgo su esfuerzo y su profesionalización. Independientemente del resultado que tenga todo este lío ya se ha producido un daño. Primero porque el coste de la defensa jurídica en Estados Unidos es brutal, estamos hablando de 5 millones de euros. Por otra, supone una incertidumbre del futuro del mercado, lo que supone uno de los peores enemigos del desarrollo. No sólo es una amenaza para la aceituna negra, sino para toda la aceituna y al resto de las producciones porque lo que cuestionan, ni más ni menos, es las ayudas de la PAC, que, por cierto, están reconocidas por la Organización Mundial del Comercio, de la cual Estados Unidos es uno de los países firmantes, como la caja verde, es decir, no interfiere con el mercado.

—¿Cree que se están dando los pasos correctos?

—Hay una buena disposición de las distintas administraciones y creo que sí se ha conseguido que tomen conciencia de la seriedad del problema pero, claro, pero eso no ayuda a resolverlo. Aparte de las buenas intenciones, realmente lo que hace falta es que de alguna manera se posiciones con algo más, especialmente la Unión Europea, que es la que debería tomar cartas en este asunto. Si la UE tiene unas ayudas que son legales y están reconocidas y un país externo no las reconoce es la que la que tiene que buscar la solución a ese conflicto.

—¿Cómo se debería abordar el problema de la sequía?

—La solución pasa por un gran pacto nacional, real y eficaz. Se trata de que los años en los que tenemos una pluviometría mayor seamos capaces de embalsar para esos años que llueve menos. El problema es que la sequía tiene un efecto indirecto que la gente no comprende: si eres productor del riego y con mucho esfuerzo y trabajo has conseguido hacer un canal éste no entiende que un año no puedas darle el producto. Si produzco patatas y tengo un acuerdo de suministro con un lineal y vienen dos años de sequía y me paso dos años sin suministrarle patatas, el lineal se busca una alternativa. No es sólo el daño anual de no poder producir, sino que además pierde el esfuerzo de años.

—Es especialmente crítico con la futura Ley de Agricultura de Andalucía. ¿Por qué?

—Una ley está para regular algo y además para tener un dinero. Todavía no tengo claro qué es lo que queremos regular por lo tanto hay que entender mis reticencias. Todo el sistema agrario está organizado por la PAC que tiene un tiro de normas y está acompañado por la normativa nacional. Ahora hacemos la ley agraria que supone más normativa, que es más restricción, más burocracia y a cambio de qué. Nuestro temor es que implique mayores limitaciones, a lo cual los políticos son muy aficionados. Por ejemplo, una asociación ecologista reclama promueve una norma por una Europa sin pesticidas. ¿Nos gastamos el dinero en pesticidas por gusto o porque no nos gustan los tomates con gusanos? Cómo consigo que no tenga gusanos, ¿le pido que pique en otro lado? Todos somos ecologistas, pero luego en el súper lo quiero impoluto.

—Los precios son otro de los problemas del sector. ¿Por dónde pasa su solución?

—No hay una solución fácil. Muchas veces vemos un precio en origen que dista mucho del precio en destino. Por ejemplo, naranjas en origen a 0,20, que luego en el lineal están a 1,30. Entiendo que el lineal que está para ganar dinero, pero también hay que tener en cuenta que sin el productor no tiene nada que vender. Si me atornilla, difícilmente puedo atender a la demanda, sobre todo en un escenario cada vez más exigente en cuanto a la calidad. Cada vez queremos la fruta más impoluta, más uniforme, con lo cual se produce un gran destrío, que lo que hace es incrementar el precio del producto final en detrimento de lo que recibe el agricultor. Entonces, lo que hace falta primero es una concienciación. Hubo un intento tímido de la ley de la cadena alimentaria, pero fue muy descafeinado. Algo no funciona y la posición dominante de la distribución está machacando al productor, y especialmente grave en los productos perecederos.

—¿En qué punto se encuentra la negociación del convenio colectivo con los sindicatos?

—Nosotros queremos un convenio porque lo que quiere Asaja es un marco regulado y estable de los trabajadores del campo. Ahora mismo estamos en un punto muerto. Queremos un convenio a ser posible plurianual porque la estabilidad en el campo es fundamental para nuestro trabajo y entiendo, también, para los trabajadores.