No se trata de invocar el universo de George Orwell, de una sociedad hipercontrolada. Ni mucho menos. Pero el Gran Hermano, el ojo que (casi) todo lo ve, se ha puesto de moda de la mano de la tecnología y bajo la percha de una búsqueda de más seguridad. El uso de cámaras es la herramienta más a mano. Y también la más tradicional, como se corrobora con las 264 cámaras que tiene la DGT para controlar el tráfico en las carreteras del sur del país, que ampliará con el uso futuro de drones, que ya se ha probado –y con bastante éxito– como experiencia piloto. Ahora los que han tomado el relevo han sido los ayuntamientos de la provincia, interesados en una doble vertiente: unas cámaras de tráfico que permitan, si la autoridad lo desea, usarlas y visionarlas para esclarecer delitos; y otras más destinadas estrictamente a la vigilancia –y también como efecto disuasorio ante los posibles actos vandálicos–.
Uno de los más avanzados es Lora del Río, que ya dispone de una veintena de cámaras de tráfico, situada en los accesos del pueblo y «puntos estratégicos» que ha permitido reducir el número de infracciones derivadas del exceso de velocidad o el aparcamiento indebido. Para ello, se dispone de un videowall gestionado por la Policía Local. A ello se suma que cuenta con todos los parabienes normativos para facilitarle esas imágenes a la autoridad judicial –la Guardia Civil, principalmente– para esclarecer algún delito cometido en el pueblo. Bajo esa premisa, el Consistorio loreño ya ha cursado una petición para incorporar 15 cámaras, pero esta vez destinada en exclusiva a labores de vigilancia.
Lebrija, por su parte, empezó a instalar el pasado febrero, con cargo al Plan Supera de la Diputación, la colocación de nueve cámaras de videovigilancia de control del tráfico en el casco histórico. Al respecto, su alcalde, José Barroso, aclara que los dispositivos, tienen lectores de matrícula que permiten detectar los coches que circulan sin la ITV o sin seguro. Todo ello, puntualiza el regidor, con una ordenanza y cumpliendo con la ley de Protección de Datos.
El modelo de Lebrija gusta a otros alcaldes, que quieren exportarlo a sus calles. Es el caso de Olivares que, en base a lo visto en Lebrija, solicitará implantar «un sistema en puntos estratégicos para regular el tráfico y vigilar los actos vandálicos», según su alcalde, Isidoro Ramos, que acompañará esa línea a la convocatoria de dos nuevas plazas de Policía Local.
Esa combinación, de más agentes y cámaras, se adoptará también en Herrera. Allí, el Consistorio ha preguntado al Gobierno la posibilidad de instalar 30 cámaras de vigilancia, no de tráfico, que se colocarán en las entradas y salidas del municipio y en los puntos más estratégicos de la localidad, para lo cual contaría con 30.000 euros.
Otro de los que ya ha cursado esa petición es San Juan de Aznalfarache. Todavía no tiene el proyecto concreto, a la espera de obtener la autorización estatal, pero sí ven que la ubicación más idónea está en aparcamientos con un repunte de robos en vehículos –serían de vigilancia– y en algunos puntos que, con la fórmula de la regulación del tráfico, puedan ser utilizado como fuente de información si así lo requieren los cuerpos de seguridad. En Montellano trabajan desde el año pasado en un plan de videovigilancia con seis cámaras con las que controlará el tráfico en la vía principal del municipio, que atraviesa todo el casco urbano. El Cuervo, en esa misma línea, aprobó en febrero instalar videocámaras de control ante la «insoportable intensidad» de tráfico de la N-IV, que cruza –y parte en dos– el pueblo y que también servirá, en caso de que sea necesario, para esclarecer robos.
No son los únicos. Y cada uno cursa la petición en función de sus necesidades. En Las Cabezas de San Juan han pedido permiso para desplegar estos dispositivos en tres plazas –los Mártires, Mujer Trabajadora y Bacalao– peatonalizadas para prevenir actos vandálicos y porque «hay quien usa como zona de carga y descarga aunque esté prohibido», según su alcalde, Francisco Toajas. En Aguadulce pretenden que las cámaras se alojen a la entrada del municipio, mientras que Espartinas, aunque está en una fase inicial, trabaja en colocar cámaras para vigilar «los puntos de recogida de basura», para lo que cuentan con informes favorables de sus técnicos municipales. Carmona o Castilleja de Guzmán también se han dirigido para saber las posibilidades de la implantación de este sistema, pero sin entrar en detalles. Aunque, puestos a ver, también hay quien, de momento, no ve necesario el uso de cámaras, caso de los grandes poblaciones como Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra o Utrera.
