El anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que aprobará este martes 26 el Consejo de Ministros faculta a las comunidades autónomas para limitar los precios de los alquileres en zonas tensionadas a las personas jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas.
Al resto de propietarios de esas zonas se les permite incrementar los precios hasta un 10 % sobre la última renta del contrato anterior, siempre que hayan hecho obras de rehabilitación y mejora energética y de accesibilidad en los dos últimos años.