Opinión | Mollete de calamares
Odia a tu casero
Tienes que odiar a tu casero. Y no solo odiarlo con ganas, sino dejar de pagarle el alquiler. Eso si eres inquilino. Y si estás en el lado de los caseros, has de despreciar que quienes no pueden aspirar a un techo se manifiesten y se organicen en un sindicato de inquilinos. Has de elegir bando porque la guerra entre inquilinos y caseros ya se está librando. Solo un pequeño detalle a los soldados de ambos ejércitos: gane quien gane esa batalla, el insoportable problema de la vivienda en España seguirá estando ahí.
La guerra entre inquilinos y caseros ya se está librando. Gane quien gane esa batalla, el insoportable problema de la vivienda en España seguirá estando ahí
El colectivo Ideas en Guerra lanzaba la semana pasada una campaña con ese eslogan: “Ama a tu vecina, odia a tu casero”. Una frase impactante para hacer pensar a la sociedad sobre la que según las encuestas es la gran preocupación de los españoles. Al mismo tiempo, esta semana la escritora Rosa Belmonte se escandalizaba por la existencia de un sindicato de inquilinos hablando de “la dictadura del inquilinato”. Tal sindicato cometió el exceso de convocar una manifestación por el vergonzante aumento del precio de los alquileres.
Pero estaría bien asomarse sobre ambas trincheras para recordar que en medio del campo de operaciones bélico está la administración pública. Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Gobierno Central. Convendría recordar que, según el Banco de España, falta un millón y medio de viviendas para satisfacer la demanda en nuestro país. Que apenas se construye vivienda pública en España. Que quienes tienen la capacidad y la competencia de construir son fundamentalmente los alcaldes y los presidentes autonómicos. Que la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno central no sirve para nada.
La construcción en nuestro país parte de la iniciativa privada. Si un inversor pone dinero para construir, querrá un retorno económico
El artículo 47 de la Constitución Española habla de la obligación de los poderes públicos de impedir la especulación con las viviendas. Lo cierto es que en un sistema económico de libre mercado tal artículo es un brindis al sol. Según la RAE, especular es efectuar operaciones comerciales con la esperanza de obtener beneficios. La construcción en nuestro país parte de la iniciativa privada. Si un inversor pone dinero para construir, querrá un retorno económico. Por tanto, la vivienda seguirá comportándose como un bien de mercado si el Estado no interviene construyendo vivienda pública.
Aunque pensándolo bien, quizás no interese invertir en eso. Tal vez, aunque el problema es grave, no es tan grande como para mover la voluntad política. Según el INE, solo el 16% de las familias españoles reside en una vivienda de alquiler. Sin embargo, el 75% lo hace en una vivienda de su propiedad que ya está pagada o hipotecada. Un puñado de jóvenes y trabajadores con poco poder adquisitivo con poco peso en las urnas. Mientras nuestros gobernantes se lo piensan, unos seguirán azuzando el odio a nuestros caseros y otros ridiculizando a quienes se manifiestan. Y los alquileres batiendo récords en vergüenza.
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