Como tantas sorpresas que nos dan las noticias nos enteramos de que una asociación creada en defensa de los intereses de los usuarios de los bancos era, en realidad, una tapadera para extorsionar a las entidades bancarias. Usaban para eso su potente influencia mediática o a un pseudo-sindicato, conocido por ejercer acciones populares contra gente influyente. La más notoria es la querella contra la infanta Cristina. Y precisamente ha sido el intento de extorsión a La Caixa para retirarse de la causa de Nóos lo que destapa todo este pastel tan maloliente.
Los bancos y las cajas pagaban, año tras año, sumas cuantiosas en concepto de publicidad de la revista de Ausbanc que en realidad eran pagos para evitar sufrir campañas y acusaciones judiciales. El probo presidente de Unicaja era uno de ellos y Manos Limpias le retiró la acusación en el caso de los ERE dándose por satisfecha con sus explicaciones. ¡Albricias!
Y todos mirando para otra parte por evitar las represalias del poderoso.
Ahora resulta que también los jueces cobraban cantidades desorbitadas por dar conferencias, organizadas por esa entidad bajo sospecha.
La luz de la prensa independiente deja de nuevo al descubierto conductas, cuando menos, impropias. Un juez no debe dar conferencias pagadas por quienes vemos que las consideraban como una forma de tener a sueldo y bajo su influencia a la judicatura española, comprometiendo así su imagen y su independencia.
Creo llegado el momento de que el CGPJ imponga con urgencia un código deontológico estricto que impida estas prácticas viciosas que son inaceptables.