Desde el Colegio de Periodistas de Andalucía me llega este correo electrónico: “Estimados colegiados, la Universidad Pablo de Olavide ha convocado un concurso de distintas plazas de personal de Administración y Servicios, entre las que se incluye una de Comunicación, de titulado de grado medio en Prensa e Información. Al no requerir la titulación en Periodismo o Comunicación Audiovisual, sino cualquier grado, arquitectura técnica, ingeniería técnica o diplomatura universitaria, el Colegio está estudiando con sus servicios jurídicos la interposición de un recurso contra la convocatoria. No obstante, os avisamos de la misma por si estáis interesados en presentar vuestra candidatura (el plazo finaliza el 8 de mayo). https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/72/BOJA22-072-00012-6157-01_00259472.pdf. Un saludo. La Junta de Gobierno”.
No sé en qué situación estará este tema, si la UPO ha rectificado o no o si la Junta la ha hecho rectificar, pero ya de por sí el mero acto de haber lanzado una convocatoria semejante desde una universidad pública es una falta de conocimiento y de respeto a los profesionales de la comunicación que han dedicado años de su vida a estudiar este campo del saber tan crucial en nuestros días. Y no es la primera carta que recibo en términos similares, en otras ocasiones las convocatorias corren a cargo de ayuntamientos o empresas privadas que deben creer que cualquiera puede ser experto en comunicación y periodismo.
La comunicación y el periodismo están repletas de intrusismo profesional, se estima que periodista puede ser cualquiera y lo peor del asunto es que ejerzo la docencia en periodismo en una facultad en la que hay profesores que les dan clase a personas que desean ser profesionales de la comunicación y esos profesores son de una opinión similar a la que la UPO parece compartir a tenor del contenido de la carta que recibo desde mis colegas de profesión. Hay empresas e instituciones que asignan un puesto en un gabinete de comunicación a quien creen más espabilado para estos menesteres. Lo normal sería actuar como lo hizo Sebastián Martín Recio siendo alcalde de Carmona. Quiso crear una plaza de periodista y convocó un concurso de méritos abierto con entrevista personal ante periodistas profesores universitarios que le aconsejaron a quién contratar. Por fortuna, este sistema se está extendiendo, pero aún deben estar muy atentos los colegios y las asociaciones de periodistas para que no aparezcan lamentables casos como el que nos ocupa. Casos que, nada más leerlos, nos llevan a hacernos una pregunta elemental: ¿para qué se gasta entonces dinero público en formar a personas en facultades universitarias de comunicación?
A determinados niveles académicos y de calle se está confundiendo a la persona que lanza información con el profesional de la información y la comunicación. Y no es lo mismo, prosumidor es cualquiera y más si se tiene labia y desparpajo. Pero el profesional de la comunicación precisa de una formación teórico-práctica que se empieza a enseñar en los centros superiores y en las prácticas en empresas, tutelado debidamente todo ello por la empresa y la universidad. Un responsable de comunicación no sólo emite notas de prensa sino que asesora a sus superiores y controla la dinámica de la comunicación digital con toda su complejidad. Eso exige algo más que excentricidad y labia. Es preciso que, de una vez por todas, los gobiernos central y autonómicos regulen todo esto y se dote al quehacer del profesional de la información de la seriedad y oficialidad que merece.