Mentira. Lo tuyo es pura mentira. Causa notables perjuicios. Porque no da igual ocho que ochenta. Y el que la hace, la paga. A ritmo de bolero y adagio refranero puede glosarse coloquialmente la sentencia del tribunal del Estado de Nueva York que inhabilita al ex alcalde Rudy Giuliani para ejercer la abogacía en ese territorio norteamericano. Cuánto necesitamos en España cortafuegos semejantes para que no se juegue a incendiar la política con falacias.
En la estrategia de judicialización de las elecciones presidenciales para poner en cuestión el sistema democrático y la honestidad de decenas de miles de servidores públicos en la organización de los comicios, Donald Trump utilizó a Giuliani, en su triple condición de abogado, personaje popular (gobernaba Nueva York cuando hubo que revitalizar la metrópoli tras los atentados a las Torres Gemelas) y dirigente republicano, para abrir una causa judicial por fraude electoral. A Giuliani, pagado a precio de oro, no le importó hacer el ridículo para acusar indiscriminadamente sin aportar una sola prueba de pucherazo. Y la empresa Dominion Voting Systems, encargada del control electrónico del escrutinio, le acusó de difamación. El club de imitadores deseosos de llenarse los bolsillos a base de profanar la Estatua de la Libertad tendrá que hilar más fino a partir de ahora. Porque el fallo judicial contra el cazador cazado en sus mentiras dice: “Llegamos a la conclusión de que existen evidencias indiscutibles de que el demandado expresó declaraciones demostrablemente falsas y engañosas a los tribunales, a los legisladores y a la ciudadanía en general, en su calidad de abogado del ex presidente Donald Trump”.
Otro gallo nos cantaría en nuestro país si se hubiera puesto pie en pared con demandas por difamación a la cantinela del 'España nos roba' voceada desde hace lustros por dirigentes nacionalistas catalanes desde las instituciones autonómicas pagadas por todos. Incluida la televisión regional, pertinaz instrumento de manipulación de millones de personas, y utilizada como acusación muy particular, sostenida también con los impuestos de la ciudadanía que es despreciada en sus programas. No es casualidad que tanto los cargos de máxima representación política como los de libre designación en los organismos controlados por la Generalitat de Cataluña son, de largo, los mejor pagados en España. Muchos tienen salarios que doblan al del presidente del Gobierno español. Ande yo caliente y engáñese la gente. Falsear la política mediante engaños que se camuflan como divergencias ideológicas causa un gran perjuicio a la gestión del bien común. No puede quedar impune, y además ser una vía para forrarse.