Cariño nos han pillado!»; «–¡No jodas Juan, como se entere mi marido...!». Juan Álvarez, cuarenta y siete otoños, de los cuales la mayoría en recíproco hartazgo de su mujer, le explica con detalle a su amante la recepción, hace unos días, de una demanda de divorcio con un extenso dossier, fotos incluidas, de sus infidelidades. Juan, adúltero pero no idiota, ha esperado convenientemente a concluir la apasionada tarde con su querida antes de revelar el asunto. De haberlo destapado antes del fornicio se hubiera quedado sin manceba y sin polvete. Juan puede prescindir de la primera, pero no de lo segundo. Ella, dos años mayor, pero atractivamente operada a costa del marido, que no de Juan, quien aprovecha bien el dinero invertido por aquel, en efecto, se viste, procede a la despedida y entre sollozos le dice a Juan que no puede volver a verle nunca más.
Los detectives han perdido la aureola que acaso tuvieron en la literatura. La profesión no tiene la culpa, pero quienes los contratan sí. En España, desde la promulgación de la Zapateril Ley de Divorcio Exprés, antes incluso, no es necesario demostrar un lío (de faldas, de pantalones o... ambos), ni una carencia del contrario para la disolución judicial efectiva y rápida. En cuanto a las averiguaciones patrimoniales con el fin de sacar los higadillos aun en tiempos de crisis, al o a la separable, están tan avanzadas, que no resulta ético perseguir, cámara en mano, al pobre acosado, pues, salvo morbo, aporta poco. No obstante, parte de la población con posibles, en trace de vuelta a la soltería, incluso ya independizados, usan y abusan de los investigadores en un repugnante alarde carente de cualquier escrúpulo o moral. Quizás buscan algo que sólo ha existido en su propia familia, en sus cerebros enfermizos, un reflejo de una absoluta falta de valores, de una educación en la susceptibilidad. «Cree el ladrón que todos son de su condición».
Ante los jueces afloran informes donde aparte del consabido affaire, sin culpa alguna, asoman terceros quienes indirectamente pueden ser perjudicados, previo dispendio, por esta asquerosa invasión de la intimidad. Instantáneas donde no sólo emerge el directamente invadido o invadida, sino también sus amigos o, muy grave, los hijos de ambos, ajenos en su bendita inocencia. Insisto, nada aportan a los divorcios dichos informes. Si un señor, por ejemplo, es piloto de Iberia, resulta innecesario sacarle fotos de uniforme con sus compañeros para demostrar que, efectivamente, deja el hogar conyugal con regular incidencia y tiene riesgo de no obtener la custodia compartida. Los magistrados saben que un aviador vuela, obligándose a pernoctar fuera de su domicilio. El chismorreo encuadernado sobra.
La ley debe poner coto a las indecorosas e intrusivas basuras mentales capaces de pagar fortunas por unas auténticas felonías. Un Estado de Derecho es incapaz de impedir que pululen miserables perturbados dentro de sus fronteras, pero debe ser capaz de ponerles coto cuando devienen en gentuza que vulnera constantemente el derecho a la intimidad de los demás. En definitiva, el ejercicio de la sagrada libertad individual sin que nadie, furtiva, la contemple desde fuera.
Propongo a las autoridades que promulguen o desarrollen una legislación adecuada con el fin de que cualquier seguimiento a un ciudadano sea previamente visado y aprobado por un juez, basándose siempre en la posible comisión de un delito. Lo contrario debería ser convenientemente penado. La mierda existe en la vida y en la cabeza del husmeador no en el otro.