Parece que de nuevo regresan vientos desde Europa que ponen en evidencia y vuelven a sacar los colores a nuestro país ante las inaceptables prácticas de la banca y la falta de control y protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el sector.
El pasado martes 19 de junio se produjo un debate en el Parlamento Europeo en el que se abordó el funcionamiento de la banca en el marco de la Unión Europea y, como viene siendo ya costumbre cada vez que se habla de los abusos de algún Estado miembro en este sector, nuestro país cobró un protagonismo especial. El debate tenía como elemento de partida una serie de informes encargados por distintos grupos parlamentarios hace más de un año; de los cinco informes, dos de ellos tocaban la medular de la protección de los derechos de los consumidores en el sector bancario. En los informes que nos afectan, se trataba sobre el incumplimiento regulatorio en materia de cláusulas suelo o participaciones preferentes.
En el primero de ellos, redactado por el catedrático Fernando Zunzunegui, las referencias a nuestro país son claras, haciéndose hincapié en que España ha sido el país en el que más se han comercializado hipotecas con cláusulas suelo, limitando la bajada de los intereses aplicados a los consumidores aunque los tipos se hayan situado por debajo. Sin duda unas conclusiones para sonrojarse.
Se pone encima de la mesa la falta de transparencia de las entidades financieras y el nimio papel asumido por el Banco de España ante los procesos de reclamaciones y en la supervisión del sector. Incide igualmente el informe en la lentitud de respuesta y en la inexistencia de la aplicación de sanciones a la banca, lo que supone una absoluta falta de sensibilidad hacia los usuarios, que en época de crisis han tenido que realizar grandes esfuerzos para hacer frente al pago de unas cuotas ilegalmente infladas por la banca. Sin duda la vergüenza es creciente.
Si en su momento ya nos pusieron la cara colorada con la interpretación pro banca realizada desde nuestro Tribunal Supremo en la ya famosa Sentencia de 21 de diciembre de 2016, vienen ahora a reiterarse respecto de la pasividad de nuestros gobernantes ante el sistema de reclamaciones de cláusulas suelo que se creó en 2017 para dar cumplimiento a dicha Sentencia, poniendo de manifiesto que el sistema planteado está «controlado por la banca» e indicando que no sigue los principios de eficacia y equivalencia, al tiempo que limita los derechos de los consumidores en el proceso, además de no ser transparente, ni más rápido que otras vías de reclamación.
La realidad es que miles de españoles han tenido que acudir a los tribunales de justicia para que se aplique lo dispuesto por el TJUE, provocando una vez más la judicialización del problema con el objetivo de disuadir al consumidor ante un procedimiento que puede ser costoso y alargarse en el tiempo, y que obviamente ha sido aprovechado por el sector para reconducir y reducir las cuantías reclamadas, sabedores del dicho español «más vale pájaro en mano...». Mayor bochorno aún genera saber que son precisamente aquellos consumidores más vulnerables los que no han podido demandar por falta de medios, siendo por tanto este un «botín limpio» para el sector.
El informe señala también la pasividad del gobierno respecto de la transposición de la Directiva comunitaria de contratos hipotecarios, llamando la atención sobre el hecho de que nos colocamos en la cola «siendo el último país en dar pasos para ello», e indicando además que el Proyecto de Ley –oh, sorpresa– «se desvía del objetivo de protección a consumidores».
Es decir, que no solo somos los últimos, sino que además estamos abonando ya el terreno para otro escenario en el que la banca campe a sus anchas; eso sí, a la espera de que pasados unos años la Unión Europea nos dé un nuevo rapapolvo y señale la obligación de proteger los intereses de los consumidores, dado que hasta la fecha los distintos gobiernos han optado por dar más valor al equilibrio del sistema financiero que al de millones de economías domésticas afectadas.
El otro informe que viene a sacarnos los colores es el redactado por Pierre Henri Conac, de la Universidad de Luxemburgo, poniendo énfasis en la agresividad comercial de las entidades para colocar estos productos, señalando de forma expresa que se comercializaron a menores, jubilados, viudas, analfabetos y enfermos de alzhéimer. Aterriza una vez más en la existencia de un sistema de resolución de conflictos lento e ineficaz para los consumidores, y defiende la necesidad de reforzar la vía administrativa para poder agilizar los trámites. El informe termina proponiendo la creación de procedimientos de arbitrajes independientes y gratuitos.
Esta última recomendación, sin duda positiva, no deja de producirnos cierto temor, dada la capacidad interpretativa de nuestros gobiernos, que pueden aprovecharla para que este tipo de asuntos sean finalmente derivados a entidades de resolución de conflictos de carácter privado, que estén indirectamente costeadas por el propio sector bancario, provocando que tengamos que tragarnos otra rueda de molino en pro de su estabilidad.
Desde luego, lo que queda meridianamente claro al calor de los documentos, es la ineficacia del sistema español de protección de los consumidores dentro del sistema bancario; siendo evidente que en nuestro país no sólo se han dado los fraudes bancarios más graves de Europa, sino que el control ejercido por el Banco de España ha favorecido sistemáticamente los intereses de la banca en detrimento de las personas. Es por ello indispensable crear un ente público que vele expresamente por la protección de los consumidores en el sector, que implique a todas las áreas del gobierno y que asuma, de una vez por todas, las funciones de inspección y la capacidad sancionadora.
Está por ver si el gobierno actual va a realizar una apuesta firme en favor de la protección de los consumidores –posicionándose frente a un sector que ha venido ahogando de forma sistemática a millones de familias–, si bien estimamos fundamental que las conclusiones que eleve el Parlamento Europeo respecto de estos informes deberían tomarse como un punto de inflexión en nuestra política de protección de los usuarios del sector bancario. Pensamos, en definitiva, que ha llegado la hora de que no tenga que ser la UE la que salga al paso de los desmanes del sector bancario en España sino que las autoridades de nuestro país asuman, sin mayor dilación, la obligación de pararle los pies a quienes los provocan y/o los amparan.
Esperemos que nuestro país alcance por fin la madurez necesaria en materia de protección a los consumidores y la próxima vez que Europa mire España no tenga que ponerse otra vez colorada como un tomate.