La noticia se publicó ayer: el juez del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, inculpa en el fraude de los ERE por un supuesto delito de prevaricación administrativa a los expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Un nuevo jarro de agua helada sobre la nuca de Susana Díaz, que inicia una complicada legislatura con la cartera cargada de presuntas corruptelas y con la oposición de izquierdas (Podemos e IU) soplándole en la oreja con mucho esmero.
Pero ella lo tiene claro: lo más importante es acabar con la mugre y su maldita herencia, como primera medida, y volver a recuperar la confianza de los votantes, más cercanos hoy a la izquierda de Pablo Iglesias, como segunda. Una postura, esta última, que difiere con los de Ferraz que están más preocupados en forjar la imagen del candidato hispánico, que en mejorar la del partido. Unos y otros por su lado, y la casa sin barrer. Lo digo, travesía del desierto que llegará para perdedores que se venden como ganadores de las elecciones municipales. El PSOE se distancia cada vez más del votante histórico de centro izquierda, que se siente traicionado y engañado por los pactos de poder que al principio se negaron.
Para borrar la huella negra en esta tierra hay que adoptar medidas blancas y lo sabe Susana Díaz, que bastante tiene como para mirar hacia la capital en busca de liderazgo nacional. Y tendrá que cumplir las promesas valientes de investidura. El control será exhaustivo y el cariño hacia los presuntos ya no forma parte de la digestión social. La presidenta no puede quedarse atrás, ni vivir de las rentas electorales en una región cansada y cabreada.