Carles Puigdemont dice que la justicia europea se pone de su lado y le da la razón. Dice que, como el pueblo catalán está asediado, no le podrán extraditar. Ya saben que el político catalán fugado tras proclamar la república catalana durante un suspiro, ha intentado comparar España con países tercermundistas en los que no existen las libertades, pero su mensaje no ha calado entre los jueces europeos. Al contrario, han afeado a los belgas su forma de entender el asunto de las euroórdenes de Llarena. En fin, que Llarena tenía razón y Puigdemont es un delincuente que interpreta regular las sentencias de los jueces. Por cierto, Llarena ya ha dicho que menudo desastre ha resultado ser la reforma del Código Penal.
Sea como sea, la reflexión ha de pasar, también, por esa homologación de la ley española y europea que decía el Gobierno de Sánchez era necesaria e imprescindible. Resulta que no parece, ahora, que fuese tan necesaria. Por tanto, la reforma que ha afectado al delito de sedición tampoco era necesario y es un claro ejemplo de legislación a la carta con fines claramente político y electorales.
Lo que no sé es cómo no dimite alguien, cómo no se le cae la cara de vergüenza a más de uno. Y lo que no entiendo es cómo se alzan voces defendiendo lo indefendible. Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez es cautivo de sus socios. No hay más.
Dadas las circunstancias, vamos a ver lo que tardan en inventarse algo para que Puigdemont no pise la cárcel, para que se libre después de haber puesto en peligro la unidad de España y la paz de todo un pueblo. Dadas las circunstancias puede pasar cualquier cosa.
Estamos viviendo en España momentos muy feos porque los pilares del Estado de derecho se están viendo atacados sin contemplaciones en nombre de la libertad, el diálogo o la modernidad. Esto no puede acabar bien y las instituciones españolas están en peligro. Tal vez, si esto sigue así durante mucho tiempo no haya posibilidad de dar marcha atrás.