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Residencias de personas mayores y centros sociosanitarios

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30 abr 2020 / 21:18 h - Actualizado: 30 abr 2020 / 21:24 h.
"Sanidad","Crisis","Sector privado","Dependencia","Desempleo","Discapacidad","Menores","Servicios Sociales","Coronavirus"
  • Una residencia de mayores. / El Correo
    Una residencia de mayores. / El Correo

Es injusto lo que se está hablando acerca de la Residencias de Mayores. Sí, son desproporcionadas la interpretaciones que se realizan acerca de lo sucedido como consecuencia del coronavirus.

Han sido trágicos los fallecimientos porque esto implica, ante todo, mucho dolor; pero la culpa de ello no se puede atribuir a que existan dos modelos de gestión, según dicen algunos políticos, contrapuestos. El que realizan las Administraciones Públicas en función de las competencias en materia de Servicios Sociales y el que desarrollan las Organizaciones de carácter privado. Hay que tener muy claro que no existen dos modelos. La gestión de las Residencias responde a un marco normativo fijado en la correspondiente legislación autonómica, en concreto en las Leyes de Servicios Sociales. Los dos modelos tienen que cumplir con lo marcado en la normativa derivada de estas leyes, y si Vds. tienen a bien de seguir y comparar la legislación existente al respecto verán que no existen grandes diferencias entre las distintas Comunidades Autónomas y tampoco en la exigencias para todas las Residencias abiertas tanto para las que gestionan las Administraciones Públicas como para las que son gestionadas por lo que se ha dado en llamar sector privado.

No tiene ninguna lógica ni mucho menos fundamento alguno, la idea de que lo mejor es que desaparezcan las entidades privadas en la gestión. Esto denota ignorancia y además un desconocimiento de la realidad tintado con una dimensión populista e interesada.

Las entidades privadas, tanto del Tercer Sector como del Sector Empresarial, gestionan Residencias, en su gran mayoría, porque han concursado y han presentado proyectos que responden a unos pliegos muy concretos y muy bien estructurados. Pliegos redactados por los técnicos correspondientes de las Administraciones Públicas. Así, que por favor, no manipulemos lo que no se puede interpretar de otra manera. El sector privado responde a la legislación existente y está supervisado en todo momento por los responsables técnicos de las Administraciones Públicas. También las Residencias que no han concursado y están abiertas sin concertar ninguna plaza tienen que cumplir con las exigencias técnicas y de intervención que marcan las autoridades competentes. Todo el sistema de atención a los mayores, a través de las Comunidades Autónomas, Organismos Forales e Insulares, está supervisado y controlado por los mismos. Sorprende la manipulación que se está haciendo al respecto para intentar justificar un especie de nacionalización de las Residencias.

Otro tema sobre el que se tendría que reflexionar es que las Residencias no son Hospitales, no son Centros de Agudos y tampoco Centros de Media y Larga Estancia. Las Residencias, como muy bien han señalado muchos profesionales, son espacios de vida, son hogares en donde los mayores conviven como si fueran una gran familia.

Otro asunto sobre el que se tendría que reflexionar es lo que las Administraciones Públicas pagan a las entidades privadas por plaza y día. Aquí hay una cuestión que, desde luego, da para un debate en exclusiva. Depende de cada Comunidad Autónoma, siempre siguiendo una serie de parámetros en los que el IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) siempre tiene algo que decir.

Estos dos últimos párrafos están relacionados entre sí. Los sistemas de atención a las personas tienen que ir evolucionando, y el gran problema que nos hemos encontrado ante el coronavirus es que el sistema de atención a personas mayores no ha evolucionado ni está a la altura de atender a personas que están altamente envejecidas por la propia esperanza de vida que tenemos en nuestro país. No hay un sistema verdaderamente sociosanitario; pero esto se debe a que desde hace años los responsables políticos no han querido ponerse de acuerdo sobre este asunto, y esto ha ocurrido en todas las Comunidades Autónomas, sin excepción. Hay mucha literatura escrita al respecto. Hay una Ley de Autonomía Personal, hay tantas leyes autonómicas de servicios sociales como Comunidades Autónomas. En esto ha habido una evolución, y las hay de de primera, de segunda y de tercera generación, y salvo excepciones muy concretas de Organizaciones muy punteras, que curiosamente son de carácter privado, fundamentalmente sin ánimo de lucro, no se ha desarrollado un sistema sociosanitario adecuado que pueda dar respuestas coherentes a lo que la propia evolución social nos va planteando.

Desgraciadamente el coronavirus nos está llevando a una crisis económica de graves consecuencias, de ahí que la colaboración pública-privada sea más que necesaria en la atención a las personas mayores y a la población dependiente en general. En la tesis que defendí en año 2014, decía que el modelo de atención-intervención social que, además de aspirar a ser un referente en la gestión de servicios de atención a la dependencia, debe de contener un porcentaje muy elevado de espíritu conciliador. Significa lo anterior, entre otros temas importantes por los momentos históricos que estamos viviendo de desempleo, que se trata de un modelo que generará puestos de trabajo y esto, siempre, es una riqueza que ayuda a integrar a la sociedad de manera positiva.

Es un Modelo que busca, ante todo, dar un servicio de calidad integral a las personas que formamos parte de la realidad social de España. Respeta totalmente el marco institucional-relacional que marca la Constitución (1978) en la estructuración del Estado, invitándonos a tener visión de miras y capacidad estratégica en cuanto a que el Modelo busca la dimensión solidaria de aquellos que formamos parte del Estado Español; porque los dependientes, mayores y personas con discapacidad diversa están en todos los territorios que forman parte del Estado Español.

Es preciso hablar de integración, sin miedos y sin creer que esto perjudica. La persona dependiente, es ante todo una persona, no se divide en lo social y en lo sanitario. Cuando tiene dependencia –en función de la misma- necesita una atención integral e integradora con medidas que estén coherentemente planificadas con sus necesidades o grado de dependencia.

Hasta hora el sistema, digo hasta hora, no ha logrado verdaderamente la integración sociosanitaria. Es suficiente con hacer un repaso a los pliegos de los concursos o a las bases de las subvenciones para percatarnos de la dualidad existente. Viviendo y sufriendo la pandemia del coronavirus, nos percatamos que, todavía, no se ha tomado en serio poner en marcha un plan sociosanitario.

Esto se debe, desde mi punto de vista, a dos aspectos, el primero a la estructura de la sanidad en cada Comunidad Autónoma, donde la persona dependiente es paciente del sistema sanitario y el segundo a la división de la Acción Social, a través de los servicios de base y de los servicios especializados, donde la persona dependiente es el usuario de los servicios sociales en función de las circunstancias de servicios pertenecientes a los servicios de base o a los servicios especializados.

A partir de aquí, que cada cual saque sus propias conclusiones ¿Dónde queda la integración y la atención integral? ¿Cómo conciliar la atención a una persona dependiente que depende de dos sistemas diferentes? Podríamos, también, añadir a los menores dependientes que, además se tienen que interrelacionar con el sistema educativo.

La solución no está en apartar de la gestión a las organizaciones privadas, bien del tercer sector bien del ámbito empresarial, este no es el camino. La respuesta se encuentra en trabajar conjuntamente, porque los fallecidos en las Residencias nos reclaman a todos la búsqueda de soluciones conjuntas. No se quiere reconocer que la Atención a la Dependencia revoluciona las concepciones y los recursos asignados a la sanidad, a la acción social y en menor media de la educación. Se trata de un tema delicado, pero que hay que afrontar ¿Por cuánto tiempo podremos seguir dando la espalda a estas constataciones? Desde luego que el Modelo que propongo aborda, por lo menos en cuanto a propuesta, la posibilidad de dar una respuesta coherente y operativa ante planteamientos de estas características.

Un tema más, nos hemos preguntado, alguna vez quienes vivimos en España ¿por qué no existe una ley de referencia de Servicios Sociales que contemple, entre otros puntos, la dimensión sociosanitaria?

Los fallecidos en las Residencias no han sido por las causas que algunos pretenden atribuir a la gestión de las organizaciones privadas, los ha habido también en Centros gestionados directamente por las Administraciones Públicas. Hay que ser muy prudentes y, sobre todo, muy profesionales, aspecto que muchos políticos obvian, a la hora de la búsqueda de responsables.

Urge, entre otros temas, trabajar de manera conjunta con el Tercer Sector y el Tejido Empresarial, no exclusivamente entre políticos, ya que esto posibilitará cumplir con uno de los objetivos que proponía en mi Tesis Doctoral "sería necesario articular una ley general básica de servicios sociales, con un apartado concreto referido a la dependencia y a su atención sociosanitaria. Una Ley que estableciera un Sistema Nacional de Servicios Sociales, de Atención a la Dependencia y de Atención Sociosanitaria"


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