España parece un país de cachondeo. Una madre le quita a su hijo el móvil para que estudie y la Fiscalía pide nueve meses de cárcel para ella. De cárcel, sí, aunque al final se haya impuesto la lógica. El Tribunal Supremo condena a Francesc Homs a solo trece meses de inhabilitación por un delito de desobediencia grave en la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, o sea, por saltarse las leyes a piola y poner en jaque a todo un país. A Artur Mas, el otro pájaro independentista, el Tribunal Superior de Catalunya solo lo ha condenado a dos años de inhabilitación, en vez de encerrarlo por desafiar al Estado y reírse de la Justicia. A ver, que nos lo expliquen, porque si estos han cruzado ya todas las líneas rojas y cometidos delitos graves de manera reiterada, lo lógico es que estuvieran presos. Pues no, la que de verdad cometió delito, según la Fiscalía, es esa madre que seguramente le daría un sopapo a su hijo para que dejara de hacer el gilipollas y se pusiera a trabajar por su futuro. Un cachondeo no, lo siguiente, aunque el asunto no tenga ninguna gracia.