En el endiablado panorama actual de las negociaciones para formar gobierno hay aspectos estructurales y líneas rojas que parecen imposibles de superar, por lo que las conversaciones parecen abocadas al fracaso. Por muy elásticas que sean las actitudes, el veto recíproco de Podemos y Ciudadanos ennegrece el panorama. Hay un nudo gordiano que el nuevo Alejandro tendrá que desatar, y no se ve cómo podrá hacerlo, porque es enorme y complicado.
En mi opinión, la puerta de entrada a una posible coalición consistiría en algo relativamente sencillo, y para lo que estoy persuadido que Podemos y Ciudadanos, por razones distintas, no presentarían un rechazo frontal. Creo que no es necesario pedir a Podemos que renuncie a la convocatoria de un referéndum, igual que tampoco sería necesario que Ciudadanos renunciara al contrato único. Ambas son pretensiones legítimas e incluso defendibles, si recordamos que la independencia merecería una mayoría muy cualificada de votos, y el contrato único tiene tal capacidad camaleónica que el PSOE mismo estuvo a punto de incluirlo en su programa de 2011. No es necesario que renuncien a ellas, sino simplemente que las aplacen, digamos dos años al menos, o toda la legislatura si queremos actuar con tranquilidad.
Porque el plazo de gracia, a partir del cual ambos puntos programáticos volverían a reactivarse, serviría para algo más que para dejar pasar el tiempo y encontrarnos al cabo con la misma situación. Tendríamos un respiro para atender debidamente al problema básico de esta legislatura, básico al menos para el modelo de país que deseamos para España, y que es ni más ni menos que la reforma de la Constitución. Hay mucho que aclarar en competencias autonómicas, en reforma del Senado y las Diputaciones, en despolitización de la justicia. Sin embargo, hemos de recordar que para cortar el nudo no debemos andarnos por los extremos, sino atajar hacia el núcleo de los problemas, que es a mi modo de ver el modelo de Estado. Esos dos años, o esos cuatro en la mejor opción, habrían de ir dedicados a resolver el problema de las autonomías, y, de nuevo con el corte drástico hacia el fondo del nudo, lo que debemos abordar con prioridad y decisión es el problema de su financiación, el de quién ha robado a quién y el cómo hacer las paces duraderamente. Pues bien, el problema de la financiación autonómica es un problema de privilegios de unas regiones y celos cainitas pero justificados de otras. Privilegios de unas regiones, principalmente Euskadi, que en la actualidad tiene una balanza positiva con el resto del Estado, pues recibe más fondos de los que entrega, y que en todo caso no son de recibo en un Estado donde la igualdad es un valor superior de su ordenamiento jurídico. Hemos llegado al núcleo central de nuestro modelo de Estado, un problema empero cuya solución directa de suprimir el concierto vasco significaría tanto como desnudar a un santo para vestir a otro, pues relajaría a Cataluña pero Euskadi clamaría. No haría falta tocar el concierto vasco, porque lo realmente discriminatorio es el cupo vasco, o cuantía de su aportación a los gastos “comunes”, que no se ajusta desde hace años y es claramente beneficioso para la autonomía. Debería establecerse el mismo sistema financiero para todas las Comunidades, y un cupo universal a cuya virtud cada una de ellas aportara el mismo porcentaje de sus ingresos en función de un único criterio, simple o complejo, cuya cuantía podría quizá determinarse por un Senado convertido finalmente en cámara de representación territorial.
Estamos hablando de transferir competencias recaudatorias a todas las autonomías, pues de tal modo funciona el concierto vasco, pero no por ello hemos de rasgarnos las vestiduras pensando que crearíamos una hidra de muchas cabezas con otras tantas haciendas autonómicas: ya existen tributos cedidos, gestión recaudatoria y consejerías de economía y hacienda en todas las regiones, y en los Presupuestos del Estado figura un informe de la Inspección Central de Hacienda sobre la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas. No hay homogeneidad en los tributos cedidos, pero en ello consiste la discriminación: detalles muy sensibles en los que habrían de entrar los legisladores con tranquilidad y asesoramiento, y que me considero incapaz de desbrozar.
Termino con una idea de Alfonso Guerra en una conferencia reciente: se mostraba muy escéptico sobre el éxito de una futura reforma constitucional, pero recordaba cómo, cuando los padres de la patria redactaron la Constitución de 1978, nadie daba un duro por que llegaran a un texto definitivo. Y no obstante lo lograron, porque el borrador de aquella Constitución lo elaboró una reducida comisión de siete ponentes, capaces de alcanzar un texto limpio y equilibrado, sobre el que se pudo llegar a un resultado feliz.