La incomparecencia de la ministra de Trabajo en funciones, Fátima Báñez, en la comisión parlamentaria que investiga el fraude de las ayudas a la formación sigue coleando, algo que no debe sorprender lo más mínimo. Se unen en este caso dos cuestiones más que previsibles: por un lado, la reacción a lo que se ha interpretado como una falta de respeto al Parlamento andaluz; por otro, la sobreactuación para intentar sacar el mayor rédito político posible ahora que estamos en puertas de unas nuevas elecciones.
De partida, la ausencia de Báñez cabe interpretarla como una desconsideración institucional, pero ante todo es una torpeza política. La ministra esgrime un informe del Consejo de Estado y de la Abogacía General del Estado que subraya lo obvio, que un miembro del Gobierno central no puede estar sometido a una administración de inferior rango como es en este caso la andaluza. Pero de ahí a asegurar que hubiese sido una ilegalidad su presencia en la comisión media un abismo, porque una cuestión es que no exista el deber de comparecer y otra muy distinta interpretar esto como una obligación, especialmente cuando el propio presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, había confirmado su presencia e incluso había adelantado que su testimonio iba a aportar «muchas sorpresas».
La torpeza política viene por asociación, ya que al final el foco se ha puesto en la ausencia de la ministra más que en una comisión en sí que, como suele ser habitual en estos casos, va a aportar poco para clarificar los hechos. Esto sirvió en bandeja el argumento para el resto de partidos, que ahora están forzando la situación para elevar a la categoría de escándalo mayúsculo lo que ha sido una descortesía institucional.