Hoy, en El Correo de Andalucía se publica un artículo de fondo firmado por Ramón Reig que aclara el contenido del acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio sobre concesiones de licencias para televisiones locales –firmado por la presidenta, Susana Díaz Pacheco; y por el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios–, publicado en el BOJA número 122 del martes, 26 de junio de 2018.
En el artículo se van aclarando asuntos que resultan, al menos, inquietantes. Se indaga y se explica; se siguen y se alcanzan objetivos periodísticos de calado.
Parece que la administración autónoma ha obviado tanto las normativas como las consideraciones del propio Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). Por ejemplo, se han concedido dos licencias al mismo aspirante en diferentes demarcaciones mientras otros quedaban fuera (es el caso de El Correo de Andalucía TV) lo que representa una clara amenaza por posible posición de dominio que la CAA advierte como nociva para la sociedad andaluza.
La administración autonómica no ha considerado el problema de una concentración informativa que puede generarse y puede dañar el pluralismo al que tienen derechos los andaluces. Sencillamente, este criterio no ha sido aplicado. Y esa concentración afecta directamente a ese pluralismo necesario para que los individuos reciban información desde distintos puntos de vista que enriquezcan y soporten el criterio individual de las personas que forman el grupo.
Casos como el de las demarcaciones de Málaga, de Jerez de la Frontera o la de Cádiz, son algunos en los que se profundiza en un artículo que aclara parte de un problema que puede afectar de forma definitiva a las empresas del grupo de comunicación Morera & Vallejo.
En cualquier caso, cuando en un concurso sucede que se conceden 11 licencias para televisión local a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una comunidad de 16.000 personas en toda España, y se deja fuera un proyecto que solo en Dos Hermanas tiene audiencias muy superiores a esas 16.000 personas, algo no va bien.
No es necesario que algo sea ilegal para que no sea bueno. Existen muchas cosas que siendo legales no aportan nada a la sociedad o empeoran las condiciones de vida de las personas. Y siempre que las administraciones públicas toman decisiones deben mostrar un cuidado exquisito con el espíritu de las normas. Parece que esta vez no ha sido así.