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Vista general de Alcalá de Guadaíra desde el castillo. / Gregorio Barrera
La Junta de Gobierno de Alcalá de Guadaíra ha presentado el documento de trabajo del Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) de la localidad 2018/2023 en el que, tras un análisis técnico, se contemplan distintas líneas de actuación política para incentivar con ayudas y programas específicos que darán respuesta a la demanda de vivienda protegida y a las situaciones de emergencia habitacional.
Así, se plantean un total de 1.220 Viviendas de Protección en la ciudad en los próximos cinco años, con un movimiento económico de 21 millones de euros de los que algo más de doce millones se aportarían por las arcas municipales, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Alcalá de Guadaíra comienza analizando la disposición de viviendas de protección pública en base a los suelos previstos en el PGOU de Alcalá y a los desarrollos estimados, dentro del periodo de cinco años que figura en el horizonte de esta actuación del gobierno municipal, calculando así una cifra estimativa de 1.569 viviendas, 1.049 correspondientes al sector privado y 520 a la administración pública actuante sobre esta bolsa de suelo público que se contempla en el PGOU.
A partir de estas cifras se plantea una serie de actuaciones, para un conjunto estimado de 1.220 viviendas, sustentadas en dos pilares, concretamente, vivienda y rehabilitación sobre los cuales se ofrecen estructuras de trabajo en las que se abordan los objetivos de la acción, la programación temporal de las mismas, una evaluación económica, el número de viviendas a las que puede afectar, los beneficiarios de estas acciones, y los indicadores de seguimiento y evaluación, entre otras.
El punto de partida del conjunto de medidas que se contempla en el PMVS es la creación de la Oficina Local de la Vivienda para la gestión y ejecución del Plan, desde la que se realizará el desarrollo en la puesta en marcha de la convocatoria de planes periódicos del parque municipal de vivienda, la convocatoria de ayuda y seguimiento.
Asumirá las funciones de observatorio y concertación con la Junta de Andalucía y el Gobierno Central y propondrá los cambios necesarios en el planeamiento urbanístico, para la coherencia del mismo con la planificación de vivienda y suelo, entre otras funciones.
El Plan concreta en primer termino acciones relacionadas con la defensa de la vivienda, planteando la intermediación en las situaciones de familias afectadas por desahucios, con el objetivo de impulsar medidas de protección de las personas implicadas en procedimientos que conlleven la pérdida de la vivienda, además del trabajo de negociación para evitar esas situaciones.
De igual forma también se describe un programa de medidas para ayudar económicamente a los ciudadanos que han sido desahuciados judicialmente de su vivienda y se encuentren en situación de vulnerabilidad y riesgo social que les lleve a no disponer de medios económicos para acceder a una nueva. En estos casos el programa se articula mediante una colaboración público privada, con la constitución, por la Sareb y las entidades financieras como propietarias de viviendas disponibles, de fondos de viviendas para alquiler social.