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«No puedo gobernar con miedo a que me hagan otra moción de censura»

Entrevista a Lola Rodríguez, alcaldesa de Palomares del Río, que vuelve al consistorio año y medio después de sufrir una moción de censura

22 sep 2015 / 11:00 h - Actualizado: 22 sep 2015 / 11:28 h.
"Partidos Políticos","PP","Elecciones Municipales 2015"
  • La alcaldesa de Palomares, Lola Rodríguez, en su despacho durante la entrevista con El Correo de Andalucía. / A. P.
    La alcaldesa de Palomares, Lola Rodríguez, en su despacho durante la entrevista con El Correo de Andalucía. / A. P.

—Esta legislatura tiene un concejal más pero sigue en minoría, ¿teme una nueva moción de censura?

—Gobierno sin la presión y sin el miedo a que pueda ocurrir lo de hace un año y medio. Soy consciente de que tengo que dialogar, consensuar y conseguir el apoyo de otros grupos, pero nuestro proyecto lo queremos sacar adelante y éste no ha cambiado con respecto a antes de la moción.

—¿Cuál es su principal preocupación?

—La financiación. Cuando llegamos en 2011 había muchísimas deudas acumuladas, apenas teníamos presupuesto ni liquidez. Conseguimos refinanciarlas y sacar adelante los proyectos, pero cuando llegamos en junio, teníamos que empezar de cero. Porque no me puedo callar. Al día siguiente de tomar posesión, llegamos a las ocho al Ayuntamiento y a la hora nos estaban cortando la luz de varios edificios municipales por una deuda de 278.000 euros generada con la compañía eléctrica en año y medio. En noviembre cortaron algunos y faltaban la iglesia –que históricamente se ha pagado desde el consistorio–, el edificio del pensionista y se fueron para el Juzgado de Paz, pero ya estaba cortado. El polideportivo, por ejemplo, se mantiene enganchado a la red pública. No tenemos dinero para pagar la deuda, así que vamos pagando mes a mes lo que podemos y nos mantenemos, pero la siguiente amenaza no es cortar lo que queda –el consistorio– sino retirar los contadores. La función de los ayuntamientos no es amortizar deuda ni disminuirla, sino prestar servicios a los vecinos, así que es la administración que menos tiene que sufrir y de eso se tienen que concienciar el resto de administraciones.

—¿A qué destinan el presupuesto?

—El de 2015 todavía no está aprobado, lo estamos elaborando. Pero, básicamente, va destinado a pagar deudas, nóminas y, por supuesto, a cubrir la deuda financiera. En 2011 nuestra deuda era superior al 110 por ciento, ahora está en el 86 por ciento, pero así no hay forma de mantener el pueblo.

—¿En qué consiste su proyecto estrella?

—Tenemos un área de oportunidad al lado de la futura SE-40 que hay que desarrollar, pero para eso necesitamos inversores potentes, que creen puestos de trabajo y aporten riqueza al pueblo. La financiación que tenemos es mínima y a base de impuestos este pueblo no se puede mantener. Así que nos tenemos que apoyar en esa área de oportunidad industrial, siempre respetando el medio ambiente. No tengo interés en cambiar el modelo de población, quien todavía sigue manteniendo la calidad de vida de un típico pueblo del Aljarafe, lo que quiero es que crezca y desarrolle en justicia. De 100 euros que ingresamos de impuestos, 70 se van a pagar deuda. Tenemos que incrementar los ingresos y encontrar fuentes de riqueza en esa área de oportunidad. Pero no nos engañemos, es imposible hacerlo en cuatro años; es un proyecto a largo plazo.

—¿Reflotará la guardería municipal?

—La guardería era rentable cuando había 90 niños, pero a última hora solo quedaban 40. Se bajó el sueldo a las trabajadoras porque era desmesurado. Aun así el Ayuntamiento tenía muchas pérdidas y no nos lo podíamos permitir, así que no tuvimos más remedio que cerrarla. De todas formas era municipal entre comillas porque los padres pagaban como si fuera conveniada. Los únicos que pagaban la mitad eran los trabajadores del Ayuntamiento. Reabrirla fue una promesa del tripartito pero no han hecho nada, sino que han tenido de forma clandestina una escuela de taekwondo.

—¿En qué situación se encuentra el Juzgado de Paz?

—Tiene sobrecarga de trabajo y las instalaciones son precarias. Además, al pasar de los 7.000 habitantes tenemos derecho a que la Junta nos envíe un secretario judicial, que todavía no ha hecho. Nosotros no podemos ayudarles más porque no disponemos de medios y la Junta tiene la callada por respuesta desde hace tres años.


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