La concentración convocada este sábado en San Juan de Aznalfarache se había difundido como una cita cultural en apoyo al rapero Pablo Hasél. Y así ha sido. Proclamas políticas o sociales aparte, quienes se han reunido en la plaza Miguel Hernández se han centrado en pedir la libertad del rapero usando las armas de la música o la poesía.
Vigilados por una discreta presencia policial, solo algunas proclamas contra la monarquía han roto la dinámica del acto, convocado bajo el lema “Rapear no es un delito”, y organizada por Acción Antifascista, que señalaba en su cartel oficial que se celebraba “por la libertad de expresión” y “contra la represión a los artistas”.
Anunciado como “actuación de rap y recital de poesía”, el organizador, Fran Sánchez, explicaba al principio que que se había concebido en todo momento “como algo pacífico”, tras una semana en la que han podido ver situaciones violentas en varios puntos de España, “porque la gente está my harta, hay mucha pobreza en los barrios, y este chaval rapea por nosotros, por la gente de los barrios”.
“El entendimiento sería que saliese de la cárcel”
Preguntado sobre si todo lo que está pasando puede acabar en entendimiento, ha sostenido que “el entendimiento sería que saliese de la cárcel”, añadiendo que “no tiene sentido que la injuria a la Corona esté dentro del código penal”.
La cita se ha celebrado a pesar de la petición registrada en contra esta semana del grupo municipal de Vox en la localidad, cuyo concejal, Manuel Pérez Paniagua, pedía “un pronunciamiento de este ayuntamiento, a ser posible desfavorable, a permitir, patrocinar o fomentar, concentraciones de personas que no cumplan escrupulosamente las normas sanitarias”.
Así, reclamaba que se realizase “un manifiesto en el que quedase claro que San Juan de Aznalfarache es un pueblo que rechaza cualquier tipo de violencia, xenofobia y racismo, así como que es un municipio respetuoso con las instituciones democrática de nuestro estado, la justicia y las leyes”.
Desde el Ayuntamiento se ha indicado que su gestión se limitó a informar a la Subdelegación del Gobierno que la cita no provocaría problemas de tráfico, como así ha sido, además de recordar que no es función municipal impedir una actividad como esa, y si la Subdelegación la había autorizado, poco más se podía hacer.