Condenado a cárcel a un exalcalde de Los Palacios por las ayudas de la Junta para un centro ecuestre

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a catorce meses de cárcel al exalcalde de Los Palacios y Villafranca entre los años 2004 y 2011, Antonio Maestre, en una pieza separada del caso ERE por las ayudas por un montante total de 750.000 euros otorgadas por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de esta localidad sevillana para la construcción y puesta en funcionamiento de un complejo dedicado al desarrollo de actividades ecuestres.

En la sentencia, del día 15 de julio, el tribunal condena al ex primer edil como "cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas", y le impone un año y dos meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de dos años y nueve meses por el delito de malversación, así como un año y once meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación. 

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De igual modo, la Sección Primera condena a una interventora accidental del Ayuntamiento por los mismos delitos en concurso medial, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y la atenuante de reparación del daño, y le impone un año de cárcel y dos años y medio de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, así como un año y nueve meses de inhabilitación para empleo o cargo público por el delito de prevaricación. 

Delitos prescritos

Por último, los magistrados absuelven al también exalcalde de Los Palacios entre 1994 y 2004, Emilio Amuedo, de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, por los que fue enjuiciado al considerar que ambos delitos han prescrito. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.  

La Sección Primera considera probado que el exalcalde de Los Palacios Emilio Amuedo suscribió el 20 de marzo de 2003 con el entonces director general de Trabajo de la Junta un protocolo de colaboración por el que asumía el pago de seis millones de euros, como ayuda excepcional, a abonar en los ejercicios presupuestarios de 2003 y 2004, para la construcción y puesta en funcionamiento de un complejo dedicado al desarrollo de actividades ecuestres.

Este protocolo especificaba además que existía un plan de viabilidad para la ejecución del proyecto, “a cuyo cumplimiento se comprometía el Ayuntamiento en función de las ayudas disponibles”, añaden los magistrados, que subrayan que este plan de viabilidad “no aparecía unido” al protocolo “ni ha sido localizado”.

El Ayuntamiento recibió tres pagos por un importe total de 750.000 euros, el primero de ellos, de 50.000, en 2004, cuando aún era alcalde Emilio Amuedo. El segundo fue de 200.000 euros, y el tercero, de 500.000, ya en 2005, cuando era alcalde Antonio Maestre.

Los tres acusados "eran plenamente conscientes"

El consistorio recibió esos pagos “a pesar de que se había prescindido de una forma total del procedimiento legalmente establecido, ya que no se había seguido el trámite previsto para la concesión de subvenciones y ayudas públicas” por la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos.

Los magistrados consideran que los tres acusados “eran plenamente conscientes de que se había incumplido la legalidad en la concesión y recepción en el Ayuntamiento de la ayuda excepcional”, y que Amuedo y el exdirector de Trabajo sabían de la falta de tramitación de un expediente para la concesión de forma reglamentaria de la ayuda. Maestre "conocía" el protocolo como miembro del equipo municipal y después, como alcalde, "ejecutó las actuaciones necesarias para obtener el resto de cuantías concedidas".

El exalcalde condenado dictó el decreto que acordaba la aprobación del expediente de incorporación a los presupuestos municipales, de forma que se evitaba la devolución de las cantidades recibidas, aunque el centro ecuestre “no llegó a ejecutarse”.

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La acusación solicitó penas de cárcel e inhabilitación para los tres por delito de malversación y prevaricación

En el juicio celebrado el pasado mes de mayo, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular ejercida por el PP solicitaron para los tres acusados, como cooperadores necesarios en calidad de extraneus, cuatro años y un mes de cárcel e inhabilitación absoluta por once años por el delito de malversación, así como la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho años por el delito de prevaricación, en ambos casos con la atenuante de dilaciones indebidas. Asimismo, la acusación ejercida por la Junta de Andalucía pidió para cada acusado seis años y un día de prisión y quince años y un día de inhabilitación absoluta como autores de dichos delitos.