CONSUMO
Los más de 15.000 anuncios de pisos turísticos en Sevilla, en el foco del Ministerio de Consumo
El departamento que dirige Pablo Bustinduy avanza en su investigación de la publicidad de las viviendas turísticas que operan sin licencia, enviando una carta a todos los municipios de la FEMP para que le faciliten listados de estos alojamientos
Consumo anunció recientemente que perseguirá esta práctica, que en la capital andaluza afecta a la mitad de los pisos turísticos que se anuncian en las plataformas digitales más conocidas, como 'Booking' o 'Airbnb'
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Más de 15.000 anuncios de pisos ilegales de Sevilla en las plataformas digitales. / Jorge Jiménez
Nuevo frente abierto para regular el actual modelo de turismo de masas y en la lucha contra las viviendas de uso turístico que operan sin licencia. Mientras que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, no ha podido sacar adelante la normativa municipal para limitar los permisos en las zonas más tensionadas de la ciudad, asignatura pendiente del Ayuntamiento para septiembre por la falta de acuerdo con la oposición, el Ministerio de Consumo avanza en su investigación para combatir la publicidad de los pisos que operan sin licencia en las plataformas digitales líderes y consultadas por millones de usuarios en todo el mundo.
Consumo, cuyas competencias están en mano de Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha enviado una carta la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); de la que forman parte los algo más de 8.100 consistorios de España, para pedirles que identifiquen "aquellas viviendas que, aun no contando con la correspondiente habilitación para ser comercializadas como viviendas turísticas, estén llevando a cabo esta actividad en el municipio". "Consumo pone sus competencias a disposición de los consistorios para trabajar de forma conjunta en la identificación de viviendas no habilitadas para operar como turísticas", asegura el Ministerio.
Más de 7.000 anuncios de pisos sin licencia
Sevilla, en este caso, tiene una parte de los deberes hechos en este ámbito. En la capital hispalense, y según un estudio del propio área de Turismo, a través de la Smart Tourism Office, la mitad de los pisos turísticos que se anuncian en Airbnb, Booking, HomeAway o Tripadvisor, operan sin la licencia oficial de la Junta de Andalucía.
En concreto, del total de 15.299 anuncios publicitados en el mes de marzo de 2024 en estas webs, solo 7.595 de ellos forman parte del Registro de Turismo de Andalucía (RTA) con un permiso correcto y en vigor, tal como adelantó El Correo de Andalucía.
En Sevilla, según un estudio de la 'Smart Tourism Office', la mitad de los pisos turísticos que se anuncian en las plataformas más conocidas operan sin la licencia oficial de la Junta de Andalucía
El propio Bustinduy (Sumar) se refirió al avance de esta investigación en una entrevista para este periódico a finales de junio: "Esta semana, además, nos hemos dirigido a la Federación Española de Municipios y Provincias para proponer a todas las ciudades españolas que así lo deseen, que se sumen a esta investigación", afirmó.
![Pisos turísticos en Sevilla](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/12ccd697-42ba-4a93-8a82-adc48d52d399_alta-libre-aspect-ratio_default_0.jpg)
La mitad de los pisos turísticos de Sevilla que aparecen en las plataformas más populares no tienen licencia. / Jorge Jiménez
El ministro, eso sí, matizó que el estudio de su departamento sobre esta práctica ilegal se desarrolla en "el marco de sus competencias" y abogó por la cooperación institucional, como la que ahora mantiene con FEMP, para "hacer mucho más desde el resto de los niveles de la administración, y desde el resto de competencias que tienen los distintos actores institucionales".
Según Bustinduy, "la publicidad de viviendas que no dispongan de licencia para ese uso es una práctica comercial desleal según la Ley General de Consumidores y Usuarios y, por tanto, podría ser perseguida y sancionada".
Los grandes arrendadores y empresas, en la diana
La Dirección General de Consumo dispone de capacidad sancionadora desde el año 2022, por lo que tiene potestad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas, que "pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se podría sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido", según recoge un comunicado.
Estas prácticas, si llegan a considerarse infracciones graves, podrían suponer multas de hasta 100.000 euros
Esta acción llega después de que el Ministerio ya enviara requerimientos a plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre qué viviendas estarían incurriendo en esta infracción, pesquisas que ahora se podrían intensificar con la información que puedan aportar los ayuntamientos.
En este caso, el Ministerio hizo especial hincapié, apuntan desde Consumo, en "la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos, que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales con base al Artículo 47 de la mencionada norma".
"Importante impacto en el modelo de ciudad"
Por otra parte, Consumo señala en su carta a la FEMP el "importante impacto en el modelo de ciudad" que tienen las viviendas turísticas y "la necesaria colaboración que debe haber entre las distintas administraciones" para poder garantizar que se cumplen los derechos de los consumidores y usuarios, así como para velar por una competencia legal en un sector "que profundiza en la habitabilidad de las ciudades".
La regulación de este tipo de alojamiento, su control y, sobre todo, poner coto a los pisos ilegales se han convertido en un tema central del debate público y agenda política, tanto a nivel andaluz como nacional, ante el anuncio de poner fin a este tipo de recurso turístico en Barcelona y el anuncio de moratorias en Cádiz o Granada. Todo ello, ante el incremento generalizado del descontento y el malestar de los vecinos en las ciudades, que están protagonizando protestas cada vez más numerosas, como por ejemplos las últimas de Cádiz y Málaga, campañas en los barrios y las redes y distintas acciones para pedir cambios en el actual modelo de turismo masivo.
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