Luz verde definitiva a la segunda universidad privada de Sevilla, la CEU Fernando III

Ya hay alumnos en el campus de la CEU Fernando III, pero hasta hoy, el Consejo de Gobierno no le había dado el visto bueno al inicio de su actividad. Esta es uno de los cuatro centros universitarios privados que ha acreditado el Gobierno de Juanma Moreno desde su llegada a la Junta de Andalucía y se suma a la Universidad Loyola, creada en 2011.

En realidad, los alumnos comenzaron a llegar a la sede universitaria, sitiada en Bormujos, el pasado 11 de septiembre. La segunda universidad privada de Sevilla y la cuarta del grupo CEU en España cuenta en su currículum con 10 grados y seis dobles grados. A esta oferta se sumarán el próximo curso las carreras de la rama de ciencias de la Salud, como Medicina o Enfermería.

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha explicado este martes tras la reunión del Consejo de Gobierno que hasta el momento el centro ha organizado "cursos cero, pero no entrar en la nivelación" y ha señalado que su departamento recibió la documentación "la semana pasada". De esta forma, la Consejería ha aprobado el inicio de la actividad así como sus normas de organización y funcionamiento, y ha autorizado la implantación de enseñanzas universitarias y la creación de los centros que se encargarán de la gestión administrativa y organización de las mismas.

Villamandos defiende que no hay una tramitación "express" de las privadas

Según el rector de la Universidad, José Alberto Parejo, la institución se centrará en la "investigación, creación y transmisión de conocimientos". Aunque también señaló el primer día de clase que se esforzarán por transmitir a sus alumnos "los valores basados en el humanismo cristiano, que forman parte de nuestro ADN". De hecho, hace apenas unos días, el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, visitaba las instalaciones del centro para bendecirlo de cara al nuevo curso.

La aprobación de hasta cuatro universidades privadas en lo que va de año en Andalucía ha puesto en pie de guerra a los rectores de los centros públicos. El propio rector de la Universidad Pablo de Olavide, Paco Oliva, aseguraba en junio que "demás de ofrecer títulos redundantes, de dudosa calidad y con baja tasa de empleabilidad, estas entidades no cuentan con las infraestructuras y el personal mínimos para garantizar una docencia, investigación y transferencia del conocimiento acorde a la regulación actual" para, posteriormente subrayar que "ninguna excusa justifica seis universidades privadas en Andalucía".

Villamandos ha defendido su gestión y ha asegurado que no es una tramitación "muy express". Ha desgranado que el inicio del proceso se produjo durante la anterior legislatura y ha tardado cuatro años en cumplimentarse. Y, aunque ha lamentado que es pronto para conocer los resultados, ha señalado que "va a permitir que antes de irse a Murcia, se queden en nuestra tierra".

Nueva ley de universidades

Además, Villamandos ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al inicio de la tramitación de la nueva Ley de Universidades para Andalucía (LUPA). El consejero espera que la norma entre en vigor en 2025 después de su trámite Parlamentario. El objetivo de este reglamento es "mejorar y corregir", en palabras de Villamandos, los efectos de la ley de Universidades del Gobierno central.

La LUPA es, en palabras del consejero, "la mayor reforma normativa del sistema universitario en los últimos 30 años", para la que se ha contado con rectores, estudiantes, sindicatos, empresarios, entre otros representantes del sector. Villamandos la ha definido como "una ley moderna y competitiva" para hacer una "universidad eficaz".

Entre las novedades se encuentra "la retención y captación de talento" con la que la Junta quiere bajar la edad media de la estabilización del personal docente de 45 a 35 años. Además, se abre la puerta a que los profesores tengan una mayor interrelación con el sector privado y de la administración y da la posibilidad a las universidades a cambiar sus ofertas cada dos años.