Cárcel para el administrador de una antigua cantera por 10 años de vertidos contaminantes junto al Guadalquivir

El primer expediente sancionador tiene fecha de marzo de 2013. Desde entonces, Áridos Borbolí, una antigua cantera entre los municipios sevillanos de La Algaba y Guillena, ha ido acumulando todo tipo de sanciones por infracciones de distintas administraciones -delegación de Medio Ambiente de Junta, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o el propio Ayuntamiento de Guillena- que han formado parte del argumento con el que el juez de lo Penal número 2 de Sevilla condena a Juan C.V., uno de los administradores de la empresa, a dos años y seis meses de prisión por un delito contra el medio ambiente.

Además, la sentencia, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, obliga a la empresa "a restaurar en el plazo de un año el suelo en su estado original" de acuerdo con el plan establecido por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.

Hace años que las balsas de agua que dejó al aire la cantera abandonada, que ocupaba unas 50 hectáreas, se han convertido, según alertaban en su día Ecologistas en Acción -la plataforma que presentó denuncia ante justicia en 2013-, en un macrovertedero ilegal de todo tipo de residuos, que en condiciones normales deberían ser gestionados mediante un tratamiento específico (envases de pintura, de productos químicos, fitosanitarios, plásticos industriales, gomas, neumáticos, piezas de vehículos, colchones, electrodomésticos, uralita….) pero que simplemente se amontonaban sin más al aire libre. Su abandono en la naturaleza contraviene tanto las directivas europeas como la legislación nacional vigente.

La zona se encuentra en la pedanía de Torre de la Reina, muy cerca de los ríos Rivera de Huelva y del Guadalquivir, hasta donde llegaban los lixivados derivados de estos vertidos sin control alguno.

No fue así al principio. No al menos en el momento que que Áridos Borbolí obtuvo en 1990 la autorización de impacto medioambiental favorable, es decir, hace 34 años. La deriva de su actividad, lejos de ser la extracción de arenas, ha sido convertirse en un depósito en precario para la basura de toda la zona.

La restauración del entorno tiene un coste, como refleja la sentencia: 456.000 euros por el Servicio de Protección Ambiental de la Delegación de Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, detalla la sentencia. Sin embargo, la empresa pública Tragsa, en un informe de 2019 que también cita el juez, valora la restauración del suelo en casi cinco millones de euros (4,9 millones).

La empresa pública Tragsa, en un informe de 2019 que también cita el juez, valora el coste de la restauración del suelo en casi cinco millones de euros

La sentencia, con fecha de 8 de febrero, ha sido notificada ahora a las partes y contra ella cabe recurso.

Ecologistas en Acción impulsó la denuncia

Los vertidos remiten tan atrás en el tiempo que uno de sus principales denunciantes, Armando Cáceres, de Ecologistas en Acción, ha fallecido sin ver sobre un papel el fallo que condene a esta empresa por más de diez años de vertidos tóxicos de manera consciente y cuyas prácticas ocuparon titulares en los medios, atención en el Parlamento de Andalucía hace años y las quejas de vecinos de la zona, que denunciaron que hasta sus pozos de riego llegaban estos líquidos tóxicos.

Leticia Baselga, que trabajó junto a Cáceres, recuerda en conversación telefónica con este medio cómo en los suelos de lo que debería ser una cantera para la extracción de arenas se acumularon durante años todo tipo de basuras, pinturas, latas, escombros, lavadoras y electrodomésticos "sin autorización ninguna". "Había una garita de seguridad en la puerta y un peso para calibrar las basuras que depositaban allí", relata para certificar que la actividad era sobradamente conocida en el territorio.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, ya ordenó paralizar la actividad de esta cantera en 2021. Entonces, los técnicos de Medio Ambiente detectaron que la empresa no aportaba la documentación necesaria para la prórroga de la autorización. Con todo, apunta la sentencia, la empresa siguió "incumpliendo las órdenes de paralización y los requerimientos de restauración".

"Con el paso del tiempo y el cúmulo de nuevos vertidos de todo tipo ha generado un auténtico peligro al ecosistema del entorno"

"El desarrollo continuo de la actividad ilegal ha provocado que, lo que en un principio no constituyó un grave peligro de afectación del entorno medioambiental, motivo por el cual el fiscal archivó unas primeras diligencias de investigación tras recibir el informe requerido del Área de Calidad de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Gualdaquivir-, con el paso del tiempo y el cúmulo de nuevos vertidos de todo tipo haya generado un auténtico peligro al ecosistema del entorno", señala el relato de hechos probados.

Según la sentencia, el acusado "estaba llevando a cabo una actividad infractora de vertidos de residuos contaminantes, no solo en el terreno objeto de explotación inicial sino también en parcelas colindantes; actividades que según informe técnico tienen una capacidad de causar un daño sustancial a la capacidad de las aguas".

La Guardia Civil habló con el dueño de la cantera varias veces

Tales hechos, según detalla la sentencia, derivaron en "tres expedientes sancionadores por incumplimiento del proyecto de restauración y por continuar seguir realizando vertidos de residuos no autorizados", pesando el testimonio de un agente de la Guardia Civil del Seprona según el cual "en la cantera había una gran cantidad de escombros y basura, a los cuales le estaban tirando tierra por encima sin clasificar y ampliando cada vez el terreno".

Este agente habría declarado en el juicio que tras haber "hablado en todas las ocasiones" con el acusado como responsable de la empresa, el mismo no se preocupaba por el asunto, constatando este efectivo que "los vertidos de basura, pinturas o latas los hacían camiones que debía autorizar Juan para poder entrar en el terreno".

La sentencia señala además el testimonio de un agente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que "se personó en las instalaciones de la empresa para ver si se había cumplido el plan de restauración y confirma que es cierto se había rellenado un hueco, pero se seguían vertiendo residuos corno ruedas, neumáticos o latas de aceite".

Igualmente, menciona la comparecencia de otro testigo que explicó que observó en la cantera "trasiego de camiones y vertidos de residuos no autorizados, como "plásticos, palets y residuos de construcción", cuando en dicha instalación sólo estaban autorizados los volcados de "tierra vegetal y tierra propia de la excavación".