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El alcalde, Juan Espadas, y el portavoz del grupo socialista, Antonio Muñoz, en el pleno municipal. / Manuel Gómez
El debate del estado de la ciudad no quedó únicamente en el rifirrafe político. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, dibujó en su discurso de cierre algunas medidas que el gobierno local se pone de deberes para lo que queda de mandato.
El próximo curso el gobierno local aplicará en el Consistorio las 35 horas semanales que en su día incorporó el gobierno andaluz a sus funcionarios hasta que el Estado lo obligó a revocar la medida. El Ayuntamiento cuenta con el beneplácito del gobierno central para su puesta en marcha en el último trimestre de este año. Esta medida, como apuntó el alcalde, busca que los funcionarios «recuperen derechos» y además «se genere más empleo público con lo que conseguiremos dejar a un lado las retribuciones y podremos volver a contratar». Para ello, el Estado deberá modificar la ley que limita la dimensión de las plantillas, pues con la medida horaria, se generaría la necesidad del aumento de trabajadores municipales «y un cambio en las RPT» (Relación de Puestos de Trabajo). «Pero antes hay que revertir las políticas de Rajoy».
En segundo lugar, y con idea de «mejorar la realidad de los barrios más desfavorecidos de la ciudad», el Ayuntamiento ha solicitado 10 millones al Fondo Social Europeo para poner en marcha un nuevo programa de formación para el empleo dirigido a las zonas con necesidades de transformación social. «Porque esto es atajar los problemas desde la raíz y no solo planteando ayudas», dijo Espadas, quien apuntó que está en su intención «recuperar la red de formación para el empleo que el PP desmanteló» en sus años en la Alcaldía. En concreto, el plan cofinanciado entre Europa y el gobierno local (80 y 20 por ciento respectivamente), tendrá una aportación de dos millones por parte de las arcas municipales.
Por último, el regidor hispalense abrió la puerta a una posible inversión del superávit municipal. Y es que el último ejercicio cerró con un remanente de tesorería positivo de más de cien millones. De ellos, se emplearon ya 8 millones para a abonar las facturas procedentes de ejercicios cerrados, es decir, de años anteriores.
Ahora, el alcalde se plantea recurrir de nuevo a estos fondos para invertir. Aquí es donde el gobierno local está dedicando especial empeño pues el Ministerio de Hacienda permite dedicarlas a proyectos que se cataloguen como «financieramente sostenibles». Es decir, que deberá hilar fino para salvar el restrictivo marco normativo que se diseñó durante la etapa de Montoro. Además, el equipo de Espadas deberá negociar con la oposición los proyectos a los que se destinarán los 15,6 millones que quiere dedicar a inversión. En concreto, el planteamiento que tiene sobre la mesa el alcalde pasa por gastar unos 7 millones para un programa de inversión en los barrios a través de los distritos. Otra partida de 2,5 millones será para la mejora de instalaciones deportivas; 1,5 millones se llevará para el ICAS con la intención de plantear de nuevo la compra de la casa Cernuda, entre otros proyectos. Habrá dinero para el Alcázar –la adquisición de alguno de los inmuebles del Patio de Banderas o el proyecto para la apertura de la cripta–; para la compra de vehículos de Tussam; así como para un programa de modernización municipal.