La crisis sanitaria actual ha ratificado la brecha sociolaboral entre los distintos empleos y perfiles de los trabajadores, tal y como se observa en el cuidado del hogar. Esto supone un grave problema para las personas que se encuentran en situación irregular administrativa. Muchas de las mujeres trabajadoras del hogar trabajan de forma interna, sin saber si percibirán el salario de los días trabajados, e incluso otras han sido despedidas directamente y se encuentran desamparadas al no estar dadas de alta en la Seguridad Social. Esta situación ha provocado que las asociaciones de empleadas del hogar se hayan organizado para reivindicar los derechos de todas estas mujeres, además de exigir al Gobierno la regularización de las personas inmigrantes.
Para Jacqueline Amaya, presidenta de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla, la mayor preocupación se cierne sobre las mujeres que no tienen documentación y que se han quedado sin trabajo. Asimismo, hay mujeres que son el sustento de la familia, por lo que la falta de trabajo durante la situación actual supone un hándicap para cubrir sus necesidades básicas. Algunas de ellas han continuado yendo a trabajar, exponiéndose durante todo este tiempo en los trayectos del transporte público y en el contacto con las familias a las que cuidan, en muchos casos personas mayores.
La vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes
La falta de reconocimiento del trabajo de las mujeres en el empleo del hogar ha provocado que sean un colectivo invisible durante la crisis sanitaria. «La pandemia ha evidenciado que hay economía sumergida en este sector», comenta Jacqueline Amaya. Tanto mujeres que poseen documentación como las que no, han trabajado sin contrato o cotizan menos horas de las trabajadas realmente, por lo que ahora no tienen el mismo derecho a la prestación que el resto de los trabajadores.
Estela Aguirre, responsable del estudio «Mujer inmigrante y empleo de hogar: Situación actual, retos y propuestas» de la Federación de Mujeres Progresistas, comenta que esta situación se ve agravada por el incumplimiento de las condiciones laborales pactadas. «Ellas no tienen otra alternativa que no sea aceptar, sobre todo si no pueden recibir el subsidio por desempleo. En cuanto dejan un trabajo, deben encontrar rápidamente otro y en el caso de que sea una mujer interna, se puede dar la situación de que tenga que buscar empleo y casa a la vez, sin ningún derecho a la prestación, lo que es tremendamente injusto y las sitúa constantemente en el territorio de la vulnerabilidad extrema», añade.
Las mujeres en situación irregular administrativa que trabajan como empleadas del hogar tienen que permanecer un periodo mínimo de tres años en España para poder pedir un permiso de residencia y de trabajo por arraigo social. «Lo que se traduce en la inexistencia de estos empleos y del alta de estas mujeres en el Sistema Especial de Empleadas de Hogar, con las consecuencias evidentes en lo que se refiere a la cotización», indica Aguirre.
Asociaciones de trabajadoras del hogar y cuidados como SEDOAC, estiman que un tercio de las mujeres inmigrantes empleadas del hogar trabajan de manera irregular, aumentando la situación de vulnerabilidad. Según Aguirre, «en este contexto de irregularidad y ante una ley que regula las condiciones de trabajo del empleo del hogar de manera tan laxa, las condiciones en las que desarrollan su trabajo son, en muchos casos, abusivas, manteniéndolas en el anonimato y soportando todo tipo de incumplimientos en lo que se refiere a sus derechos laborales». De hecho, Aguirre explica que la mayoría de estas mujeres «trabajan muchas más horas de las que reflejan sus contratos, por salarios incluso por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y, en múltiples ocasiones, incumpliendo muchos de los aspectos que regula la normativa. Las inspecciones de trabajo son prácticamente inexistentes, los mecanismos de denuncia son insuficientes y la facilidad de despido impide que las mujeres se animen a denunciar las situaciones de abuso a las que se ven expuestas».
«No conocen lo que es una jornada de 8 horas»
Otro aspecto son las consecuencias que sufren estas mujeres en situación irregular por la precariedad laboral del sector. Como expresa Estela Aguirre, «las amplias jornadas de trabajo, que en el caso de las internas supone prácticamente las 24 horas al día, imposibilitan disponer de tiempo para la búsqueda de trabajo en otro sector o poder seguir formándose. Además, impide cualquier posibilidad de conciliación personal o familiar. Muchas mujeres dejan a sus familias en los países de origen o tienen que hacer verdaderos malabares para conciliar. No conocen lo que es una jornada de 8 horas, llegando a trabajar hasta 10 o 12 horas incluso de manera externa, con la carga física y psicológica que ello conlleva. Cuando se encuentran en circunstancias de irregularidad administrativa la precariedad se intensifica, exponiéndose mucho más a situaciones de vulnerabilidad ante la imposibilidad de poder denunciar abusos por el miedo que la situación les provoca».
A esto se suma la dificultad que tienen estas mujeres para convalidar los títulos de los estudios que han cursado en sus países, un problema más en su inserción laboral. «Las gestiones burocráticas junto con los gastos, tanto monetarios como de tiempo que conllevan, hace que sea extremadamente difícil la convalidación, obviándose totalmente su perfil profesional y académico en España. Muchas de ellas comentan que el empleo del hogar y de los cuidados es de las pocas alternativas de trabajo que tienen en nuestro país, al menos al principio, y cuesta salir de él», destaca Aguirre.
Sin derecho a prestación por desempleo
El Gobierno ha establecido un Subsidio Extraordinario para Trabajadores del Hogar y de Cuidados para aquellas mujeres que estén dadas de alta en el Sistema Especial. Sin embargo, muchas trabajadoras no pueden percibir estas ayudas por su situación irregular. Tal como estima Estela Aguirre, este subsidio deja fuera a un 40% de las trabajadoras del hogar que no han estado cotizado por encontrarse en situación irregular o por estar dadas de altas menos horas de las que trabajan realmente.
Cristina García, secretaria de Igualdad y Juventud de UGT Andalucía, comenta la imposibilidad de ayudar a las mujeres inmigrantes que acuden al sindicato, ya que las medidas del Gobierno no contemplan prestaciones para ellas. «Alabamos estas ayudas, pero se ha hecho tarde y sin tener en cuenta a todo el colectivo de empleadas del hogar, además de otras cuestiones como el tema de riesgos laborales y la falta de protección», afirma García.
No obstante, las trabajadoras del hogar que sí están dadas de alta en la Seguridad Social no cuentan con una situación mucho mejor que aquellas mujeres en situación irregular. La falta de acceso a Internet, el desconocimiento de las tecnologías y la ausencia de un ordenador o certificado digital son algunos de los problemas que presentan las empleadas del hogar, ya que la solicitud de estas ayudas debe realizarse de manera telemática. Por ello, las asociaciones reclaman que el trámite se pueda hacer de forma presencial, para que todas las trabajadoras puedan solicitarlo y agilizar el proceso. Además, el subsidio extraordinario no han podido solicitarlo hasta el 5 de mayo, 50 días después de dejar de trabajar y sin actividad en muchos casos. «Muchos colectivos han tenido que crear ‘cajas de resistencia’ basadas en la solidaridad migrante y feminista para poder dar apoyo a estas mujeres que se han quedado sin empleo y que aún no han recibido ninguna prestación», agrega Aguirre.
En cuanto a la conciliación familiar de las propias trabajadoras, Cristina García invita a reflexionar sobre el «doble trabajo» de estas mujeres. «¿Quién cuida de su familia o de las personas a cargo? ¿Quién hace las tareas de su hogar?». Muchas de las trabajadoras que cotizan en el régimen especial, además de no tener derecho a desempleo, asumen también la responsabilidad de hacerse cargo de sus familias o personas dependientes.
Otro problema que han tenido muchas trabajadoras del hogar al inicio del Estado de Alarma ha sido la falta de acceso a equipos de protección individual (EPI), por lo que el riesgo de contagio era mucho mayor para las empleadas que no estaban internas en los hogares. Según Sylvia Villalba, responsable del área de mujer migrada de la Asociación Claver, una de las carencias del sector es «la falta de reconocimiento en cuestiones de riesgos laborales», por lo que la trabajadora del hogar queda «desamparada» ante cualquier situación.
«Todo depende de la buena voluntad de la persona que te contrata»
Una de las principales demandas de las empleadas domésticas y los sindicatos es que el Gobierno ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por 25 Estados, entre los que se encuentran Alemania, Italia, Portugal, Bélgica y Finlandia, pero no figura España. Este convenio plantea un consenso de mínimos sobre el trabajo decente para las trabajadoras del hogar, que supone ampliar los derechos de estas profesionales, la inmensa mayoría mujeres. El Gobierno español ya anunciaba en 2018 su intención de ratificarlo y Estela Aguirre afirma que «es una de las grandes proclamas que llevan persiguiendo los colectivos de mujeres empleadas de hogar, unas condiciones mínimas que les aseguren poder realizar su trabajo en condiciones dignas».
Reivindicación del convenio 189 durante la manifestación del 8-M. / Asociación de Empleadas del Hogar de Sevilla
«Aunque muchos de los aspectos abordados en el convenio ya se incluyen en la normativa española, el problema se focaliza en el incumplimiento de la legislación por parte de los empleadores y las empleadoras. Todo depende de la buena voluntad de la persona que te contrata. De aquí se desprende la necesidad de realizar inspecciones de trabajo dentro del sector y de facilitar un sistema de denuncias ante el incumplimiento de las condiciones laborales», señala Aguirre.
Medidas para las personas en situación irregular
Para combatir la irregularidad administrativa, la Asociación Claver de Sevilla ha elaborado un decálogo con propuestas y medidas que sirvan para atender a las personas que están en situación irregular, entre las que destacan la concesión urgente de las autorizaciones iniciales de residencia por razones humanitarias y la flexibilización de las renovaciones de documentos de residencia y trabajo. Sylvia Villalba sostiene que la falta de documentación deja a las mujeres en una situación de vulnerabilidad ante posibles abusos. Por ello, desde la asociación solicitan una regularización urgente que garantice los derechos y posibilidades de acceder al empleo.
Las empleadas del hogar en situación irregular atraviesan por desigualdades de género, de clase y de estatus migratorio durante su trayectoria profesional. Según Aguirre, esta situación provoca que las mujeres migrantes se «mantengan en la precariedad y en la vulnerabilidad durante mucho tiempo». Por ello, «hay que sensibilizar a la población y esto tiene que venir de la mano de un Gobierno que reconozca el trabajo de los cuidados y, en concreto, el trabajo que la mayoría de los hogares tiene que externalizar por la falta de políticas ‘que pongan la vida en el centro’ y que las mujeres migrantes están cubriendo. Se deben reconocer los cuidados como uno de los pilares básicos de nuestras sociedades y como motor de nuestra economía. Debemos dignificar las condiciones de trabajo de las mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados», añade Aguirre.
Las trabajadoras del hogar en situación irregular se enfrentan desde hace años a numerosos problemas que la crisis sanitaria actual ha dado a conocer. Es un sector precario en cuanto a derechos se refiere, pero necesario y digno en el presente y futuro. Hay que concienciar a la sociedad y dar opciones laborales a estas mujeres que dan cada día lo mejor de ellas en el empleo del hogar, pese a que, en ocasiones, sufren muchas vulneraciones en sus derechos.