Proseguimos con la ronda de entrevistas del ámbito educativo poniendo punto y seguido en el sector de la concertada. Hoy hablamos con Rafael García Porras, secretario regional de Escuelas Católicas de Andalucía, organización patronal líder en la comunidad autónoma, de la que dependen el 95% de los centros concertados andaluces.
Nacido en Granada, aunque residente en Córdoba, es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Granada. Desde el año 1985 es docente en el Colegio Cervantes (Hermanos Maristas), donde ha sido profesor, jefe de estudios y director. Para los Hermanos Maristas ha trabajado en diferentes funciones desde que dejó la dirección, desde coordinador de Calidad, a delegado de Educación y de Recursos Humanos de todos los centros educativos de la Provincia Marista Mediterránea (España, Italia y Líbano). Desde el pasado año, es secretario regional de esta organización patronal.
-¿Qué papel juega Escuelas Católicas como patronal de la enseñanza concertada?
Fundamental e imprescindible. Escuelas Católicas es una organización patronal que agrupa casi 400 centros concertados, todos de inspiración católica, y cuyos titulares -más de 100- son instituciones o fundaciones religiosas o diocesanas. Somos la mayoría de los centros concertados en Andalucía. Por lo tanto, cualquier decisión o acuerdo debe contar con nuestra presencia.
¿Por qué cree que algunos sectores critican que el 95% de la enseñanza concertada en Andalucía esté controlada por la Iglesia Católica? ¿Qué buscan con ello?
La crítica y el análisis siempre es positivo, pero la historia es la que marca la realidad presente. La Iglesia aceptó el reto de la educación cuando se le pidió. Podemos criticar cuanto deseemos, pero debemos también aceptar la realidad. Por otra parte, la educación concertada está en manos de titulares de inspiración católica porque así lo desean nuestras familias. Somos, en su mayoría, centros educativos muy demandados. Si la población en Andalucía no quisiera esta situación, la habría solucionado sin problema, porque podría elegir otro tipo de oferta educativa.
Los titulares de inspiración o identidad católica buscan llegar a todo el mundo; de hecho, nuestros centros están repartidos por toda Andalucía y el 52% se encuentran en zonas rurales o fuera de las capitales de provincia. No somos una educación de élite. Proponemos un ideario y una identidad a toda la población andaluza sin excepción.
Por último, no sé qué pueden buscar, habría que preguntarles a los sectores que critican esta situación.
-La apuesta por la concertada de la Junta de Andalucía, ¿es testimonial o ve que sea efectiva?
Me hace una pregunta difícil para una respuesta complicada. No podemos juzgar el trabajo de la Consejería, ni la de ahora ni la de momentos pasados incluso con administraciones políticas diferentes, con valores absolutos. Ha habido y hay de todo. Confiamos plenamente, esto es, tenemos una gran esperanza depositada en la actual administración -como hicimos en el anterior gobierno-, para que esta apuesta a partir de ahora sea efectiva, que cumpla lo prometido y nos considere como debemos estar considerados, como iguales a los centros de titularidad pública, con los mismos derechos, no solo con las mismas obligaciones.
-¿Cómo ha sido la primera toma de contacto con las actuales consejera y viceconsejera?
Esperanzadora. Nos recibió a inicios de septiembre junto al resto de miembros de la mesa de la concertada. Allí les hablamos de esperanza, de ilusión y de compromiso por la educación. Ahí se quedó. Esperamos una llamada para poder seguir dialogando. Sabemos que han recibido ya a otras organizaciones, al menos la viceconsejera.
-Le pregunto lo mismo que a los líderes sindicales. ¿Existe complejo de inferioridad en el trabajador de la concertada?
Yo soy trabajador de la concertada, siempre he desarrollado mi labor educativa en centros concertados. Y te puedo asegurar, sin posibilidad de error, que los trabajadores de los centros concertados no se sienten inferiores a los de titularidad pública ¿Por qué hay trabajadores que se marchan de la concertada a la pública? Por las condiciones laborales sin duda. Pero esto es fruto de una desigualdad en el trato por parte de la administración pública. Si la administración nos diera los mismos recursos que a los centros de titularidad pública y, por tanto, a sus trabajadores, no habría apenas fuga de la concertada a la pública. Podría ocurrir exactamente lo contrario. Pero complejo de inferioridad, no. Discriminación, sí.
-¿Y por qué crees que aún pervive este estigma?
El artículo 3 de la LEA (ley aprobada en el gobierno de Susana Díaz), afirma claramente que la educación pública en Andalucía está formada por los centros de titularidad pública y los centros concertados, ambos financiados con fondos públicos. En cambio, el trato desde la administración a los centros ha sido dispar y discriminatorio con relación a los centros concertados. No tenemos la misma dotación de recursos ni humanos ni económicos. Esto ha hecho que los trabajadores, al igual que los centros, se hayan visto discriminados en el trato y en la relación. Esto tiene que acabar. Cuando acabe, acabará este “estigma” del que habla.
-¿Subsidiarios o complementarios de la pública?
Esta vieja disyuntiva no tiene razón de ser. Está alimentada por un concepto de la educación trasnochado y que ni siquiera admite comparación en los países de nuestro entorno. Las redes de centros de titularidad concertada y titularidad pública, como dice el art. 3 de la LEA (Ley 17/2007 de 10 de diciembre), son absolutamente complementarios, para bien de nuestros jóvenes, de nuestros niños y niñas andaluces ¡Ya ha llovido desde 2007 para que alguno siga dándole vueltas! Lo que tenemos que hacer entre todos es mejorar el servicio educativo para la ciudadanía andaluza, sea quien sea el titular del centro, siempre que se ajuste a la ley y a la normativa establecida, evidentemente.
-¿Qué le falta al trabajador de la concertada para estar bien valorado por la administración?
Lo acabo de decir anteriormente. Justicia en la equiparación entre centros. Los trabajadores de la enseñanza concertada parten de unas carencias evidentes frente a los trabajadores de la enseñanza de titularidad pública. Pero conseguirlas no es la panacea. Hay muchos frentes en los que avanzar para mejorar la educación en Andalucía y por consiguiente las condiciones laborales de todos los trabajadores de la educación. Mejoras que, sin lugar a dudas, redundarán en el servicio y las alumnas y alumnos andaluces.
-¿Cómo podría mejorar la estabilidad laboral en la educación concertada? Actualmente, para muchos docentes, es el paso previo al ingreso en la educación pública...
Error. Si algún trabajador aspira a trabajar en la pública, que no pierda el tiempo ni lo haga perder a los titulares de los centros concertados. Que se prepare desde primera hora por trabajar en un centro de titularidad pública si en él se siente más cómodo.
Con todo, la estabilidad laboral -principal conquista de los trabajadores de la enseñanza pública- en los centros concertados, debe nacer de una mejora en las dotaciones horarias a los centros de titularidad concertada. Las mismas que los centros de titularidad pública. Entonces, las condiciones que se podrán ofrecer serán las mismas. El problema actual viene porque desde los centros de titularidad concertada no podemos ofrecer la misma estabilidad, ya que no se tienen los mismos recursos.
Con todo, las plantillas de los centros concertados cada vez son más estables y seguras. Apenas se registran movimientos bruscos de cambio, porque la estructura de los centros apenas cambia. La demanda social es mayoritaria, por consiguiente, los centros se mantienen. No hay en general cambios de unidades. Podría haber más estabilidad si se avanzara en igualdad en cuanto a plantillas y dotación de recursos.
-¿A qué dedicaría Escuelas Católicas una mayor partida presupuestaria para el aumento de plantillas?
Otra pregunta difícil de complicada respuesta. Escuelas Católicas es una organización patronal y puede aconsejar a sus titulares un modo de actuar. Pero cada titular actúa con independencia y autonomía.
Los acuerdos marcan los modos de proceder. Es evidente que hace falta una mayor partida presupuestaria para aumentar las plantillas y que los centros concertados tengan las mismas opciones que los centros de titularidad pública. “Abramos el melón” del acuerdo y pensaremos entre todos cómo hacer las cosas.
He dicho que la pregunta es difícil y la respuesta complicada. Pero en primera instancia, la respuesta es evidente. Una mayor partida para aumentar las plantillas se dedicaría en aumentar las plantillas. El problema es cómo hacerlo para que todos ganemos y la administración pueda ir aumentando el presupuesto sin desequilibrarlo. Empecemos a caminar con un objetivo marcado (la equidad en la dotación de recursos) y ya veremos.
En otras comunidades autónomas se ha hecho, con administración del Partido Popular y actualmente con el PSOE. Lo que es bueno para la educación de todos los niños y niñas, no tiene matiz político. Puede que se avance más con un partido que con otro, pero lo que es bueno, al final, se consolida, esté la facción política que esté en el poder.
-¿Cree que la legislatura pasada, como indican muchos actores sociales, fue una legislatura casi perdida?
La legislatura pasada no puede indicarnos nada. Fue una legislatura marcada por una pandemia a nivel mundial. Lo urgente se impuso a lo importante. Y la administración salió del problema de manera más que honrosa. No quiero olvidar a los titulares, equipos de dirección de los centros, profesorado en general y personal de administración y servicios que estuvieron a la altura. Pero el liderazgo de la administración fue evidente y de agradecer. No puede afirmarse que la legislatura pasada fue perdida, es que no se pudo hacer apenas nada. Para colmo de males, la Consejería sufrió en sus carnes la enfermedad y la muerte del Consejero, don Francisco Javier Imbroda. No recuerdo ninguna Consejería de la administración de la Junta de Andalucía en su historia que haya sufrido la muerte de un Consejero estando en su desempeño.
A pesar de todo esto, la confianza que los centros concertados depositamos en la pasada Consejería de Educación fue total. Pero no se inició bien. Antes de la pandemia no se nos dio lo que se había prometido en campaña electoral. En este sentido sí podemos decir que fue una legislatura casi perdida. Por esta misma razón, tenemos depositada toda nuestra esperanza en esta que iniciamos.
-¿Cómo fue Javier Imbroda como consejero?
Llevo en mi puesto apenas un año. Demasiado poco tiempo para juzgar la labor de Javier Imbroda, que en paz descanse. Con todo, creo que hizo lo que pudo dentro de su situación personal en primer lugar, y al encontrarse con una pandemia en segundo lugar.
Con todo, la percepción que teníamos dentro de la organización es que había cambiado la cabeza, pero no el cuerpo. A veces, desgraciadamente esto ocurre en educación, se legisla y se gobierna más con instrucciones que con leyes y normas. Para que haya un verdadero cambio en la educación en Andalucía, deben cambiar los objetivos, los conceptos y las estructuras de la Consejería y esto no es solo poner o quitar Consejeros, cambiar nombres o títulos a las secretarías generales y direcciones generales. Se precisa de una transformación más profunda, que en muchos casos tiene más que ver con la estrategia y los fines de la educación, que con mover piezas.
-¿Es la educación privada la principal amenaza de la educación concertada?
¿Por qué? La educación privada es una oferta más para las familias andaluzas. En todo caso, cambiaría el sujeto por el atributo de la copulativa: ¿Es la educación concertada la principal amenaza de la educación privada? ¿Cómo se puede actuar si en nuestros objetivos está favorecer a la enseñanza privada? Quizá, atacando a la concertada. Eso explica que la organización más pro privada (CICAE) se una a la organización más pro pública (CEAPA) para atacar a la Concertada o a las decisiones que subvencionan la educación infantil de primer ciclo.
A pesar de esto, desde nuestra organización consideramos la enseñanza privada como una oferta totalmente válida e imprescindible para que las familias tengan libertad de elección de centros.
-Cuando se sienta con representantes de la educación pública, ¿cómo es el clima de convivencia?
Hasta ahora no me he sentado de forma bilateral o en una mesa de trabajo. Por nuestra parte, desde luego no existe ningún tipo de idea preconcebida. Esperamos que desde la educación de titularidad pública tampoco la haya. Cuando hablamos de temas comunes como la escolarización, el celo surge de ambas partes, pero eso es un error. El objetivo debería ser la mejora del servicio educativo, no la supervivencia de ambas redes, que por otra parte, debería estar garantizada siempre.
En otras comunidades autónomas esto no es un problema, en primer lugar porque la enseñanza con centros de titularidad concertada tiene mayor peso, pero además porque la Consejería, y me refiero especialmente al País Vasco, siempre dio igualdad de trato a las dos redes. Esto ha permitido que se atienda a lo importante: la educación de los niños y niñas, y no a lo accesorio.
-¿Son los inspectores justos con los colegios concertados? Las atribuciones docentes han sido muy restrictivas.
No es justo focalizar el problema en el servicio de inspección. Hay que tener una mirada desde una posición superior. La legislación y el nacimiento de las atribuciones docentes nace con el objetivo de facilitar, pero cuando no se regula adecuadamente, surgen estos problemas. Especialmente se vive en un clima de inseguridad jurídica en torno a esta cuestión que impide a los centros contratar adecuadamente.
No hay que olvidar que al no poder contratar de forma inmediata una baja por incapacidad temporal o por cualquier otra razón, los perjudicados son los alumnos. Esta es la clave que a veces se olvida o que no se tiene en cuenta, que el problema está en la herramienta y está dificultando la atención directa a los alumnos. La norma impide su propio cumplimiento. La Consejera actual, doña Patricia del Pozo, nos pidió un informe para la mejora de la burocratización y vamos a enviar un documento en donde se precisa todo esto.
Anteriormente, la relación entre la administración y los centros era una relación de confianza basada en el art. 60 y siguientes de la LODE. El titular contrataba con los criterios de mérito y capacidad descritos en la norma, y el servicio de inspección visaba las titulaciones de los contratados. Había errores de los titulares, que podía subsanarse fácilmente en este clima de confianza mutua.
Con las atribuciones docentes, y este no era el objetivo de la norma, el servicio de inspección se ha podido convertir, sin desearlo, en un servicio de control y de visado de las contrataciones, hasta el punto de impedir la flexibilidad y la agilidad que aportaba el sistema anterior. No tenemos que volver atrás, excepto en el clima de confianza mutua. Las adscripciones docentes pueden ser un elemento facilitador. Me vuelvo a remitir a las comunidades autónomas donde han funcionado.
-Hablemos de los conciertos educativos del Bachillerato. ¿En qué punto se encuentran?
Desearíamos haber avanzado en este tema. Lamentablemente no es así. Por cierto, hay otro error de partida: el concierto de bachillerato no reduce la oferta de la pública ni su alumnado. Los centros concertados con bachilleratos no concertados, que aspiran a este concierto, no desean arrebatar alumnos a los centros públicos, los alumnos ya están en nuestros centros, no tienen que venir de ningún lado. Lo único que ocurre es que se impide que una familia que ha optado por una identidad, un carácter propio o un centro educativo, tenga que desplazar a sus hijos a otros por razones económicas.
Normalmente, y le hablo desde la experiencia, las familias hacen un gran esfuerzo para mantener a sus hijos en nuestros centros o se marchan a otros centros con concierto. Es mínimo el número de alumnos que huyen de la concertada a la pública. Pero esto no lo ve la administración. Además de ser una línea roja que los sindicatos y organizaciones de los centros de titularidad pública han colocado. De forma errónea desde nuestro punto de vista, pero ellos saben que cuando a las familias se les da la oportunidad de libremente elegir centro, eso no tiene vuelta atrás. Basta ver lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana o Murcia. La administración no ha podido volver atrás, aunque en un principio el Consejero de Compromís así lo deseó. Sencillamente porque cuando se consiguen derechos, eso es irreversible.
La falta de atención a las familias que desean el concierto está anquilosando a la administración, pero el partido popular se ha comprometido a su avance: es la segunda vez que lo introducen en campaña y difícilmente pueden seguir negando lo que ellos han prometido. Se necesita valentía para cumplir los compromisos.
-¿Qué respuesta podría dar la Junta de Andalucía a las nuevas exigencias de la Formación Profesional en el caso de los centros concertados, habiendo una enorme diferencia, en lo que a financiación respecta, con respecto a la pública?
Exactamente igual que con las otras etapas. Es una realidad que el futuro de la educación pasa por la formación profesional. Es una demanda social que hay que cumplir. Se puede cumplir de dos formas desde una óptica de avance de derechos públicos, favoreciendo la oferta de familias competitivas y con expectativas laborales o de una forma desordenada que no cumplan las expectativas. Esto por un lado, y por el otro para equilibrar la oferta, admitiendo a la enseñanza concertada como parte de la oferta pública educativa -vuelvo a recordar el art. 3 de la LEA- o solo a la pública.
Lo razonable es que se realice teniendo en cuenta los dos criterios, ayudando para que la oferta sea de todos los titulares y redes y haciendo especial hincapié en que la oferta atienda a familias profesionales con expectativas laborales de futuro según su contexto. No puede ser la misma oferta en Nerva que en El Ejido. Estructuras industriales y de trabajo distintas, ofertas distintas. ¿Quién? Todos los titulares. Le aseguro que dentro de los titulares de Escuelas Católicas hay instituciones que llevan en su ADN la formación profesional como Salesianos, la Fundación SAFA, la Fundación Sopeña o las religiosas de María Inmaculada, por poner algún ejemplo.
¿Qué ve en el horizonte más próximo?
Tenemos una gran esperanza en este gobierno y esta administración. Incluso en la oposición política que se nos ha abierto ya al diálogo. Creemos que esta será la legislatura de la educación, del cambio en la educación. Los centros y los titulares están preparados. Se ha hecho un gran esfuerzo por la innovación metodológica y de estructura de los centros. Se ha apostado por la modernización en la gestión: cualquier cambio lo vemos como una oportunidad de mejora y en los centros el profesorado se forma para atender a los alumnos mejor. Por tanto, los centros están preparados. El presidente, don Juan Manuel Moreno Bonilla, así lo manifiesta cada vez que puede cuando habla de educación y especialmente con relación a la formación profesional. Esperamos cambios profundos y mejoras en la dotación de los centros. La perspectiva es esperanzadora, alentadora e ilusionante.