Nuevo registro de viajeros a España: qué es y cuándo entra en vigor

Este lunes, 2 de diciembre, entra en vigor la aplicación del Real Decreto 933/2021 por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor y que contempla multas de hasta 30.000 euros para los incumplidores.

El nuevo registro de viajeros en España, que entra en vigor el 2 de diciembre de 2024, introduce importantes cambios en la gestión de datos de los huéspedes en alojamientos turísticos. Este sistema reemplaza el envío tradicional de datos a la Policía Nacional o la Guardia Civil por una plataforma digital gestionada por el Ministerio del Interior, denominada SES Hospedajes. Su objetivo principal es modernizar el proceso, mejorar la seguridad pública y garantizar un control en tiempo real de los viajeros en España.

Esta nueva medida ha sido objeto de constante crítica del sector de alojamiento y de las agencias de viajes, denunciando la elevada carga burocrática, la pérdida de competitividad y la posible vulneración de privacidad de los viajeros.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha defendido este lunes que el Real Decreto 933/2021 o nuevo registro de viajeros, cuya aplicación ha entrado en vigor este lunes, no supondrá "ninguna diferencia" para el cliente a la hora de aportar sus datos en una reserva de hospedería o alquiler de vehículos.

La única novedad de este reglamento es indicar la relación de parentesco entre los viajeros, siempre en el caso de que alguno sea menor de edad.

"Solo habrá que comunicarlo, aunque la persona que lo comunica es la responsable de los datos", ha aclarado en esta excepción incluida en la nueva normativa.

Interior localiza a más de 18.000 personas investigadas gracias al registro de viajeros antes de ser obligatorio

Además, con respecto a los representantes del sector turístico, Pérez ha aclarado que "tampoco va a haber cambios" porque "no van a tener que facilitar muchos más datos".

"En definitiva, creemos que es una herramienta que, sin afectar a los usuarios y a los representantes del sector, va a ayudar a mantener los altos estándares de seguridad que tenemos en España. Y que no se nos olvide que es uno de los factores que también implica y sirve para que vengan cada año más turistas", ha añadido durante su intervención.

Estas medidas buscan reforzar la seguridad, prevenir actividades delictivas y ofrecer una mayor trazabilidad de los movimientos de las personas que se hospedan en España. Los alojamientos deben adaptarse a estas exigencias mediante sistemas homologados que cumplan con la normativa, lo que representa un desafío para aquellos que aún operan con procesos manuales

Al hilo de la seguridad, según Pérez, con este RD han querido actualizar una normativa que "estaba totalmente obsoleta" y para atender a "nuevos fenómenos", como el alquiler de viviendas para uso turístico o las reservas por Internet.

Desde el Ministerio de Interior se ha hecho hincapié en la situación de seguridad actual, afirmando que los mayores ataques a la ciudadanía vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado, en los dos supuestos con un marcado carácter transnacional.

El Congreso pide al Gobierno suspender el decreto que regula un nuevo registro de viajeros

"En ambos casos cobran especial relevancia en el modus operandi de los delincuentes la logística del alojamiento y la adquisición o uso de vehículos a motor, cuya contratación se realiza hoy en día por infinidad de vías, incluida la telemática, que proporciona una mayor privacidad en esas transacciones", explicó recientemente el departamento ministerial.

Como dato destacable, Pérez ha recordado que de los 4,8 millones de datos ya recabados en la plataforma Ses.Hospedajes ha permitido detener a más de 18.000 requisitoriados tanto a nivel nacional como internacional.

No entiende las quejas del sector

De acuerdo a las modificaciones incluidas en el RD, Pérez ha afirmado no entender las quejas del sector turístico, que critican una carga administrativa "desproporcionada", desventaja competitiva y posible incompatibilidad con el reglamento de la Unión Europea.

Por un lado, ha reivindicado que, desde que entró en vigor esta normativa en abril de 2022, el departamento de que encabeza Fernando Grande-Marlaska ha mantenido "un diálogo continuo" y "múltiples reuniones" con las compañías de la industria.

"No suponen un incremento y no suponen un mayor trabajo respecto a su operativa ordinaria, con lo cual no llego a comprenderlo", ha concluido el secretario de Estado de Seguridad sobre esta cuestión.