SANIDAD PÚBLICA
Agreden a una médico durante una visita domiciliaria en el Aljarafe: "Somos los 'sparrings' de los violentos"
Han pasado 14 meses desde que la Consejería de Salud anunció la creación de un régimen sancionador contra las agresiones a personal sanitario, pero la normativa aún no ha visto la luz
El Distrito Sanitario de Atención Primaria Aljarafe Sevilla-Sevilla ha activado el Plan de Prevención y Atención de Agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a consecuencia de la agresión física a una médica en un aviso domiciliario en un municipio de la comarca sevillana del Aljarafe. Los hechos tuvieron lugar durante el fin de semana, según han confirmado fuentes sindicales a este periódico.
Esta nueva agresión se suma al goteo de ataques a personal sanitario. La semana pasada, en menos de siete días se registraron tres ataques a profesionales: en una de ellas, un usuario le pegó puñetazo en la cara a un médico en un centro de salud de Pino Montano; menos de 24 horas después, una paciente agredió a otro médico en una consulta médica en Osuna; y el lunes pasado un usuario lanzó una silla a un facultativo en el consultorio de Burguillos.
Eugenio López, secretario de organización del sector de sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO de Sevilla, denuncia que "los profesionales del SAS no estamos convirtiendo en los sparrings de los violentos, que ante la precariedad, cada vez más acusada, de los servicios de salud, canalizan su ira contra unos profesionales que tienen responsabilidad cero en cuanto a la contratación de personal y a la distribución y organización de la atención sanitaria".
El último informe del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) recopiló y estudió las 129 agresiones a sanitarios que se denunciaron en la comunidad en 2023. El análisis incluía los motivos de las agresiones, siendo las más habituales las "discrepancias con la aención médica" o el "tiempo en ser atendido".
Desde CCOO añaden que "se están normalizando unos ataques que en todo caso son condenables e injustificables", y que "ser un profesional sanitario se ha convertido en un trabajo de riesgo, especialmente en la Atención Primaria, donde los profesionales se adentran (en la mayoría de los casos, en solitario) en los domicilios de los agresores, en la boca del lobo. Con altas dosis de ansiedad y el miedo en el cuerpo, y con la esperanza de salir ilesos de su jornada laboral".
Un régimen sancionador que no llega
En este contexto, con cada nueva agresión las organizaciones sindicales vuelven a reclamar a la Junta de Andalucía el desarrollo y aplicación de una normativa sancionadora. La anterior consejera de Salud, Catalina García, anunció que su departamento estaba trabajando en un régimen sancionador contra las agresiones a personal sanitario, pero 14 meses después de esta promesa, la norma todavía no ha visto la luz.
Preguntada por el estado de la futura norma, desde Salud aseguran que actualmente están "trabajando en varias líneas". Una de ellas sería la creación de un Observatorio de agresiones a sanitarios. Para llevarlo a cabo, explican, actualmente está en tramitación el Proyecto de Decreto por el que se crea y se regula el Observatorio de Agresiones a profesionales del Sistema de Salud Público de Andalucía". Dicho decreto, añaden fuentes de la consejería, "ya ha terminado el trámite de información pública y se están terminando de valorar las aportaciones y remitirlas al servicio de legislación".
Respecto la esperada normativa sancionadora, fuentes de la consejería que lidera Rocío Hernández son más escuetas y se limitan a afirmar que se "está preparando un régimen sancionador que se integrará en la próxima Ley de Salud. En este sentido, la nueva normativa en consonancia con la condición de autoridad pública del personal sanitario recogerá un régimen de infracciones y sanciones frente a agresiones al personal sanitario", detallan.
Comunicado de Salud
Según ha informado la Consejería de Salud en un comunicado, el distrito ha puesto a disposición de la profesional afectada todos los recursos necesarios, entre ellos asesoramiento legal y apoyo psicológico, así como asistencia sanitaria si fuera necesaria. La Dirección Gerencia de este distrito sanitario, junto al equipo directivo y profesionales del centro, condena cualquier tipo de agresión, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario.
La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los 12 meses y los 3 años de prisión.
El SAS cuenta con diversos instrumentos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la creación de la figura del profesional guía, la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica o el refuerzo de las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo.
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