La Audiencia de Sevilla ordena investigar a Alvise Pérez por publicar una foto de la hija de Pedro Sánchez

La Audiencia de Sevilla ve indicios de delito en la publicación que hizo Alvise Pérez de una fotografía de una hija del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El eurodiputado publicó en su canal de Telegram esa imagen robada de la cuenta de Instagram de la hija de Sánchez, difundiendo su rostro sin su permiso. La Sección VII de la Audiencia, tras la petición de la Fiscalía, ha ordenado al juzgado de instrucción 1 de Sevilla -que inicialmente había archivado el caso- que abra una investigación para comprobar si hubo un posible delito de revelación de secretos en la actuación del líder del partido Se Acabó la Fiesta, según ha avanzado El País. 

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de noviembre de 2023. El eurodiputado publicó una imagen en su canal de Telegram, con más de 320.000 seguidores. "[A.S.G.], hija de Pedro Sánchez, estudia en un centro privado en Inglaterra, y la traen un par de veces al mes en un vuelo privado", aseguró Pérez. "Socialistas pero van a centros extranjeros de 40.000 euros al año, viajes de avión incluidos mientras a nosotros nos los quieren prohibir. La hija no tiene la culpa de la hipocresía de su padre el tirano, pero es prueba de ello, y España debe saberlo", añadió.

Justo después de difundir la fotografía en Telegram, comenzaron las vejaciones de algunos miembros del grupo, que profirieron insultos y comentarios machistas y de índole sexual contra la joven. Tras ello, el eurodiputado "intentó borrar las pruebas tapándole la cara", tal como señala el periodista y secretario general de Facua Rubén Sánchez. "Aporté a Moncloa los certificados digitales que lo acreditaban", publicó Sánchez en su cuenta de X.

"Todo tipo de publicaciones ofensivas"

El auto de la Audiencia recoge que el Juzgado acordó el archivo al considerar "la casi inmediata rectificación, la condición adulta de la persona ofendida y la nula afectación a su dignidad personal". El tribunal justificó además que la hija del presidente del Gobierno "no aparece en actitudes íntimas o reservadas, tratándose incluso de una foto publicada por la propia afectada, y teniuendo en cuenta que los comentarios peyorativos no van dirigidos contra ella".

El Ministerio Fiscal, sin embargo, interpuso un recurso de alzada contra esta inadmisión porque Alvise obtuvo "de forma desconocida la imagen de la denunciante, que está alojada en un perfil privado de una red social, vulnerándose la privacidad informática". Y añade que "es más que previsible que el comentario unido a la imagen de la hija del presidente en un grupo de Telegram con 326.000 suscriptores daría lugar a todo tipo de contestaciones, reenvíos y nuevas publicaciones ofensivas para su persona".

La Audiencia Provincial de Sevilla, por su parte, da la razón a la Fiscalía, ya que estima que "no sería admisible cerrar de plano el procedimiento negando a priori el carácter delictivo de las conductas denunciadas, pues claramente, a tenor de los documentos aportados, existen indicios de que tal conducta efectivamente podría haber sido ejecutada". Por ello insta al Juzgado a abrir el proceso de instrucción contra el líder de Se acabó la Fiesta.

Cryptospain y los 100.000 euros

Esta nueva investigación contra el líder de Se Acabó la Fiesta ocurre la misma semana en la que el eurodiputado Alvise Pérez ha sido objeto de una denuncia por cobrar supuestamente 100.000 euros del "chiringuito" financiero Cryptospain. El eurodiputado defendió el pasado 17 de septiembre, en su tercera intervención en el Parlamento Europeo, la libertad de "los negocios digitales" frente al supuesto intervencionismo de la Comisión Europea.

Esta comparecencia tuvo lugar después de que Alvise Pérez, siempre según la denuncia que ya analiza la Fiscalía del Supremo, se comprometiera con el empresario que ha confesado haberle entregado los fondos bajo sospecha a "usar Europa para apoyar la libertad financiera y el mundo crypto", según pone de manifiesto uno de los pantallazos de las conversaciones de Whatsapp entregado por Álvaro Romillo Castillo al Ministerio Fiscal.