En el cole, comida ¿saludable y rica?

La consejera de Educación, Sonia Gaya, afirmó el pasado mayo en el Parlamento que el servicio de comedores escolares en Andalucía «no tiene parangón con ningún otro en nuestro país». Más de 190.700 alumnos de toda Andalucía lo usarán este curso, lo que supondrá la distribución de 21,5 millones de menús en 1.960 centros docentes públicos de toda la comunidad, 24 más respecto al pasado periodo académico (el 57,4 por ciento de los centros público aún no tiene comedor escolar). Además, la consejera recordó el sistema de bonificaciones y destacó que cumplen con todas las recomendaciones sanitarias de comida saludable: más pescado que carne, apuesta por la dieta mediterránea con aceite de oliva extra y productos ecológicos. Según Gaya, Andalucía está «a la vanguardia de España».

Sin embargo, los padres no están de acuerdo y los partidos de la oposición se lo recuerdan cuando tienen la ocasión. Le afean al ejecutivo socialista el modelo de gestión, basado en la concesión a una veintena de empresas de catering, algunas de ellas con denuncias por deficiente gestión y calidad, que apuestan por la cocina en frío que se elabora a muchos kilómetros de los colegios donde finalmente se sirven unos menús saludables y equilibrados pero «insípidos y escasamente atractivos para el paladar y la vista de los niños».

Eso es lo que denuncian los padres a través de las asociaciones de madres y padres (Ampas), precisamente ahora que la Cámara autonómica tramita la ley de vida saludable y contra la obesidad. Ahora que, además, se han excluido a los últimos seis colegios públicos andaluces en los que las Ampas gestionaban sus comedores de cocina in situ con productos ecológicos de la zona.

En Sevilla, una treintena de asociaciones de madres y padres de alumnos de colegios públicos se ha agrupado en la Plataforma Comedores-Escuelas de Calor con el objetivo de cambiar el actual sistema de gestión de los comedores escolares, para lo que han iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org.

Según se indica desde la plataforma, se trata de poner en marcha una campaña para concienciar a la opinión pública y grupos políticos de la necesidad de modificar el sistema de forma que se establezca, «como criterio general y prioritario», la gestión directa de los comedores por la administración y las Ampas, así como la elaboración de las comidas en los propios centros.

Denuncian «incumplimientos continuos» por parte de las empresas de los menús aprobados y que existe «poca fruta fresca y pescados de origen extranjero y con poca seguridad alimentaria, como panga o tilapia».

Un menú completo

Por contra, la Junta defiende que los menús que sirven los comedores escolares en Andalucía son supervisados mensualmente por la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética (Sancyd) y siguen todas las recomendaciones sanitarias en cuanto a alimentación saludable. Los pliegos de condiciones de los contratos establecen requisitos para que las empresas de restauración aseguren menús adaptados a estas condiciones. Entre otros aspectos, se debe garantizar la presencia diaria de verdura y fruta fresca; el uso de aceite de oliva virgen extra; la mayor proporción de pescado que de carnes, la limitación de alimentos precocinados y fritos y la preferencia por la dieta mediterránea y los productos ecológicos.

La coordinadora del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Andalucía, Alejandra Rivera, asegura que la Junta es «exigente» en los requisitos que deben cumplir las empresas de catering, que incluso regula el tamaño de las raciones o la frecuencia de ciertos productos en el menú. «Los precocinados, por ejemplo, es difícil que cumplan los requisitos, si bien las tortillas tanto de patatas como francesas que se sirven son precocinadas aunque con aceite de oliva virgen extra, entre otros condicionantes. Las albóndigas tienen que tener un 80 por ciento de carne y no más del 10 por ciento de materia grasa», apostilla.

Pero, ¿y el sabor? «La comida de casa es más rica porque los ingredientes son más frescos y se consume al momento. No es igual, pero las encuestas de satisfacción que se hacen dan valores altos. Obtienen un aprobado», puntualiza Rivera tras añadir que lo que se sirve a los niños es «aceptable». El problema está, indica, en la línea de frío.

«Creo –explica– que en un 80 por ciento de los centros escolares tienen línea de frío. Es decir, se cocina lejos, se mete la comida en cámaras a cuatro grados centígrados, se transporta y en el colegio se mete en el horno de regeneración. Desde el punto de vista sanitario, es lo más seguro, pero un huevo frito no se puede regenerar. La Junta apuesta por este sistema porque lo puntúa más alto en el pliego de condiciones de los concursos para los catering».

¿Y la Junta controla lo que se sirve en los comedores? Alejandra Rivera sostiene que el número de inspecciones es el adecuado, pero no la calidad de dichas revisiones. El problema, la formación del personal. Los inspectores de Salud son «mayoritariamente veterinarios, algunos farmacéuticos, pero deberían ser nutricionistas». Desde hace tres cursos es así, antes «los controles lo hacían técnicos de la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética». «Tiene que ser personal cualificado», denuncia.

En cuanto a la situación de los centros educativos privados, es tajante: «Al no tener la obligación contractual de cumplir ciertos requisitos, se relaja la calidad nutricional del menú. Se usan más precocinados y menos verduras».

A finales de octubre del pasado año, la Junta autorizó a la Agencia Pública Andaluza de Educación para contratar, en régimen de concesión y por un importe de 5,7 millones de euros, el servicio de comedor en 72 centros docentes públicos de la comunidad de Huelva, Jaén y Sevilla.

Una de estas empresa es Aramark, multinacional norteamericana que asegura en su web que más de 9.500 empleados sirven más de 350.000 comidas cada día. A través de su app El gusto de crecer se comunica con los padres de los alumnos, informándoles de los menús o de la forma para comunicar ausencias.

Lo que ya no es posible es que las propias Ampas elaboren la comida que dan a sus hijos. De acuerdo con la normativa actual (Decreto 6/2017, de 16 de enero y Orden de 17 de abril de 2017) en Andalucía la gestión de los comedores sólo se permite a través de licitaciones a las que se presentan empresas de catering, eliminando los convenios con las Ampas y asociaciones que permitía la ley anterior.

Las Ampas «se han visto obligadas a competir con grandes empresas del sector en un mercado donde el beneficio empresarial se incrementa a costa de la calidad de la materia prima y de las condiciones laborales. Las bajas ofertadas, de entre un 11 y un 23 por ciento, hacen imposible la gestión por parte de entidades sin ánimo de lucro que ofrecen un servicio de calidad, así como plantillas estables y comprometidas con el proyecto educativo del centro», lamenta la presidenta de la Confederación andaluza de asociaciones de madres y padres del alumnado por la educación pública (Codapa), Estela Gil.

En Sevilla, lista de espera

En el caso de Sevilla, 40.461 usuarios podrán disfrutar este curso del servicio de comedor escolar que la Consejería de Educación oferta en la provincia en 400 centros educativos. Un servicio que se enmarca dentro del Plan de Apertura de Centros Educativos a la Comunidad, recogido en el Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas de la Junta y puesto en marcha en el curso 2002/03 con el fin de conciliar la vida familiar con la laboral.

Sin embargo, estos datos son «insuficientes» para la oposición. Así lo cree la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, quien recordó que si este año tendrán comedor siete centros más, en el curso anterior fue implantado en nueve colegios y, en cualquier caso, en la campaña 2017/2018 «9.968 alumnos quedaron en la lista de espera» para acceder a las plazas de los comedores escolares.

Precio y bonificaciones

El servicio de comedor en los colegios públicos se ofrece a 4,38 euros diarios y, además, se cuenta con un sistema de bonificaciones para hacerlo más accesible. Según la Junta, estas ayudas pueden ir desde el cien por cien para las familias con más dificultades económicas hasta el diez por ciento, disfrutando las familias monoparentales de un régimen especialmente favorable.

También están exentos de pago los alumnos que tienen que salir fuera de su localidad de residencia para asistir a su centro docente, así como aquellos que, por motivos familiares, se encuentren en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión, incluidos los hijos de mujeres víctimas de violencia de género.