La Real Maestranza gana el pulso a la empresa Pagés

La Casa de la Maestranza experimentaba un llamativo trajín a últimas horas de la tarde de este lunes. Los ponentes, aficionados y familiares de Pepe Luis Vázquez que aguardaban a entrar al homenaje organizado por Aula Taurina para conmemorar el centenario del llamado ‘Sócrates de San Bernardo’ se mezclaban con los oficiales de la Real Maestranza de Sevilla –con el teniente Santiago León a la cabeza- que acudían a una junta extraordinaria sin disimular cierto nerviosismo. Tenían una sentencia en la mano: la que les da la razón en torno al famoso pleito interpuesto por sus arrendatarios, la empresa Pagés, en el que se reclamaba la devolución de 6 millones de euros en concepto de IVA que, según la valoración del equipo de Ramón Valencia y Pedro Rodríguez Tamayo, correspondía a los arrendadores.

El pleito había saltado a la luz en los primeros días de julio de 2020. La empresa Pagés abona cada año un porcentaje fijo del bruto que genera la plaza de la Maestranza y consideraba que ese acuerdo –que data de 1933 y tendrá que ser revisado en 2025- tenía que acogerse únicamente a la base imponible excluyendo el IVA. La empresa invocaba que el contrato fue redactado con normas fiscales muy distintas a las vigentes en la actualidad. De la misma forma, los Pagés reclamaban un porcentaje de las visitas del museo de la plaza de toros que gestiona directamente la gerencia del cuerpo nobiliario.

Resumiendo: se reclamaban esos seis millones de euros que cayeron como una losa en las estancias nobles de la Casa de los maestrantes. El asunto, ojo, ponía en graves aprietos a la corporación para atender su extenso programa de obras asistenciales y sociales además de su ambiciosa política de mecenazgo cultural. Ante el revuelo mediático ambas partes llegaron a emitir un comunicado conjunto en el que aseguraban, textualmente, que la relación era “excelente” y estaba presidida “por la buena fe, el respeto mutuo y la lealtad recíproca”. Todo quedaba en manos de los jueces...

El diario ABC adelanta este martes los detalles del fallo señalando que los jueces dan la razón a la Maestranza aunque matiza un detalle técnico en torno a los ingresos generados por el museo. Eso sí: rechaza las pretensiones de Ramón Valencia, que ha estado representado por Cuatrecasas. El magistrado –prosigue ABC- habría dado validez al contrato vigente y avala la postura de la Real Maestranza que ha estado representada por el despacho Zurbarán. Ya lo hemos dicho: ambas partes habían escenificado un aparente clima de cordialidad –imposible con un pleito multimillonario de por medio- que quedó desembozado a raíz de las inesperadas declaraciones del diputado de plaza de la Real Maestranza, Luis Manuel Halcón Guardiola, que salió a la palestra –debidamente autorizado- para dejarse entrevistar sin tapujos por Víctor García Rayo ante las de cámaras de 7 TV primero y, definitivamente, en una nueva entrevista publicada por Antonio Lorca en la web de El País en el estreno de la pasada primavera.

Las declaraciones de Luis Manuel Halcón

Las declaraciones de Halcón era novedad en el fondo y en la forma; inéditas en la política de comunicación de un cuerpo de caballeros famoso por su discreción. ¿Qué contó entonces el marqués de Villafranca del Pítamo? Entre otros asuntos de calado –la temporada sevillana seguía en la cuerda floja en esos momentos- habló sin tapujos de esos 6 millones de euros que Pagés había demandado al cuerpo nobiliario en concepto de IVA. Y sus palabras denotaban cierta presión social dentro del cuerpo en torno a la relación con los arrendatarios desde hace casi 90 años.

“Nuestro deber es defendernos en los tribunales” zanjaba el diputado de plaza recalcando el fin social de los ingresos de la Maestranza a la vez que revelaba una serie de tensiones que, hasta ese momento, no habían trascendido con tanta trasparencia. Halcón explicó a Lorca que habían rebajado el célebre piso de plaza (gira en torno al 22% de la facturación bruta de cada festejo) para favorecer la reactivación taurina del coso sevillano, incluyendo la renuncia a canon alguno en las dos novilladas previstas en ese momento.

Hay que recalcar el dato: el actual acuerdo con Pagés vence en 2025 y aunque el marqués de Villafranca del Pítamo no dejaba cerrada ninguna puerta sí criticaba abiertamente el estado de una situación que parece muy desgastada: “¿Querrá la Real Maestranza seguir con este modelo después de esta experiencia tan dura con una familia que nos ha demandado después de haber mostrado reiteradamente su satisfacción durante 88 años?”. La pregunta sigue latente.

Historia de un matrimonio de conveniencia

El 16 de diciembre de 1932 aterrizaba en la gerencia de la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla el polifacético empresario catalán Eduardo Pagés. Sustituía a un tal Abascal que debía andar en el punto de mira de los maestrantes por su cicatería. Pagés firmó un primer contrato con el teniente de Hermano Mayor de la época, el marqués de Nervión, que establecía una duración de cuatro años, renta de 150.000 pesetas anuales y fianza de veinte mil duros.

Eduardo Pagés montó su primera temporada en 1933. Pero los acontecimientos se precipitarán al año siguiente con la exclusiva firmada al mismísimo Juan Belmonte, que reapareció y acudió en ayuda de don Eduardo, vetado -como el propio Belmonte- por la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Ni que decir tiene que el contrato se amplió hasta hacerse indefinido mientras Pagés vive sus años dorados al frente del coso del Baratillo, que vio anunciarse a Manolete en cuatro de las cinco tardes de la Feria de Abril de 1945.

Pero en el mes de julio de aquel año falleció don Eduardo Pagés y la dirección de la empresa pasó a manos de sus colaboradores Manolo Belmonte y Enrique Ruiz. Llegaron unos años convulsos que sólo se resolverían en 1959 con el aterrizaje de Diodoro Canorea, que accedió a la gerencia por su matrimonio con Carmen Pagés, hija y heredera de Pagés.

Pero antes hay que hacer un poco de historia: ya han sido casi olvidados otros pleitos que enfrentaron a los Pagés y la Maestranza a mediados de los 50. Aquel proceso llevó a la Real Maestranza a denunciar a sus inquilinos en 1956 para resolver el famoso contrato de arrendamiento. La justicia dio la razón a los Pagés pero, ojo, también absolvió a la Maestranza, en una extraña sentencia salomónica, “de la reconvención formulada en su contra por doña Carmen Pagés sobre calificación legal de arrendamiento y beneficio de prórroga”.

Sin embargo, un año después se iba a revocar esa sentencia en contra de la Maestranza -absolviendo a Carmen Pagés- al fallar que “el contrato celebrado entre don Eduardo Pagés y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, de fecha 17 de abril de 1945, de arrendamiento de negocio de espectáculos taurinos está sometido a la prórroga legal forzosa”. Ese pleito implicaba también dejar en el camino a los Belmonte. Para ello fue fundamental el apoyo económico de Antonio Cruz, el Alcalde de los Caballos, que aseguraba su permanencia como contratista de la cuadra de picar que se mantiene inalterada hasta nuestros días. Canorea estuvo al frente de la plaza, con apoyos puntuales de Balañá o Chopera hasta su fallecimiento en el año 2000 siendo sustituido por su hijo y su yerno Ramón Valencia que tomó las riendas de la empresa a finales de 2015 para presentar su primer abono en solitario en 2016.