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En 2014 se registraron en Andalucía una media de 28 manifestaciones al día. / Efe
{La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Gobierno central el pasado julio con el voto en contra de todos los grupos de la oposición –que la han recurrido al Constitucional–, ha sido bautizada por sus detractores como ley mordaza por las restricciones que impone al derecho de manifestación y las elevadas sanciones que establece en caso de incumplimiento de las mismas. El último Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, que cada año incluye un apartado relativo a las movilizaciones ciudadana bajo el epígrafe del Ejercicio de derechos fundamentales –ya que como tal está recogida la manifestación en la Constitución– no refleja aún el efecto de la nueva ley puesto que contiene los datos de 2014 pero curiosamente, en un año en el que los recortes por la crisis siguieron coleando y agitado políticamente con la consolidación de nuevas formaciones preparándose para el maratón electoral de 2015, los datos reflejan un descenso en la movilización ciudadana, con una excepción: Andalucía.
Si en total en España se convocaron 36.679 manifestaciones (sin contar con los datos, nada despreciables, de Cataluña y País Vasco donde son los gobiernos autonómicos quienes autorizan las protestas), lo que supone 6.491 menos que en 2013 (un 15,04 por ciento menos), en Andalucía ocurrió todo lo contrario. En 2014 los andaluces se movilizaron en 10.327 manifestaciones convocadas, 1.664 más que en 2013, lo que supone un incremento del 19,2 por ciento.
Y eso pese a que en Andalucía se prohibieron más convocatorias que en el resto del país. Así, a nivel nacional de las 36.679 manifestaciones solicitadas se impidieron 1.482, es decir, el cuatro por ciento, en Andalucía de las 10.327 pedidas se prohibieron 790, lo que supone el 7,6 por ciento. En ambos casos el número de movilizaciones prohibidas bajó pero mientras a nivel nacional lo hizo un 11,89 por ciento respecto a 2013, en Andalucía las convocatorias denegadas solo se redujeron un 0,5 por ciento.
Andalucía es la comunidad más protestona, muy por encima de Madrid donde se concentran las grandes movilizaciones estatales. Y lo es en gran parte por los gaditanos. Cádiz concentró un tercio de las protestas celebradas el año pasado en Andalucía, 3.205, casi las mismas que las convocadas en Sevilla y Málaga juntas –las dos provincias más pobladas y en el caso de la primera, capital administrativa de la comunidad donde se concentran las sedes del Gobierno y el Parlamento– y solo superada en el resto de España por la capital madrileña. Las movilizaciones por los conflictos laborales de las grandes empresas de la Bahía o del Campo de Gibraltar se llevaron la palma.
Sin embargo, no fue la provincia donde más manifestaciones fueron prohibidas. En Cádiz se denegaron cien de las 3.205 protestas convocadas (3,2 por ciento) mientras que en Málaga se prohibieron 255 de las 1.951 solicitadas (el 13 por ciento) y en Sevilla 226 de las 1.771 pedidas (12,7 por ciento).
Las solicitudes de las movilizaciones son registradas ante las delegaciones del Gobierno en cada territorio (a excepción de Cataluña y el País Vasco), por lo que es el Ejecutivo central el que las autoriza. No pueden establecerse, por tanto, diferencias por motivos ideológicos pero lo cierto es que en Andalucía se prohibieron casi el doble de manifestaciones que la media estatal. Solo en Baleares se impidieron más (el 10,5 por ciento de las pedidas) mientras en Asturias, Cantabria y Ceuta fueron autorizadas todas.
De las 10.327 movilizaciones convocadas el año pasado en Andalucía, solo 52 registraron incidencias, que van desde cortes de tráfico a intervención policial o daños y heridos, 44 de ellas en Cádiz, dos en Almería y dos en Granada. Es un índice de incidencias muy bajo, del 0,5 por ciento, que resulta general en todo el país donde solo se produjeron incidencias en 226 de las 36.679 manifestaciones solicitadas, un 0,6 por ciento, unas cifras que cuestionan las motivaciones de la nueva ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el PP con las acampadas del 15M y las concentraciones que han rodeado el Congreso y parlamentos autonómicos en los últimos años.
En cuanto a qué lleva a los andaluces a salir a la calle, al igual que en el resto de España, los conflictos laborales son el principal motivo y, por ello, los sindicatos mantienen su liderazgo como agentes movilizadores. Les siguen las manifestaciones contra políticas y leyes o asuntos vecinales. Ya de lejos se sitúan las protestas sectoriales de enseñanza o sanidad y contra la violencia de género. Y pese a ser muy mediáticas, las protestas agrarias son muy minoritarias: 20 el año pasado frente a 91 de los ecologistas. ~