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Ángel Rodríguez de la Borbolla, durante su etapa como alcalde de Cazalla de la Sierra. / Pepo Herrera
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la jueza María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, que abra una pieza separada para investigar las ayudas a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.
En un escrito, el Ministerio Público realiza esta petición después de que, el 20 de octubre, la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla dictara un auto donde imputaba a 29 personas, entre ellas el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y los exalcaldes socialistas de Guadalcanal y El Real de la Jara (Sevilla), Carmelo Montero y José Antonio Méndez, respectivamente, por 18 ayudas supuestamente irregulares a empresas de la Sierra Norte de Sevilla.
De este modo, y en un escrito fechado el 26 de octubre, la Fiscalía reclama a la instructora que dicte un nuevo auto «por el que se acuerde la incoación de pieza separada que englobe el total de las ayudas recibidas por el grupo de empresas ligadas» a Ángel Rodríguez de la Borbolla, «cuyo entramado empresarial» ya ha sido objeto de análisis por la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Junta de Andalucía.
Según expone Anticorrupción en este escrito, la nueva pieza separada abarcaría las ayudas recibidas por cinco empresas ligadas al sector del corcho, como son Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera.
La Fiscalía recuerda que, sobre estos hechos, ya han prestado declaración como investigados el propio Ángel Rodríguez de la Borbolla, que fue imputado por la jueza Mercedes Alaya mediante auto de 5 de marzo de 2012, el alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Sotero M. Martín Barrero (PSOE), y el extrabajador de algunas de estas empresas Rogelio Becerra Martín.
Al hilo de ello, el Ministerio Público dice que «está pendiente la localización del empresario portugués Fernando Pedro Moreira Oliveira».
En una providencia dictada el 8 de noviembre, la jueza María Núñez acuerda unir el escrito presentado por la Fiscalía, señalando que, «conforme a lo interesado, estese a la incoación de próximas diligencias».
LA IMPUTACIÓN
En marzo de 2012, la jueza Mercedes Alaya, entonces titular del Juzgado, imputó a Ángel Rodríguez de la Borbolla al considerar que, mediante un «entramado» de empresas, «habría obtenido con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud» 9.009.108 euros en ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta.
La juez consideraba que, «mediante un sistema de entramado de empresas dedicadas a la manufactura del corcho y ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla, habría obtenido, con total ausencia de procedimiento, sin mediar solicitud y sin acreditar los fines para las que fueron concedidas, ayudas otorgadas por la Consejería de Empleo y que oscilarían alrededor de los 9.009.108 euros con cargos a los fondos públicos y a través de la agencia IDEA».