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Juan Marín, portavoz parlamentario de Ciudadanos, durante un pleno. / Efe
La reforma de la ley electoral es uno de los requisitos de Ciudadanos (C’s) para negociar la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y que el PP ha aceptado. Requerirá reformas de calado y, aunque el plazo estipulado en el acuerdo fija tres meses para iniciar todas las reformas pactadas, se presume un proceso largo ya que, además, este punto concreto necesita una mayoría cualificada del Congreso y, por tanto, poner de acuerdo a PP y PSOE. C’s en Andalucía también tiene marcado entre sus objetivos para la legislatura pactados con el PSOE de Susana Díaz una reforma electoral que ya intentó sin éxito en su día Izquierda Unida (IU) durante su cogobierno con el PSOE. Como otras leyes impulsadas por IU, se quedó en un cajón –en este caso apenas se había empezado a trabajar– cuando el PSOE rompió el pacto de gobierno y adelantó las elecciones. El líder regional del partido naranja, Juan Marín, deja claro que ambos procesos son «compatibles» y no está dispuesto a que el hecho de que se inicie la reforma de la ley estatal sea usado por el PSOE andaluz como «excusa» para parar los cambios que, dentro de las competencias autonómicas, quiere impulsar y para los que ya se ha creado un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz.
«Nuestra pretensión es que en las elecciones andaluzas de 2019 ya haya mayor proporcionalidad y para eso habrá que hacerlo en 2017», subraya. Marín afina más en sus plazos. La intención de C’s, dice, es que la reforma de la ley electoral andaluza se debata en el Parlamento en el segundo periodo de sesiones de ese año para que pueda ser aprobada antes de que acabe 2017.
El grupo de trabajo creado en el Parlamento ya ha consensuado un amplio listado de 70 expertos que comparecerán en el mismo para aclarar dudas a los diputados y ofrecer diversas propuestas de fórmulas a estudiar. La idea es que las comparecencias empiecen en septiembre. El PSOE-A ha pedido escuchar a un total de 36 especialistas en la materia, Podemos e IU a una docena, C’s quiere citar a nueve y el PP-A a siete. La mayoría son catedráticos y profesores de Derecho y Ciencias Políticas de universidades andaluzas y españolas, pero también profesionales de organismos que realizan los sondeos y estudios electorales como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Cadpea de la Universidad de Granada o el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA).
C’s ya ha hecho pública una propuesta inicial consistente en que las ocho provincias andaluzas tenga al menos cinco escaños «y a partir del sexto se reparta de manera proporcional al censo de población», explica Marín, que deja claro que una línea roja para la formación naranja es no aumentar el número de diputados de la Cámara andaluza (109), como en su día planteó IU. El reparto de los restos de votos, que es lo que más beneficia a los grandes partidos y perjudica a los pequeños, se haría por diputados y no por partidos, ya que la propuesta de C’s también incluye listas desbloqueadas.
En la reforma de la ley, el partido naranja también quiere regular la celebración de debates en la RTVA y el envío conjunto de la propaganda electoral.