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El documento ciudadano insta a establecer criterios uniformes que impidan cortar el suministro de agua. / El Correo
{El agua no es transparente en lo que se refiere a su gestión. Ese es el principal problema al que quieren hacer frente las principales organizaciones ecologistas y ciudadanas implicadas en el movimiento que busca una gestión pública del agua como derecho humano. Cuando acaba de finalizar el proceso de consulta previa para la elaboración del Reglamento de los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano –que tendrá un efecto directo sobre la gestión del agua en las ciudades y la ciudadanía–, un bloque de organizaciones civiles ha presentado un largo documento reivindicativo que, con un fuerte apoyo jurídico y técnico, exige una gestión participativa de algo que es de todos: el agua.
El documento de aportaciones al futuro decreto que aprobará la Junta de Andalucía, al que ha tenido acceso esta redacción, empieza con una crítica: «opacidad», que según las organizaciones firmantes se está dando desde el mismo proceso de participación pública obligatorio en la tramitación de una norma de este calado. «Hay serias dudas sobre la existencia de una voluntad política real de generar una auténtica dinámica de participación social y ciudadana, plural y efectiva, muy necesaria en el abordaje de esta regulación», apunta el documento, pese a que «la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es conocedora del amplio interés que la norma anunciada tiene para el conjunto de la ciudadanía, instituciones y organizaciones sociales». Interés que se manifestó de manera directa a los responsable políticos en los últimos Consejos de Medio Ambiente y Agua celebrados.
«Demandamos –reclama el documento– que se garantice el principio de participación real en el proceso de elaboración de esta norma desde su gestación, impulsándose por la consejería de una forma proactiva, y no meramente formal o de mero trámite, y reconociendo como interlocutores y agentes activos, entre otros, a los colectivos y organizaciones que estamos comprometidas con la gestión del agua, la búsqueda de soluciones a la pobreza hídrica y la efectividad del derecho humano al agua y al saneamiento y, en general, con las políticas públicas en materia de aguas».
El escrito presentado oficialmente para su incorporación al futuro reglamento recalca que «la consejería debe favorecer la transparencia del proceso decisorio y debe garantizar la participación efectiva en la planificación y la regulación medioambiental y ello no es posible cuando se ponen en marcha meros cauces formales, poco publicitados y confusos respecto de su alcance, metodología y objetivos, para la expresión de opiniones o sugerencias en relación a una norma de la relevancia de la que nos ocupa».
La Asociación Española de Operadores de Empresas Públicas Abastecedoras de Agua (Aeopas), la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), Ecologistas en Acción, la organización de consumidores Facua, la ONG Ingeniería sin Fronteras y el sindicato CCOO Andalucía, además de lanzar esta crítica han realizado un gran documento que recoge los principios de los que debe ser una gestión del agua pública que tenga en el centro de todas las actuaciones el bienestar de la ciudadanía y su implicación en los procesos de toma de decisiones.
Para el gerente de Aeopas, Luis Babiano, «hay que recordar que en el agua en este momento se dan una serie de cruce de caminos que deben de marcar este nuevo decreto: el reconocimiento del Derecho humano al agua; la defensa de la titularidad pública del recurso y superar la actual obsolescencia técnica del actual reglamento de suministros». Por eso, dice, es crucial introducir estos temas como eje del nuevo marco legislativo.
Concretamente estas organizaciones inciden en la necesidad de estandarizar normas y criterios en la prestación de los servicios y evitar la «opacidad en la gestión privada», que cada vez más se está implantando en el territorio andaluz. «Hay que poner en marcha un observatorio para que analice y vigile la situación del agua y eliminar los cánones concesionales, el mecanismo que permite recaudar y desviar los fondos a capítulos que nada tienen que ver con el agua», explica Babiano. De hecho es este canon el elemento fundamental que, entre otras cosas, ha facilitado que los ayuntamientos recurran a la privatización e impedido el cumplimiento de los planes de depuración para los que se ha estado recaudando con cada recibo del agua sin que se haya reinvertido en infraestructuras.
«Es absolutamente indecente, abre la puerta a prácticas no aconsejables y debería estar perseguido», asevera el gerente de Aeopas. De hecho es una práctica ilegal en algunos países como Francia, donde la gestión del agua se sustenta en la Ley de Transparencia y Anticorrupción.
Para Aeopas es necesario que la UE inste a que se aplique «el principio general de recuperación de costes», es decir: que el usuario pague los costes del agua (la gestión, las infraestructuras, y los costes medioambientales), «pero solo eso y no las nóminas, deudas y otros gastos municipales ajenos al agua», aclara Babiano.
«Es necesario que la ley prohiba expresamente que el destino de los cánones que las entidades públicas perciban por la concesión de los servicios de agua sea otro que las infraestructuras hidráulicas y que se establezcan los mecanismos de control y sancionadores suficientes para erradicar esta práctica», añade.
Entre las ideas y principios fundamentales que el Reglamento debe incorporar, en opinión de las organizaciones que suscriben el documento, destaca sobre todos el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento «que debe estar garantizado por las administraciones públicas». Aunque el agua como derecho humano fundamental es, de acuerdo con Naciones Unidas, legalmente vinculante para los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las organizaciones quieren que además de estar recogido en el ordenamiento legal español al más alto nivel, «quede explícita y claramente recogido en el Reglamento andaluz que se propone».
Numerosos ayuntamientos de Andalucía han empezado a regular algunos aspectos del agua como Derecho Humano, especialmente los relacionados con el acceso, la prohibición de cortes de suministro y la garantía de un mínimo vital para las personas social y económicamente vulnerables. «Esto es, en sí mismo, un avance, pero es necesario regular de forma coordinada y con criterios uniformes este derecho atendiendo a todos sus criterios definitorios», apunta el documento.
Así «el Reglamento debe garantizar que las administraciones públicas respeten el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento: no se pueden eliminar servicios existentes ni obstaculizar el acceso a los mismos, protegerlo –evitar que agentes no estatales contaminen los recursos o que obstaculicen el acceso a los mismos–, y cumplirlo, siguiendo el principio de igualdad y no discriminación, adoptando las medidas oportunas para atender de manera prioritaria las necesidades de los grupos de población especialmente vulnerable».
En cuanto a la contratación el documento recoge que la actual norma es «ambigua» y «puede ser interpretada para discriminar a numerosos colectivos». En este sentido ponen como ejemplo a seguir a la ciudad de Córdoba, donde «el reconocimiento del certificado de empadronamiento como un título suficiente para acceder al suministro domiciliario de agua».
En este sentido, el gerente de Aeopas advierte contra la interrupción del suministro por impago, en especial durante épocas de crisis como la actual: «No se debería cortar el agua a aquellas personas que puedan aportar alguna documentación en la que se demuestre que no tienen capacidad económica».
El actual reglamento que será sustituido por un nuevo texto normativo, cumplió en su momento un objetivo importante. Eran los años 90 y se precisaba un giro profesional a la gestión de abastecimiento; además logró que todos los municipios andaluces tuvieran las mismas reglas técnicas en la gestión del ciclo urbano del agua. No obstante el peso mercantil y el papel protagonista del suministrador han marcado en estos años su desarrollo hasta llegar a considerarse una norma obsoleta, según los expertos. «En la actualidad debemos volver a la idea de que el municipio es el responsable y que la sociedad debe de ser un punto central del nuevo decreto», explica Luis Babiano.
Por su parte, Ángela Lara, miembro de la FNCA, ha insistido en que la nueva normativa tiene que regular de manera más ajustada a los criterios socio-ecológicos actuales el abastecimiento, drenaje urbano y saneamiento y depuración. Respecto al abastecimiento es crucial, dicen que se incida en la calidad y garantía del agua, la adaptación de calidades a los diferentes usos (aguas regeneradas y recicladas; recursos alternativos), y los niveles de funcionamiento (demandas, dotaciones y eficiencia). En lo que se refiere al drenaje urbano: gestión de la escorrentía de pluviales, limitaciones a la generación de escorrentía y a los desbordamientos del sistema de saneamiento, sistemas urbanos de drenaje sostenible, condiciones para la infiltración e interacciones con la red hidrográfica para la prevención de avenidas e inundaciones. Por último en lo que tiene que ver con el saneamiento y depuración es necesario que se incluyan, dependiendo de las condiciones concretas, sistemas separativos, depuración de aguas grises, adecuación del sistema de depuración al tamaño de los municipios -implantando por ejemplo sistemas no convencionales en núcleos de menos de 2.000 habitantes, lo que supone el 78 por ciento de Andalucía, y poner acento en la relación agua-energía.
Hay que recordar que cualquier texto legislativo tiene que contribuir a que Andalucía alcance lo que algunos autores denominan tercera revolución industrial. En esa revolución la lucha contra el cambio climático y la economía colaborativa tiene que ser vitales.