-
Arriba, Zarrías, Viera, Álvarez y Aguayo. En el centro, una imagen genérica de la sala donde se celebra el juicio. A la izquierda, Chaves y Griñán. A sus espaldas, Guerrero. / Efe -
-
-
Si el caso ERE siempre fue complicado de seguir y casi de comprender, lo que está ocurriendo en el juicio por el llamado procedimiento específico ya es de nota. Si se impartieran cursos para poder seguir la actualidad de la macrocausa que tambaleó los cimientos de la política andaluza, este sería desde luego ERE nivel experto. Pero pese a la complejidad y a lo soporífero que han sido las primeras seis sesiones de la vista, en las que parece que poco se ha avanzado, en la sala se han planteado cuestiones previas que pueden provocar alteraciones en el desarrollo del juicio en caso de que fueran estimadas por el tribunal formado por los magistrados Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez.
Los tres tienen en sus manos el devenir del juicio y se han dado de tregua hasta el 12 de febrero para decidir el futuro de un caso que ha llevado hasta el banquillo a dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto con otros 20 ex altos cargos. De todo puede pasar, desde la suspensión, hasta un cambio en el orden de la práctica de la prueba o que todo siga igual.
De hecho, nada más anunciar que el juicio se aplazaba hasta el 12 de febrero, día en el que se anunciarán las decisiones tomadas sobre las cuestiones previas y se continuará con la vista. Un abogado planteó la pregunta al juez: ¿cuál sería el cronograma? Pues una de las defensas solicitó que los acusados declarasen los últimos, comenzando los interrogatorios por los testigos y peritos. Ahí está la cuestión, pues si se acepta, para poder continuar con la vista sería necesario citar a esos testigos, algo que no sería necesario si, en cambio, se mantiene el orden habitual y se comienza con los procesados. El presidente quizás no había reparado en este ligero detalle, así que salió de la situación como pudo, con un «se tomarán las medidas necesarias», dejando un poco en el aire la posibilidad de dictar días antes alguna resolución al respecto.
Pero el verdadero meollo del asunto está principalmente en cuatro cuestiones: la delimitación del objeto del juicio, la impugnación de las actuaciones realizadas por el juez instructor, la proposición de nuevos testigos y si se mantendrá la acusación por asociación ilícita que reclama el PP. Vamos por partes.
Anticorrupción dio la sorpresa al solicitar al tribunal que delimitase el objeto del juicio, es decir, si los acusados tendrán que responder no solo por haber creado y mantenido un sistema que permitió otorgar ayudas sin control durante diez años, o si también se debe juzgar si participaron en la concesión y pago de cada una de las ayudas concretas. En total, son 270 y por cada una de ellas el Juzgado de Instrucción número 6 está abriendo una pieza separada. Ya lleva un centenar y ha iniciado la investigación de 35 de ellas. Este no era el plan inicial, pues fue la propia Fiscalía la que solicitó la división del caso en piezas, pero tras cerrarse la causa del procedimiento específico y una vez que ya estaba presentado el escrito de acusación la Sección Séptima de la Audiencia rechazó la imputación de uno de los acusados en este juicio en otra causa, alegando que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. La Fiscalía entiende que si no se traen las otras 270 piezas a esta vista la responsabilidad en las ayudas quedará sin juzgar, pero las defensas creen que no es así y entienden que traerlas ahora al juicio es «cambiar las reglas». Ellos sostienen que el tribunal no tiene competencia para decidir el contenido del juicio, pero de estimarse podría retrotraerse el juicio de nuevo a la fase de investigación.
Otra de las cuestiones que puede devolver la causa a la fase de instrucción es la impugnación de las actuaciones realizadas por el juez de refuerzo Álvaro Martín, pues las defensas entienden que la que debió asumir la causa era la jueza titular del juzgado y que por ello debe declararse nula su intervención.
El otro punto que centrará la atención mediática es la solicitud del PP de que Susana Díaz declare como testigo. En principio es una petición que no tiene muchas posibilidades de prosperar después de que no contara con el respaldo ni de Fiscalía ni de Manos Limpias, que incluso llegó a alertar al tribunal de las consecuencias «personales» y «políticas» que para una persona que ostentan un alto cargo en activo puede tener verse relacionado con este proceso. Por eso resulta complicado que prospere la estrategia del PP de lograr la foto de la presidenta en los juzgados. Más dudoso será el caso de la exconsejera Mar Moreno y del vicepresidente y consejero de Presidencia Manuel Jiménez Barrios, cuya comparecencia sí ha sido apoyada por el fiscal. No obstante, los magistrados tendrán que valorar qué circunstancias han cambiado desde que se dio por concluida la instrucción para que se planteen ahora estas testificales y no antes.
Los populares tampoco encontraron el respaldo de la Fiscalía y Manos Limpias en su acusación por delito de asociación ilícita –de hecho no lo incluyeron en sus escritos–, pues descartan que existiera «una trama criminal» como sostiene el PP. Si esta acusación no prospera los acusados se enfrentarán condenas menores, de ahí su importancia. Los populares en cambio aseguran que los ERE era algo organizado para formar una «red clientelar» del PSOE en toda Andalucía.