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El exjefe de los servicios jurídicos del IFA (luego IDEA), José Antonio Ávila, en su declaración. / Julio Muñoz (Efe)
El exjefe de la asesoría jurídica de la agencia pública IDEA entre 2004 y 2009 José Antonio Ávila declaró ayer que en este ente, que se encargaba de pagar las ayudas investigadas en el caso ERE que concedía la Consejería de Empleo, «presumían» que el procedimiento usado por esta era legal.
Ávila declaró como testigo en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta –entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán– acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que la Junta repartió durante una década 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.
Ese «procedimiento específico» se implantó en 2001 mediante la firma de un convenio entre la Consejería de Empleo –cuya Dirección General de Trabajo otorgaba las ayudas– y el ente público IFA (a partir de 2004 se denominó IDEA y pasó a depender de la Consejería de Innovación en vez de Empleo), que las pagaba con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación, según la Fiscalía para eludir la fiscalización previa.
Ávila señaló que conoció ese convenio marco al llegar a IDEA y «no vimos que fuese ilegal», sino que se había llegado a un acuerdo con la Consejería de Empleo para que la agencia materializara el pago de las ayudas, si bien la entidad no tenía acceso a los expedientes de concesión de las mismas ni conocimiento del procedimiento que seguía la Dirección General de Trabajo para otorgarlas. Preguntado por la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández si alguna vez tuvieron sospecha de que desde Empleo se estuviera ocultando algún tipo de irregularidad en ese sistema respondió que «en absoluto».
Tanto a este letrado como a la abogada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo les respondió que en IDEA partían de la base de que era una decisión de una administración de la que dependían orgánicamente y «presumíamos que eran legales los actos de la Dirección General de Trabajo».
Por esa dependencia orgánica y por ser un «ente instrumental» de la Junta también subrayó que el director de IFA/IDEA no podía negarse a firmar los convenios particulares para pagar cada ayuda. En esta causa están acusados dos directores de la agencia pública, Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete, el primero de los cuales asistió al interrogatorio de Ávila (el tribunal eximió a los acusados de asistir a las sesiones de los testigos y peritos una vez que todos los procesados declararon).
Ávila, que aún hoy sigue trabajando en IDEA aunque desde 2015 en Granada, aseguró que en las reuniones del Consejo Rector de la agencia se facilitaba a los miembros copia de los convenios particulares que se firmaban para el pago de ayudas concretos.
La Intervención señaló en varios informes que el uso de transferencias de financiación para pagar ayudas vía IFA era «inadecuado» y en un informe de control financiero de IFA/IDEA de 2005 hizo un estudio adicional a una veintena de expedientes de concesión de ayudas y concluyó que la Dirección General de Trabajo estaba dándolas prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.
Ávila señaló que no conoció ese informe en su momento pero sí después, si bien subrayó que no contenía observaciones que requirieran ninguna actuación por parte de la agencia pública.
El exjefe de la asesoría jurídica de la agencia pública IDEA entre 2004 y 2009 José Antonio Ávila declaró hoy que en este ente, que se encargaba de pagar las ayudas investigadas en el caso ERE que concedía la Consejería de Empleo, «presumían» que el procedimiento usado por esta era legal.
Ávila declaró como testigo en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta –entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán– acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que la Junta repartió durante una década 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.
Ese «procedimiento específico» se implantó en 2001 mediante la firma de un convenio entre la Consejería de Empleo –cuya Dirección General de Trabajo otorgaba las ayudas– y el ente público IFA (a partir de 2004 se denominó IDEA y pasó a depender de la Consejería de Innovación en vez de Empleo), que las pagaba con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación, según la Fiscalía para eludir la fiscalización previa.
Ávila señaló que conoció ese convenio marco al llegar a IDEA y «no vimos que fuese ilegal», sino que se había llegado a un acuerdo con la Consejería de Empleo para que la agencia materializara el pago de las ayudas, si bien la entidad no tenía acceso a los expedientes de concesión de las mismas ni conocimiento del procedimiento que seguía la Dirección General de Trabajo para otorgarlas. Preguntado por la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández si alguna vez tuvieron sospecha de que desde Empleo se estuviera ocultando algún tipo de irregularidad en ese sistema respondió que «en absoluto».
Tanto a este letrado como a la abogada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo les respondió que en IDEA partían de la base de que era una decisión de una administración de la que dependían orgánicamente y «presumíamos que eran legales los actos de la Dirección General de Trabajo».
Por esa dependencia orgánica y por ser un «ente instrumental» de la Junta también subrayó que el director de IFA/IDEA no podía negarse a firmar los convenios particulares para pagar cada ayuda. En esta causa están acusados dos directores de la agencia pública, Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete, el primero de los cuales asistió al interrogatorio de Ávila (el tribunal eximió a los acusados de asistir a las sesiones de los testigos y peritos una vez que todos los procesados declararon).
Ávila, que aún hoy sigue trabajando en IDEA aunque desde 2015 en Granada, aseguró que en las reuniones del Consejo Rector de la agencia se facilitaba a los miembros copia de los convenios particulares que se firmaban para el pago de ayudas concretos.
La Intervención señaló en varios informes que el uso de transferencias de financiación para pagar ayudas vía IFA era «inadecuado» y en un informe de control financiero de IFA/IDEA de 2005 hizo un estudio adicional a una veintena de expedientes de concesión de ayudas y concluyó que la Dirección General de Trabajo estaba dándolas prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.
Ávila señaló que no conoció ese informe en su momento pero sí después, si bien subrayó que no contenía observaciones que requirieran ninguna actuación por parte de la agencia pública.