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En la zona de la playa de Palomares hay 70 hectáreas valladas y zonas de libre acceso. / Efe
El Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambiental y Tecnológicas (Ciemat) efectúa unos 150 controles médicos anuales a vecinos de Palomares (Almería) y de su entorno dentro del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental y de la Población de Palomares, aprobado en Consejo de Ministros en 2004. Hace siete años, el Ciemat desveló que los cerca de 20 kilos de plutonio esparcidos tras el incidente nuclear de 1966 podrían suponer una clara amenaza de la salud.
En el cincuenta aniversario de la colisión de los dos aviones estadounidenses, que transportaban cuatro bombas termonucleares y a pocos días de la visita del presidente Barack Obama a España, el asunto vuelve a tomar actualidad después de que The New York Times publicase el martes que veinte de los militares que se encargaron de la limpieza de la zona desarrollaron cáncer. Frente a estos datos, el Ciemat calcula que alrededor de unas 1.077 personas del entorno de Palomares se han sometido a 5.029 exámenes médicos y de dosimetría interna por bioeliminación y ninguno de ellos muestra ningún resultado del que pueda concluirse que las radiaciones hayan provocado problemas de salud.
«Lo único que se puede consultar de esos exámenes médicos son las conclusiones que se publican, pero no podemos tener acceso a los informes al completo», denuncia Raquel Montón, responsable de la campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace en España. Desde la organización ecologista se exige al Gobierno «mayor transparencia» sobre todo lo que rodea al accidente de Palomares.
Algunos habitantes de la zona ya se han sometido a más de una docena de revisiones. Cada dos años visitan Madrid, en un viaje por carretera que comienza un domingo por la mañana y finaliza el martes a última hora del día. El Gobierno se hace cargo del alojamiento de esas dos noches, la manutención y una compensación en caso de que el paciente tenga que ausentarse de su puesto de trabajo.
En febrero de 1966, al mes de la explosión, los gobiernos de España y Estados Unidos pusieron en marcha un plan de seguimiento radiológico de las personas y el medio ambiente: el Proyecto Indalo. Fue un programa obligatorio desde 1966 hasta 2004, pues a partir de esa fecha es de carácter voluntario. Ambas administraciones sufragaron a partes iguales el gasto de estos controles, hasta que en 2009 España se hizo cargo en exclusiva de ellos.
El mismo día que se produce el accidente, 17 de enero de 1966, entró en Palomares un destacamento de 50 militares, 36 de ellos miembros del Equipo de Control de Desastres de la 16ª Fuerza Aérea estadounidense de la base de Torrejón. Muchos de ellos, según relata The New York Times, desarrollaron cáncer.
El 25 de enero de 1966 el Washington Post rebotó un teletipo de la agencia Reuters en la que se informaba de que los oficiales del ejército estadounidense estaban repartiendo medidores de radiación Geiger entre los habitantes de Palomares. El semanario Paris Match publicó una foto de cómo los militares pasaban estos aparatos entre algunos ancianos del pueblo, en una operación que se denominó No dust (Sin polvo).
«Existe un riesgo para la salud. El plutonio se transforma con el tiempo en americio, que también es muy contaminante y emite partículas alfa. A medida que va pasando el tiempo y se va extendiendo en la cadena trófica o el agua, el riesgo para el ser humano puede ser mayor», asegura la representante de Greenpeace.