-
La consejera de Educación Adelaida de la Calle. / EFE
La Consejería de Educación recibió esta mañana un segundo requerimiento del Ministerio del ramo instándole a «corregir» ciertos aspectos de las instrucciones que la Junta envió hace casi un mes a los colegios andaluces para que ejecuten el modelo andaluz de evaluación a los alumnos de 6º de Primaria. Andalucía está entre las comunidades autónomas que no aplicará la prueba externa al final de esta etapa, como establece la Lomce y el real decreto del Ministerio, porque defiende un modelo de evaluación contrario a las «reválidas» y los “ranking”.
En su lugar, la Junta ha pedido a los maestros de 6º de Primaria que en los primeros 15 días de junio elaboren un informe individualizado de cada estudiante, que servirá para evaluar su nivel en competencias lingüísticas, matemáticas y ciencias al final del curso y de la etapa. Ese informe será supervisado por una comisión externa, pero lo realizarán los maestros del propio alumno, basándose en un esquema de evaluación continua a lo largo del año, y no exclusivamente de un examen final. “Yo, que puedo hablar casi de la prehistoria, recuerdo cuando hacíamos las reválidas de niñas. Estábamos un año preparando ese examen, porque servía para compararnos a unos con otros. Eran ranking, pero entonces no los llamábamos así, porque todos hablábamos en castellano”, bromeó la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, durante su comparecencia en el pleno del Parlamento. Con todo, la Junta entiende que no está incumpliendo la ley, sino que la está “interpretando”, como han hecho otras comunidades autónomas, incluidas algunas gobernadas por el PP, como Castilla y León y Galicia, recordó De la Calle.
Pero el PP denunció en la Cámara que con esta decisión la Junta se ha situado al margen de la ley. “No se ajustan al marco legal. A usted no le gusta que le llamen insumisa, pero se salta la norma porque no les gusta. Y ni usted ni Susana Díaz puede saltarse la ley. ¿Le gustaría que los centros educativos se salten sus instrucciones? ¿Lo permitiría?”, dijo la diputada popular Marifrán Carazo, tras recordar que la alternativa andaluza “ni tiene fecha concreta de ejecución, como dice el real decreto, ni es una prueba externa”. Quizá por ello, el Ministerio de Educación envió una carta hace un mes a la consejería pidiéndole que aclarara por escrito si al final Andalucía haría o no la reválida. El departamento que dirige el ministro Íñigo Méndez de Vigo dijo entonces que las comunidades no podían “aplicar la ley a la carta”, y explicó que el escrito remitido a Andalucía serviría como base legal para un posterior litigio en los tribunales, en caso de que la Junta persistiera en su negativa a aplicar la reválida de Primaria.
El Ejecutivo andaluz tenía 10 días para responder aquel primer requerimiento, y lo hizo el 2 de junio “en tiempo y forma”, explican fuentes de la consejería. El Ministerio, sin embargo, no esperó a leerlo, porque envió un segundo requerimiento, firmado por el secretario de Estado de Educación el 27 de mayo (tres días antes), instándole a «corregir» el modelo alternativo que la Junta ha decidido aplicar en sus colegios, según ha avanzado De la Calle. La consejera se ha quejado en el Parlamento que el Ministerio de Educación sea más magnánimo con las comunidades gobernadas por el PP que han “adaptado” el modelo de reválida, que con las del PSOE.