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El expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo. / Europa Press
El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha finalizado la investigación de las dos primeras ramas de las once del caso Invercaria (la entidad de capital de riesgo de la Junta de Andalucía), en concreto por los créditos concedidos a las empresas Lolita Canalla y Fumapa. En ambos casos, el juez, Juan Gutiérrez Casilla, considera que se cometieron los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias; de los que considera responsables tanto a los administradores de cada una de las firmas como al que fuera presidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo. El siguiente paso ahora es que la Fiscalía solicite la apertura de juicio o el sobreseimiento del caso.
El juez del caso Invercaria da por cerrado las dos primera ramas en las que se dividió la causa, y que en breve serán enviadas para juicio. En un primer auto, el magistrado explica que la mercantil Lolita Canalla, con sede en Tarifa y dedicada al mundo textil, «recibió el 29 de julio de 2009 un préstamo participativo de Invercaria por importe de 100.000 euros, sin que hasta la fecha se haya pagado cantidad alguna». La firma, según el juez, «depositó las cuentas de 2009 fuera de plazo y se encontraba en causa legal de disolución a la fecha de solicitar el préstamo».
Además, para la concesión de esta cuantía «no se ha realizado propuesta de inversión y ni un solo informe positivo» por parte de Invercaria, «debiéndose a una decisión personal y unilateral de Tomás Pérez Sauquillo» quien «fal´to de modo patente al procedimiento descrito en el Plan Director 20005-2008, que aún sin ser preceptivo y de inexorable cumplimiento, sí constituía una guía general interna a seguir en los procedimientos propios de trabajo de Invercaria». En enero de 2013, y ante el impago de «todas sus cuotas, Invercaria instó a la reclamación del capital e intereses en los juzgados de Algeciras». Por todo ello, considera autores de los citados delitos, además de a Pérez Sauquillo a la administradora de la firma de ropa María Malo Feijoo y al que fuera responsable de marketing Ignacio Beltrán Jarillo.
En el segundo de los autos, el magistrado señala que los dos administradores de la entidad Fumapa, ubicada en La Carolina (Jaén) y dedicada a la carpintería metálica, se reunieron el 8 de abril de 2008 con «Pérez Sauquillo y personal de Invercaria» para la «petición de inversión». Para ello, «solo se entregaron dos folios manuscritos, con letra escrita a mano, en el que contenía una serie de gastos entre 2005 y 2008, así como un inventario de inmovilizado de Fumapa y Fumapra, mercantil constituida por estos dos socios». Este documento se consideró «como un auténtico plan de negocios» sobre el que luego «Invercaria invertiría en Fumapa con los medios propios de inversión de una sociedad de capital de riesgo».
«El proyecto no pasó por el Departamento de Análisis e Inversiones de Invercaria ni por el Comité de Dirección». El «único» departamento que lo analizó fue «el Departamento de Promoción, dirigido por Cristóbal Cantos», que fue el directivo que denunció el caso Invercaria. Este análisis fue «deficiente» y se hizo «de forma fragmentaria y parcial», pues consistió en «una ficha informativa incompleta, y de apenas unos párrafos de medio folio y un informe». El documento señalaba que ambas empresas «mostraban problemas de liquidez a corto plazo y que carecían de datos que indicasen la operación a realizar, inversión y financiación que se pedía a Invercaria», dice el auto.
Posteriormente, Cantos hizo otro informe en el que se advertía de la «necesidad de una auditoría de cuentas para el ejercicio 22007, la diversificación de la cartera de clientes y un informe sobre la gestión de la empresa». Pese a todo ello, y a que estas medidas no se tomaron, se informó de que Fumapa presentaba «un perfil positivo para recomendar la inversión solicitada» y, finalmente, fue aprobado por «unanimidad» un «préstamo participativo de 300.000 euros». La mitad del préstamo fue ingresado a los dos días, el 25 de julio de 2008, aunque «no se incluyó en las cuentas anuales de Fumapa».
En este caso, el juez considera autor de malversación, prevaricación y tráfico de influencias al expresidente de Invercaria; a Jacinto Cañete, Isabel de Haro y Ramón Martín, todos ellos miembros del consejo de administración; y para Fulgencio Canales y Francisco Gutiérrez, administradores de la empresa. En cambio, el juez ordena el sobreseimiento para Cantos.