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La presidenta andaluza, Susana Díaz, en su escaño momentos antes de una de las votaciones esta tarde en el Parlamento de Andalucía en Sevilla. / EFE
El Parlamento desatasca los planes de empleo que moverán 60.000 contratos
El decreto ley que modifica la Ley de medidas urgentes para la reactivación económica, encallada más de un año, sale adelante sin ningún voto en contra de la oposición. La Junta tuvo que retirar aspectos de la norma que rechazaba el resto de grupos
El Parlamento ha desbloqueado los planes de empleo del Gobierno andaluz que permitirán a los ayuntamientos ofertar 60.000 contratos temporales en un plazo de dos meses aproximadamente. La Cámara autonómica ha convalidado, sin ningún voto en contra, el decreto ley que modifica la Ley de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. Una batería de políticas para la reactivación económica que movilizarán 396,8 millones de euros, un dinero que, a pesar de tratarse de “medidas urgentes”, ha tardado casi un año y medio en culminar su tramitación parlamentaria. Los planes de empleo y el resto de propuestas que contenía la ley para dinamizar la economía andaluza que se anunciaron por primera vez el 3 de marzo de 2015, a pocas semanas de las elecciones autonómicas, han tropezado con un sinfín de dificultades que han impedido su puesta en práctica hasta ahora. Las medidas contenidas en la ley prevén la creación de más de 60.000 nuevos empleos, entre los que destacan 30.870 de la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria; 14.600 del programa Bono Joven; 1.500 en proyectos de interés general y social; 2.100 contratos indefinidos a jóvenes, y 8.333 a mayores de 45 años, así como la constitución de 3.100 autónomos, un millar de prácticas profesionales y 150 beneficiarios de las medidas de retorno del talento. El decreto ley especifica que, tras su publicación en el BOJA, los alcaldes tendrán un mes más de plazo para presentar las solicitudes de los proyectos en las nuevas condiciones reguladas.
Quizá el mayor error de la norma fue prohibir a los ayuntamientos endeudados con otras administraciones acceder al dinero de los planes de empleo, dado que la asfixia generalizada de las arcas municipales y la imposibilidad de financiarse por sí mismos hizo prácticamente inviable la puesta en marcha de la ley. El decreto ley que se ha aprobado este miércoles venía a corregir esos aspectos de la norma, introduciendo modificaciones con las que todas las formaciones políticas estaban de acuerdo. Sin embargo, la ley todavía tenía que tropezar una última vez: Hace apenas un mes la Junta trajo al Parlamento el mismo decreto ley, pero incluyó una disposición adicional no consensuada ni con los sindicatos ni con la oposición, un anexo que hizo descarrilar la norma. La disposición adicional permitía que los 1.550 empleados laborales que proceden de los extintos entes adscritos a Empleo (Faffe, Memta) se integrasen en el SAE (Servicio Andaluz de Empleo) desempeñando funciones que son “potestad exclusiva de funcionarios”. El Parlamento derogó el decreto ley, después de que PP, Podemos, Ciudadanos e IU le retiraran su apoyo a la norma, aun a sabiendas de que estaban bloqueando los planes de empleo, porque coincidían en que la Junta había intentado con nocturnidad solucionar otro problema enquistado en la Administración: el del personal laboral asociado a los funcionarios. Lo que el PP ha llamado siempre “enchufados”.
El decreto ley regresó este miércoles al Parlamento, esta vez desprovisto de la controvertida disposición adicional. PSOE, PP, Ciudadanos e IU votaron a favor, y Podemos se abstuvo. La formación morada pidió que se tramitase como proyecto de ley, pero la solicitud no salió adelante. La oposición dio su apoyo al proyecto de la Junta sin guardarse las críticas por la “demora inaceptable” para poner en marcha los planes de empleo, en una comunidad con casi un millón de parados. El PP pidió que retirasen la expresión “medidas urgentes” del nombre de la ley, toda vez que dichas medidas se van a ejecutar más de un año después de cuando se presentaron.